VALÈNCIA. Una de las condiciones que fijó Ciudadanos para sumarse al Pacto de Reconstrucción hace meses fue que en él no se hiciera mención a las reversiones sanitarias. Una línea roja que el partido que lidera Toni Cantó advirtió a los tres partidos que conforman el Botànic II -PSPV, Compromís y Unides Podem- que no rebasaría: "criminalizar la colaboración público-privada" en un contexto de crisis económica y social tras la pandemia de la Covid-19.
Con estos mimbres, este lunes se celebrará el Debate de Política General en el que el president de la Generalitat, Ximo Puig, marcará el inicio de curso político más atípico en años y Cs no dejará pasar la ocasión para insistir en esta idea. Más aún después de que el tripartito registrara hace apenas dos días una Proposición No de Ley para acelerar los plazos para revertir el Hospital de Torrevieja, gestionado por Ribera Salud, que éste vuelva al sistema público y se le comunique a la empresa lo más rápido posible.
Un escenario ante el que Cs no se mantendrá impasible: la formación naranja ha registrado una propuesta de resolución para que Les Corts Valencianes insten al Consell a "prorrogar la concesión del departamento de salud de Torrevieja antes de que venza el contrato en octubre de 2021 y hasta que sea posible garantizar una calidad asistencial óptima en base a criterios de eficiencia y eficacia y de recursos humanos y materiales, una vez se pueda dar por concluida la emergencia sanitaria por Covid-19". Una petición que se votará el próximo viernes en el Debate de Política General motivada por la "óptima respuesta que ha resultado la colaboración público-privada en la gestión ante la emergencia sanitaria".
En este sentido, la iniciativa registrada por el grupo parlamentario que lidera Cantó pide que en toda la acción que lleve a cabo el Consell de la Generalitat "que tenga como objetivo final la recuperación de la gestión pública de los servicios sanitarios y departamentos" exista una "garantía jurídica del personal adscrito a estos servicios y departamentos, presentando una hoja de ruta que describa las acciones a realizar para la absorción de este personal por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, teniendo en cuenta la máxima salvaguarda de sus derechos laborales".
Asimismo, la propuesta de resolución también exige que el Gobierno valenciano cuente con informes que demuestren en base a criterios objetivos que la reversión se realiza por falta de eficacia y eficiencia: "Elaboración de un informe de cumplimiento de los criterios objetivos de gestión en base a la eficiencia y eficacia para la recuperación del servicio". Un documento que "deberá ser público previamente a la recuperación". Además, el partido naranja reclama que tanto si se procede a la reversión como si no, se garantice la máxima calidad asistencial "para el usuario y paciente del sistema sanitario público valenciano".
La propuesta de resolución de Ciudadanos llega apenas dos días después de que el tripartito registrara una proposición no de ley (PNL) impulsada por Unides Podem, pero firmada también por PSPV y Compromís, en la que se instaba al Consell "iniciar el procedimiento administrativo correspondiente para comunicar a la empresa concesionaria, que actualmente gestiona el departamento de salud 22 de Torrevieja, la finalización del contrato en el tiempo estipulado de acuerdo con el expediente de contratación 87/2003. Realizar las actuaciones necesarias para preparar la recuperación de la gestión pública directa en condiciones de seguridad jurídica y garantizando la mejor calidad y condiciones tanto del personal como de la atención sanitaria".
La iniciativa botánica viene a ratificar las posiciones de los tres grupos, incluso de la Conselleria de Sanidad, que siempre se han mantenido a favor de la reversión, pero que el president Ximo Puig había puesto en cuarentena con declaraciones sobre la dudosa ejecución de ese acto administrativo. En todo caso, supone una ratificación de una decisión que debe comunicarse en octubre de 2020, un año de que venza el contrato, en 2021. De no hacerlo antes de esa fecha, la empresa podría por dar por prorrogada la concesión por otros cinco años, es decir, hasta 2026.
En cualquier caso, conviene apuntar que en los últimos días los socialistas han mostrado sus dudas en pequeños círculos sobre la reversión de este departamento de salud en concreto: "Precisamente en Torrevieja la gente está contenta porque funciona bien", comentaba un cargo socialista a este diario. De esta manera, la propuesta de resolución, más allá de reflejar la defensa que los naranjas han hecho siempre de las concesiones sanitarias y la colaboración público-privada, la iniciativa también ahonda en otra de las grietas que han surgido entre el PSPV y sus socios del Consell en los últimos días. Una propuesta con la que el partido del puño y la rosa no se siente del todo incómodo.