VALÈNCIA. Tan solo quedan cuatro días para que se produzca la reversión del departamento de La Ribera a la gestión pública y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ultima los detalles para recuperar la gestión del área, hasta ahora gestionada por Ribera Salud.
Será la primera de las cinco concesiones público-privadas que existen en la Comunitat que deje de estar gestionada por una empresa, al haber finalizado el período de concesión y haber decidido la Conselleria descartar la prórroga de cinco años prevista en el contrato. La que sembrará un precedente para las que vengan en los próximos años. Al frente del proceso Carmen Montón, quien ha sido vehemente tanto con el modelo como la concesionaria.
- Faltan cuatro días para que se produzca la reversión del departamento de La Ribera. ¿Cuáles son los preparativos de última hora?
- Lo que nos queda es formalizar los nombramientos para dirigir el nuevo departamento y a partir de ahí arrancar con toda la inversión que hay planificada, que son 5,7 millones de euros para 2018. También hay un importante crecimiento de personal que nos va a permitir reforzar la atención a domicilio -aumentando facultativos de Enfermería- y los puntos de atención continuada para que no queden vacíos cuando el facultativo va hacer las visitas a domicilio. Todo esto es lo que ya tenemos que arrancar a partir del 1 de abril.
- Se ha anunciado que Isabel González, hasta ahora directora general de Alta Inspección, será la gerente del departamento de La Ribera. ¿Hay más nombramientos decididos?
- Lo que puedo decir es que hemos buscado un equipo con experiencia y que haya estado en contacto con el entorno de las normas de reversión y de la propia oficina del comisionado para que conozcan de primera mano todo el trabajo que se ha ido desarrollando en algo más de un año para preparar la llegada del 1 de abril.
-¿Qué han descubierto en la inspección del supuesto borrado de archivos informáticos en el departamento?
- Lo que hay son denuncias de profesionales en la comisaría, que además lo pusieron en conocimiento de la oficina del comisionado. Desde la conselleria se estableció, a través de la dirección general de Alta Inspección, que se enviaran inspectores para que pudieran levantar acta. Y con esas actas y esa información que están recabando los inspectores se realizarán informes por si hubiera que tomar alguna decisión de carácter administrativo o de otra índole. Y en ese punto nos encontramos.
-¿Pero se ha llegado a alguna conclusión?
- No, está en manos de la inspección.
-¿Ha calculado cuál será la diferencia entre el coste de la gestión pública y la privada?
- En este 2018 lo que hemos hecho ha sido el cambio de los fondos de un capítulo a otro de los presupuestos. Con ese cambio lo que hemos conseguido es estabilizar o absorber a los profesionales que están trabajando en Alzira y además hacer esa inversión adicional de 5,7 millones de euros. No se trata de decir que es más barato sino con los mismos recursos dar un servicio de más calidad y mejorar una atención que es deficitaria en puntos clave como la primaria pero también la atención a domicilio o la atención urgente, por no hacer un relato más largo de los servicios del hospital. También queremos reforzar con personal el área de oncología.
-Usted se ha quejado de que con el PP no se controlaba a las concesionarias. ¿Por qué no ha hecho una auditoría del departamento de La Ribera antes de finalizar el contrato?
- Se han hecho las auditorías de Urgencias. Lo que nos decía la inspección es que había una facturación por encima de lo que correspondía y también se ha hecho una auditoría de inversiones para poder, en el momento de finalizar el contrato, reclamar aquello a lo que la empresa se comprometió y que en estas fechas todavía no haya finalizado.
-La única auditoría que conocemos, la de la Sindicatura de Comptes al Hospital de Manises decía que en términos de satisfacción las concesiones estaban entre las mejores, según datos de la propia Conselleria.
- Eso es en términos declarativos. Lo que nosotros valoramos es que, en ese departamento, lo que nos han transmitido los alcaldes, lo que nos han transmitido los jefes de servicio que hay margen de mejora y que hay deficiencias. Nosotros lo que queremos es corregir esas deficiencias que son desde cuestiones pequeñas como las rampas de acceso o la adaptación a la diversidad funcional, que no está realizada en el departamento, a cuestiones más importantes como la obsolescencia tecnológica.
