Cataluña cumple un año de la fuga de las sedes sociales de sus principales empresas

VALÈNCIA. (EFE). Cataluña cumple mañana un año del inicio de la crisis política que llevó a miles de empresas catalanas, entre ellas sus bancos, a trasladar sus sedes sociales a otras comunidades, como la valenciana, un proceso que por ahora se muestra irreversible, ya que apenas han trascendido casos de grandes compañías, salvo el de Agbar, que han hecho el camino de vuelta.

Después del referéndum del 1 de octubre, prohibido por el Tribunal Constitucional, una parte de las empresas catalanas, entre ellas las grandes compañías, empezaron a creer que la posibilidad de que Cataluña declarara unilateralmente la independencia no era tan descabellada, y para proteger sus intereses y los de sus accionistas decidieron trasladar sus domicilios sociales a otras partes de España.

Aunque los primeros pasos los dieron empresas como Oryzon Genomics (3 de octubre) o Naturhouse, ya en el mes de agosto, al fijar su sede social en Madrid, el gran desencadenante de la 'fuga' empresarial se produjo el 5 de octubre, con la marcha de Banco Sabadell a Alicante.

Y es que la posibilidad de una declaración unilateral de independencia -la llamada DUI- por parte del Parlamento catalán causó alarma en el ámbito empresarial, y en el caso de los bancos ese temor también se trasladó a los clientes.

Los días posteriores al 1 de octubre se multiplicaron los catalanes preocupados por sus ahorros y que optaron por abrir cuentas bancarias fuera de Cataluña.

Según datos recopilados por las patronales bancarias AEB y CECA, un total de 29.429 millones de euros en depósitos salieron de las oficinas de los bancos, incluidos los de las antiguas cajas, en Cataluña durante 2017.

En ese contexto de alarma, CaixaBank aprovechó el decreto ley aprobado por el Gobierno para facilitar el cambio de sede social sin tener que pasar por Junta de Accionistas para trasladar su domicilio social a València, y también dieron ese paso, en este caso a Madrid, Gas Natural Fenosa -ahora llamada Naturgy-, la Fundación Bancaria La Caixa, que se fue a Palma; u otras cotizadas, como Service Point y Dogi -ahora llamada Nextil-.

Abertis, Cellnex, Colonial, SegurCaixa, Applus+, Catalana Occidente, eDreams o Cementos Molins fueron otras de las empresas que decidieron mover su sede social fuera de Cataluña durante ese convulso octubre, de forma que el gigante de los hemoderivados Grifols se quedó como la única cotizada catalana del Ibex 35 con sede en la comunidad catalana.

La crisis política también llevó a otras grandes compañías familiares catalanas a trasladar su domicilio social a otras comunidades.

Ejemplo de ello son Codorniu, Idilia Foods, Hotusa, Indukern o un gigante del sector editorial como Planeta, y el movimiento también se extendió a empresas extranjeras como Zurich, Allianz, Bimbo o Banco Mediolanum, entre otras.

También Agbar, controlada por el grupo francés Suez, decidió llevarse la sede social fuera de Cataluña, aunque el pasado 4 de septiembre anunció que fijaba de nuevo su sede social en Cataluña apelando a la "estabilidad económica".

Se trata de la primera gran empresa que hace ese movimiento de regreso, aunque Agbar es propietaria solo de los negocios catalanes de concesión de la gestión de aguas del grupo, y el resto de activos situados en otras partes de España cuelgan de Suez Spain, con sede en Madrid, desde el año 2015.

El balance numérico de esta fuga de sedes sociales es, según los datos del Colegio de Registradores, que en 2017 y en la primera parte de 2018 un total de 4.422 empresas catalanas trasladaron la sede a otras partes de España, aunque también en ese período hubo 758 empresas que se instalaron en Cataluña.

En cambio, un reciente estudio de la Generalitat reduce a 2.501 el número de "decisiones empresariales" de traslado tomadas en el período de octubre de 2017 a 31 de julio de 2018, aunque esas decisiones corresponden a 3.700 CIF (códigos de identificación fiscal de las compañías).

Dicho estudio del Govern asegura que ese volumen de traslados de sedes sociales apenas supone el 0,59 % de la base empresarial de Cataluña, y que un 80 % de las empresas que se fueron son micro o pequeñas empresas, un análisis que llevó a la principal patronal catalana, Foment del Treball, a pedir que no se minimizara el efecto que ha tenido el traslado de la sede social de las grandes empresas.

La Generalitat insiste en que esa fuga de sedes sociales no ha ido acompañada del traslado de sedes centrales o de centros productivos a otras partes de España, y por eso quita hierro a lo sucedido.

Sin embargo, el conseller de Economía, Pere Aragonès, alertó recientemente de que no había que "despreocuparse" de este fenómeno, porque podían producirse "deslocalizaciones" de algunas partes de la actividad empresarial que había que evitar, apuntó.

De hecho, este movimiento de sedes sociales ya ha provocado que las grandes compañías celebren sus Juntas Generales de Accionistas fuera de Cataluña y ha llevado a altos directivos a trasladarse o a pasar cada vez más días en otras ciudades de España, principalmente en Madrid.