CaixaBank plantea la salida de 942 trabajadores en la Comunitat Valenciana, el 11% del total

VALÈNCIA. "Estamos preparados para reducir el número de despidos en un proceso que no va a ser corto. Y sorprende las grandes diferencias en las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) firmado por CaixaBank hace menos de dos años respecto a este". Así calificaba un veterano sindicalista consultado por este diario sobre un proceso, cuyas líneas maestras se anunciaron este martes. Un ERE que afecta a 8.291 empleados -el 18% de la plantilla tanto de CaixaBank (CABK) como de Bankia (BKIA)-, que representa el 11,36% en lo que a la Comunitat Valenciana se refiere. O lo que es lo mismo: 942 empleados. Esa es la propuesta inicial de la entidad dirigida por Gonzalo Gortázar, que fija el cierre de 1.534 oficinas, es decir, el 27% de la red actual.

La mayoría de despidos propuestos se llevarán a cabo en la red de oficinas -un total de 5.742-, mientras que 1.861 se recortarán en los servicios centrales y las direcciones territoriales y 688 más en otras áreas. Un número que los sindicatos van a tratar de reducir a toda costa y más los vinculados a la otrora Bankia, que a priori -y en líneas generales- van a correr con la peor parte. 

De las 942 salidas contempladas en la Comunitat Valenciana, que es la tercera más afectada de todo el territorio nacional por detrás de Madrid (1.511) y Andalucía (1.051), la capital autonómica se lleva la peor parte con 528, seguida de Alicante (253) y Castellón (161). Zamora es la única provincia española que ha quedado al margen de tan histórico ERE. 

Desde CC OO, la fuerza sindical con más peso en la mesa de negociaciones, tildaron de "una provocación y una falta de respeto, al plantear 'condiciones de derribo'; mientras las condiciones de las salidas abocan a despidos forzosos con la meritocracia/dedocracia". Por su parte, desde SECB-FINE Sindicato de Empleados de CaixaBank, la segunda, lo calificaron como "un insulto a la actual plantilla" en lo que es "un acoso y derribo sin precedentes".

Para UGT, la tercera con más peso en la mesa, "no es la propuesta que esperaba la plantilla. Sencillamente es una falta de respeto. La dirección pretende 'hacer el agosto' a costa de los trabajadores y las trabajadoras", A su juicio, la cifra de excedentes planteada es "desproporcionada"; mientras criticó que la forma en que pretenden canalizar las salidas rompe con las fórmulas de consenso utilizadas hasta la fecha. Además, el sindicato recordó el papel del Estado, dado que es accionista de referencia en el capital del nuevo CABK. "La lucha y determinación llevada a cabo en estos años desde el Gobierno como desde organismos públicos obliga, aunque solo sea por coherencia y dada la participación en el capital social de la entidad (16,1% a través del FROB), a un posicionamiento a favor de minimizar el impacto en el empleo y la menor repercusión a las arcas públicas".

Una "mala noticia"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, lamentó la "mala noticia" que supone el ERE en una coyuntura en la que el Ejecutivo está realizando esfuerzos "titánicos" para sostener el empleo a través de mecanismos como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Montero indicó que si en el sector financiero no se hubieran producido fusiones "y cada entidad hubiera hecho la reestructuración por su lado", se estaría hablando de un volumen de bajas que probablemente sería muy superior. 

"La reestructuración del sector es una tarea no finalizada y España debe concluirla para tener entidades fuertes a nivel comunitario. En la medida en que el Gobierno pueda influir, vamos a minimizar cualquier pérdida de empleo en el tejido productivo. Trabajaremos para minimizar estas cifras", añadió la ministra sobre un sector necesario de reconversión y de concentración ante la escasa rentabilidad derivada de los bajos tipos de interés, pero aun así calificó de "mala noticia" que cualquier empresa plantee expedientes de esta naturaleza que impliquen destrucción de empleo.

CABK jutificó necesaria la mayor operación de reestructuración bancaria del sector bancario español. Y lo hizo aduciendo "motivos productivos y organizativos -dadas las duplicidades y sinergias derivadas de la fusión" con BKIA-; así como de las "circunstancias" actuales del mercado. Su objetivo es que el ajuste sea equilibrado y afecte en un 50% a personas con más de 50 años y la otra mitad a menores de dicha edad.

Todo ello, según la entidad, siguiendo criterios de mérito -la famosa meritocracia-, a través de la valoración del desempeño profesional de los últimos años. Algo que el banco ha conocido de primera mano a través del buen número de entrevistas realizadas, tal y como ya informó este diario a finales de enero pasado. Asimismo CaixaBank anunció a los sindicatos su compromiso para en marcha un plan de recolocación para que la gente que abandone la entidad encuentre un nuevo empleo en el periodo más corto posible.

Cuatro grupos de salida

La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ha establecido cuatro grupos de salida para el ERE. Así, ha propuesto hasta 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades para los mayores de 63 años. De 58 a 63 años, con más de 15 años de antigüedad, la mitad del salario pensionable con descuento del desempleo y pago del convenio de la Seguridad Social. Para los trabajadores de entre 55 a 58 años con 15 años de antigüedad ofrece el 50% del salario regulador con máximo de dos anualidades. El resto de la plantilla tendría 25 días por año trabajado con un tope de 18 mensualidades.

Respecto a las oficinas contempladas para bajar la persiana (1.534), los criterios se basarán en el tamaño del municipio y competencia bancaria en la plaza; la distancia entre oficinas de ambas entidades; la cuota de presencia y solapamiemtos; evitar la exclusión financiera y potenciar oficinas de mayor tamaño y especialización.