Por ejemplo, en el área oncológica, y por eso hemos lanzado las licitaciones del PET-TAC para diagnóstico y seguimiento del cáncer y del acelerador lineal para los tratamientos. También con otras tecnologías como los ecógrafos u otros equipos de radiología para llevar más resolución a la atención primaria. Y por lo tanto nosotros nos vamos a quedar con esa opinión de los actores que lo viven de primera mano y que han señalado esas deficiencias y que a partir de ellas hemos planificado.
-Con la cartera de servicios de Alzira, ¿va a ser el mejor hospital comarcal de gestión pública?
-La Ribera tiene una dimensión que no es de hospital comarcal y nosotros lo que vamos a hacer es fortalecer el departamento. La cirugía pediátrica no existía como servicio, tenía unos contratos mercantiles algunas tardes pero eso no se puede calificar del servicio, que también es el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Nosotros queremos atender en las mejores condiciones y no solo en cirugía pediátrica sino también en neuroradiología, fortalecer ese servicio que no existía.
Lo que va a experimentar ese departamento es un fortalecimiento, una inversión importante y un incremento de personal muy importante para poder más agilidad a los procedimientos y dar más calidad asistencial. Queremos cambiar un poco el paradigma en función de lo que intentamos hacer en el resto de departamento de gestión directa, que es aproximar el sistema sanitario al paciente. Que pacientes crónicos, mayores y pluripatológicos puedan ser atendidos en su entorno, con la hospitalización a domicilio, que va a aumentar con profesionales, facultativos y enfermería. También queremos potenciar la primaria para llegar al ciudadano y evitar desplazamientos.
-¿Teme que desde otras comarcas le pidan que los equipare?
- Lo que estamos haciendo es aproximar al resto de departamentos de la sanidad pública valenciana los ratios. Y por tanto, lo que estamos haciendo es equiparar a lo que ya tenemos en otros hospitales.
- Pero La Ribera debe de ser el comarcal con más servicios.
- Pero calificar a La Ribera de comarcal no tendría demasiado sentido porque podría estar equiparado por nivel de camas y por nivel de servicios por ejemplo a un hospital como el Doctor Peset.
-¿Las dos nuevas directoras generales de Alta Inspección Sanitaria y de Eficiencia y Régimen Económico fueron nombradas a propuesta de usted?
- Lo que estamos haciendo es encarar la recta final de la legislatura. Fortalecer el equipo. Hay que recordar que estamos haciendo una oferta pública de empleo muy importante y que también necesita refuerzo. A esto obedecen los nuevos nombramientos que vienen a fortalecer la idea del derecho a la salud, a la sanidad pública, al control y a una gestión ordenada que era lo que desde el principio queríamos hacer en la conselleria.
- Ribera Salud se queja de hostilidad por parte de usted desde el principio. Por ejemplo, que tardara ocho meses en recibir a Alberto de Rosa, responsable de la gestión de tres áreas de salud.
- He tenido reuniones con él pero la polémica no está ahí. Quiero lanzar el mensaje de que la Administración y la Conselleria es un gobierno dialogante que siempre está dispuesto a dialogar con todas las empresas que prestan servicio a sanidad o a la Generalitat. Nosotros tenemos un marco muy claro y es el control del dinero público. Querer una gestión ordenada es en el que nos vamos a desarrollar.
El modelo de concesiones hasta la llegada de este Gobierno no estaba controlado, no estaba auditado, no había las exigencias financieras, económicas y de calidad asistencial que hay y nosotros dejamos claro que íbamos a controlar el dinero público.
-Con la contratista de las resonancias magnéticas no ha sido tan contundente, a pesar de que la Sindicatura de Comptes, en dos estudios, dijo que era hasta un 16,7% más cara que la gestión pública.
- La contundencia ha sido la misma. Hemos internalizado el 100% de las que se hacen en los hospitales. Y después de 18 años hemos teniendo que establecer un puente que tiene un primer hito hasta los seis meses y un segundo hasta los dos años y que está vinculado con las obras que estamos desarrollando.
Tres lotes licitados son para Vinaroz, para Requena y para la Vila. Esos, durante seis meses, hasta que se finalicen las obras albergarán esas resonancias. Y el resto está vinculado a la construcción del nuevo Espai Campanar Ernest Lluch que esperamos que para 2019-2020 esté implementado. La contundencia es la misma porque queremos hacer más con nuestros propios recursos y devolver la sanidad a lo público.
