VALÈNCIA. El calendario judicial de València se prevé casi tan intenso como el año que acaba de terminar. Entre juicios, sentencias, declaraciones y secretos de sumario que se abrirán, más de 15 causas son las que mantienen en vilo a los partidos políticos, ya que 2019 es año electoral y cualquier sentencia condenatoria o declaración incendiaria antes del mes de mayo puede afectar a los resultados de unos comicios que se presuponen los más apretados de la historia con la inevitable irrupción de VOX.
Por el momento cinco son las causas que ya tienen fecha de juicio. La primera será este martes. El conocido como caso Palau en el que se sentarán en el banquillo la exintendente del Palau de Les Arts, Helga Schmidt, y otros cuatro acusados por el presunto saqueo del coliseo valenciano. El juicio se celebrará en breve. Los investigados están acusados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
En febrero será la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), Marisa Gracia, la que deba dar explicaciones en sede judicial. La Fiscalía provincial de Valencia solicita seis años de prisión y multas que superan los 60.000 euros por el presunto amaño del contrato relacionado con la vigilancia de FGV para Gracia y los ex directivos de Ferrocarrils, Vicente Contreras y Manuel Sansano. Pero este podría no ser el único juicio para Gracia este año ya que está pendiente de señalar el del accidente de metro.
El siguiente en la lista en sentarse en el banquillo será el exvicealcalde de València, Alfonso Grau, que se enfrenta a seis años de prisión por un delito de blanqueo y otro de cohecho impropio. Grau tiene señalado el juicio para el 1 de abril. La Fiscalía le acusa de haber recibido regalos de un empresario, en este caso relojes de alta gama que, supuestamente cambiaba en una conocida joyería por otros más caros para así blanquear dinero negro.
También en abril, el 15 en este caso, otro nombre ilustre vinculado con la corrupción tiene un juicio. El siete veces conseller, Rafael Blasco, deberá rendir cuentas por otras dos piezas del caso Cooperación. Blasco, y otras 23 personas más, están acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití que no llegó a construirse.
El exconseller, para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita 16 años de cárcel y una responsabilidad civil de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat, está tratando de llegar a un acuerdo con las partes que le evite volver a sentarse en el banquillo. Mientras tanto, continua en prisión por el primer juicio de este caso.
El 3 de septiembre está señalado el último de los juicios mediáticos previstos para este 2019, el que juzgará el presunto amaño del partido del Levante UD y el Real Zaragoza y que afecta a 36 jugadores y exjugadores de ambos equipos. La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de dos años de prisión para los 36 futbolistas que integraban las plantillas del Levante y el Zaragoza en 2011.
Cinco son las causas relacionadas con la Comunitat que deberán dirimirse en Madrid. Las tres primeras, Terra Mítica, la financiación irregular del PPCV y Emarsa, pasarán por el Tribunal Supremo ya que son tres juicios con sentencia. El Alto Tribunal deberá resolver los recursos de casación presentado por las defensas de los condenados.
Las otras dos causas se están instruyendo al otro lado de la plaza Villa de París, en la Audiencia Nacional. La primera es la relacionada con la visita del Papa en la que el exconseller, Juan Cotino, se enfrenta a 11 años de prisión y en la que tan solo falta que la Sala Segunda de la AN ponga fecha de juicio.
La segunda es la relacionada con los contratos menores presuntamente amañados a favor de la trama Gürtel, la conocida como pieza de los contratos menores. Esta parte también estaba instruida, pero la declaración del exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, así como del tridente de la Gürtel durante el juicio por la financiación en B del PPCV, obligaron a reabrir el caso en busca de más responsables. La consecuencia de dicha reapertura fue la imputación del expresidente Francisco Camps que está a la espera de ser citado a declarar.
La parte más interesante, mediáticamente hablando, es la relacionada con las tres causas por corrupción que actualmente se encuentran bajo secreto de sumario. El caso Taula, que el día 26 de enero cumplirá tres años desde las detenciones, tiene decretado un secreto parcial relacionado con presuntos pagos en B de un empresario al PPCV para que se financiara irregularmente a cambio de adjudicaciones de Ciegsa, la empresa pública encargada de la construcción de los colegios.
El caso Alquería es el que más preocupa al PSPV de Ximo Puig, ya que el principal investigado en esta causa es el expresidente de la Diputación de València y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, que está acusado de haber malversado supuestamente más de dos millones de euros de dinero público a través de contratos de alta dirección.
Los socialistas temen que las conversaciones que están siendo analizadas de mensajería móvil y de correos electrónicos dinamiten la defensa cerrada de la inocencia de Rodríguez que han hecho hasta la fecha. Todo ello a menos de cinco meses de las elecciones municipales y autonómicas.
Por último, el caso bajo secreto de sumario que más ríos de tinta ha hecho correr es el de la operación Erial que mantiene en prisión al expresidente de la Generalitat y exministro de Aznar, Eduardo Zaplana. El delicado estado de salud del expresidente, actualmente se encuentra ingresado en el hospital tras fallarle el tratamiento contra la leucemia que padece, ha llevado a todos los partidos políticos en bloque a pedir su excarcelación.
Sin embargo, el criterio de la juez es el de mantenerle preso ante la posibilidad de la destrucción de las pruebas que acreditarían que blanqueó cerca de once millones de euros procedentes, supuestamente, del amaño de los contratos de las ITV y el plan eólico cuando estaba al frente de la Generalitat a favor de la familia Cotino.
Por último, están las causas que siguen en fase de instrucción, pero sin secreto de sumario. Entre las más importantes están el resto de las piezas del caso Taula, donde las relacionadas con el presunto blanqueo en el seno del PP del Ayuntamiento de Valencia y zombis (personas que cobraban sin ir a trabajar) se supone que están ‘a punto de caramelo’; la visita del Papa, en la que están imputados Francisco Camps y Juan Cotino, y que investiga posibles irregularidades en contratos de la fundación que organizó la visita del papa en 2006 comenzará el mes de enero con declaraciones.
También siguen en fase de instrucción la que investiga la muerte de un operario y que tiene como imputado al concejal de Compromís, Pere Fuset, así como las partes de la trama Crespo Gomar que se abrieron a raíz de una denuncia del PPCV al PSPV y Bloc que están en dos juzgados de la Comunitat, uno en Gandia y otro en Benidorm. Las otras dos piezas de este caso fueron archivadas por sendos juzgados madrileños y estaban relacionadas con contratos de varios ministerios cuando el PSOE gobernaba con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente.