El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con su lema de campaña de fondo. Foto: EFEVALÈNCIA. La sombra de una posible financiación irregular diez años atrás que afectaría a PSPV y Bloc ha reavivado las tensiones internas entre las corrientes internas que cohabitan en ambas formaciones políticas. Así, si bien el auto hecho público el pasado viernes señala la prescripción de la posible financiación irregular -en ese caso la formación nacionalista ha salido mejor parada-, todavía quedan otras cuestiones por dilucidar en cuatro juzgados que, al margen de la investigación judicial, podrían derivar en responsabilidades políticas.
Tal y como suele ocurrir, en todas las organizaciones existen diversos sectores que luchan por mantener o mejorar su posición en pugna frente a otros grupos. El hecho de que haya una investigación que afecta a piezas concretas de alguna facción siempre es motivo para que los oponentes -no solo externos sino también internos- se preparen para sacar algún tipo de rédito de la situación. Así es la política.
El caso del PSPV es especialmente complejo, dado que también salpica a ministerios en la etapa de Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. En el ámbito interno, la mayoría de los dirigentes que se ven, de una u otra manera afectados, ya no ostentan un cargo de relevancia ni en el partido ni en las instituciones. Por contra, lo que tienen en común es que todos pertenecen o han pertenecido a la familia 'lermista' y, en consecuencia, poseen un alto grado de proximidad con el actual líder del PSPV, Ximo Puig.
En este sentido, cabe recordar que el entonces secretario general y candidato a la Generalitat, Joan Ignasi Pla, mantiene estrechos vínculos con el actual jefe del Consell aunque en su día abandonó su puesto en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) para trabajar en el sector privado, concretamente como director de Desarrollo Corporativo en Gestió Socio Sanitària al Mediterràni (Gesmed). Otro nombre que ha surgido a raíz de un email en la investigación es el del ahora jubilado Pepe Cataluña, en parte de aquella etapa secretario de Finanzas del PSPV y, posteriormente, vicepresidente de Bancaja.
Al margen de estos dos referentes, que mantienen relación con Puig pese a no ostentar ninguna responsabilidad orgánica ni institucional, el presidente sí tiene como asesor en el Palau al ex alcalde de Gandia José Manuel Orengo, quien también se ha visto salpicado en concreto con por la subvención municipal en la venta de un inmueble a la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana que perteneció varios miembros de la familia Gomar. Una operación que se realizó cuando Antonio Gomar era teniente de alcalde, a lo que hay que añadir que su hijo presidía la agencia Crespo Gomar, que se encuentra en el epicentro de las investigaciones. Por otro lado, también se ha señalado al actual director adjunto a la gerencia de Egevasa -empresa de aguas mixta dependiente de la Diputación de Valencia- José Ramón Tiller, exasesor de Lerma y también del propio Orengo en Gandia, además de extrabajador de la citada agencia.
Así pues, todos estos nombres gozan, en mayor o menor medida de cierta proximidad con Puig y con el núcleo duro de La Safor que lideran el propio Orengo y el ex vicesecretario de Organización y actual portavoz adjunto en Les Corts, Alfred Boix. Unos dirigentes que, en los últimos tiempos, han mantenido pulsos con otras fuerzas internas del partido como las capitaneadas por el ahora 'número dos' del PSOE, José Luis Ábalos, o con los afines al presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez.
En este sentido, la secretaria general de la provincia de Valencia, Mercedes Caballero, próxima precisamente a Ábalos, ya se mostró crítica en la reunión del Secretariado celebrada semanas atrás al considerar que se había tardado demasiado en convocar al órgano para ofrecer explicaciones y tomar alguna decisión ante las informaciones que estaban siendo publicadas, además de opinar respecto a que la investigación le fuera entregada la Comisión de Ética del PSPV y no a tres dirigentes del partido decididos en esa cita.
Un marcaje que evidencia el interés por parte de este sector de que se depuren responsabilidades en el asunto que, además, coincide en afectar a un grupo de poder en el partido que, estratégicamente, conviene desgastar. En esta línea, el propio Ábalos ya anunció que Ferraz actuaría con "contundencia" si se percibían indicios de financiación ilegal: "Desde nuestra perspectiva, lo mismo nos da que estén prescritos o no, nosotros actuaremos con contundencia si ha lugar".
También en las huestes de Jorge Rodríguez se sigue con atención un proceso que, a priori, no puede salpicarles por encontrarse muy alejados de posiciones de poder una década atrás. Así, la tensión entre los seguidores del presidente de la Diputación y el entorno de Puig, especialmente entre los referentes de Gandia, ha sido notable en los últimos meses. Es por ello que, en privado, algunos admiten que la debilidad de estos dirigentes beneficia la posición de Rodríguez de cara al futuro, si bien otros dirigentes socialistas puntualizan que el presidente de la Diputación no va a hacer "ningún movimiento" porque también tiene "sus propios problemas" con Divalterra, donde Ciudadanos ha interpuesto una denuncia sobre los contratos de alta dirección.
Por otro lado, este núcleo cercano a Ximo Puig cuenta también con viejas rencillas con exdirigentes que en su día fueron próximos a Jorge Alarte, que tampoco han dejado de aprovechar este momento de investigación judicial para fomentar las críticas internas y difundir distintos mensajes que ponen en cuestión la manera de funcionar de aquellos años.
En la actual dirección nacionalista también existe preocupación y cierto deseo de pasar página de los antiguos equilibrios de poder interno. Si bien la causa no avanzará respecto a la posible financiación irregular en el caso del Bloc, la propia investigación interna del partido aún abierta podría tener todavía como consecuencia que se asumieran responsabilidades políticas, si bien cada vez esta posibilidad parece ahora más alejada.
Cabe recordar que en el congreso celebrado en 2016 se alcanzó un pacto entre la corriente liderada por Àgueda Micó -que en ese momento tuvo el respaldo del ahora presidente de Les Corts, Enric Morera- y la encabezada por Rafa Carbonell, donde se encontraba el grueso de los afines al histórico Pere Mayor.
Ahora bien, la alianza entre el sector de Micó, en el que se encuentran referentes como Vicent Marzà, Fran Ferri, Pere Fuset o Maria Josep Amigó, con Morera -quien en 2007 compartía destino con el 'mayorismo'- no está garantizada a prueba de bomba.
Una circunstancia que se pudo comprobar, sobre todo, al inicio de las informaciones sobre este proceso. Algunos de los jóvenes dirigentes se mostraron favorables internamente incluso a apartar de forma preventiva a Morera y a su jefe de Gabinete, Lluismi Campos, si bien esa postura fue dejando paso en los días posteriores a una posición más pausada hasta llegar a la situación actual, donde parece que la crisis se ha estabilizado y no traerá destituciones.
No obstante, habrá que esperar que concluya la investigación interna abierta en el partido. Aunque, como todo apunta, la inflamación parece haberse reducido, las tensiones de las últimas semanas han evidenciado que parte del sector más joven del Bloc no tendría demasiados problemas en apartar a Morera si fuera necesario y consumar, de esta manera, un cambio de ciclo absoluto en el Bloc.