Ha sido laborioso porque hemos tenido que tener conversaciones con la Sociedad Valenciana de Radiología, hubo que preparar la formación, incluso de los departamentos con las resonancias 100% públicas o a través de la Escuela Valenciana de Estudios Sanitario y después se ha ido implantando al modelo C a lo largo de estos tres años para recuperar el conocimiento que se había secuestrado de nuestros profesionales. Y ahora tenemos los profesionales y la tecnología.
-¿Por qué no ha llegado a tiempo de recuperar el servicio, sabiendo desde 2015 que se acababa en 2018?
- Insisto, después de 18 años creo que está más que conseguido el objetivo de internalizar la resonancias en los departamentos.
-¿La rebaja a la mitad del precio de las resonancias en el nuevo concurso indica que Sanidad estaba siendo esquilmada con el actual contrato?
- Nuestra función es ser eficientes y velar por la sostenibilidad del sistemas y del dinero público. Y por tanto, las licitaciones que sacamos siempre están ajustadas al precio de mercado para ser eficientes. Esto no significa barato, sino significa calidad a un precio razonable.
-¿Va a prorrogar el contrato de resonancias del Hospital General, que fue declarado ilegal por la Intervención General hace dos años?
- No será una prórroga, será una transición como el resto. Pero todas estas medidas están enmarcadas en el interés de cumplir aquellos compromisos de retornar la sanidad a lo público y ahí hay que verlo. En ese interés de subrayar la salud como derecho. No es casualidad que no solo estemos haciendo esto, sino además universalizar la sanidad y establecer ayudas al copago siendo vanguardia como comunidad autónoma respecto al resto de España y abriendo un camino por el que creo que están transitando unas comunidades autónomas de progreso.
- Pero en el caso del General no se ha sacado a concurso.
- Es por unos meses y por lo tanto no es necesario. Pero después de 18 años el retornarlo a lo público es lo importante y hay que ver como se van salvando los obstáculos y se van cumpliendo los objetivos.
-¿Se ha reunido con los dirigentes de Eresa?
- Nos reunimos de forma constante con todas las empresas y nos reunimos con ellos en su día. El diálogo siempre está abierto y las reglas están claras. Nosotros actuamos en defensa de la sanidad pública.
-¿Va a rescatar la concesión del área de salud de Dénia antes de que acabe la legislatura?
- La palabra rescatar no es la elegida. Sería llega a un acuerdo para finalizar el contrato con anterioridad a la fecha de finalización. Esta es una conversación que se está desarrollando a alto nivel, donde estamos colaborando y donde mantenemos la esperanza de que entre todos podamos llevarla a buen puerto para decir que a final de la legislatura dos departamentos han vuelto a lo público.
-El presupuesto de la Generalitat de 2018 incluye 300 millones de euros de ingresos por las liquidaciones a las concesionarias de áreas de salud. ¿Se va a poder ingresar algo de esta cantidad este año?
- Esa es la intención que tenemos. Poder dejar en 2018 la mayor liquidación que se pueda exigir a las concesiones. Hay un decalaje de dos años en función del cálculo de la cápita y los datos aportados por el ministerio pero lo que vamos a hacer es dejar el máximo de liquidaciones establecidas para de una vez por todas cerrar los ejercicios con las concesiones. Necesitamos financiación y necesitamos recuperar el dinero que tanto tiempo a permanecido en manos de la empresa privada. Los datos del ministerio que necesitamos aún van por 2016, y estamos a la espera de éstos para cerrar las liquidaciones.
-Recientemente, una sentencia dio la razón al Hospital de Manises en un pleito sobre dos liquidaciones. ¿Han recalculado el importe que tendrían que pagar las concesionarias?
- Nosotros lo hemos recurrido. Hay casi 180 millones de euros en litigio que son a favor de la Generalitat y lo que sí que dice esa sentencia es que en el anterior Gobierno tomaron decisiones en las comisiones mixtas que no eran competentes pero de alguna manera se ven reflejadas como acto administrativo y que no se pueden obviar. Pero nosotros hemos recurrido para, al margen de los errores que pudiera haber cometido el anterior conseller, poder recuperar ese dinero.