El expresidente de la Generalitat compró en marzo un piso de 270 metros en Madrid sin hipoteca
VALÈNCIA. Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat (1995-2002), exministro de la era Aznar, exportavoz del PP en el Congreso, directivo de Telefónica y antaño todopoderoso tótem del Partido Popular. Zaplana, el intocable perpetuo hasta ahora, ha caído. El hombre sobre cuya cabeza ha sobrevolado la sombra de la corrupción con el caso Naseiro, los pagos a Julio Iglesias, Terra Mítica, Púnica y Lezo, pero que siempre había salido indemne ha sido detenido este martes acusado de blanquear presuntamente 10 millones de euros de mordidas procedentes de dos adjudicaciones a Sedesa y a otras empresas de la familia Cotino.
La operación policial realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y bautizada como operación Erial, ha concluido con catorce personas entre detenidas e imputadas entre las que destacan, además de la de Zaplana, las detenciones de Vicente Cotino y su hermano José, ambos sobrinos del exconseller Juan Cotino, quien ha sido citado a declarar el jueves ante la UCO; el exjefe de Gabinete de Zaplana Juan Francisco García; los considerados por la UCO como testaferros principales de Zaplana, Joaquín Barceló y su mujer Felisa López y el exsecretario de la CAM, Francisco Grau, cuyas detenciones se han producido en Barcelona, València y Alicante.
Todos ellos están imputados por delitos de blanqueo de capitales, cohecho, malversación de caudales públicos, delito fiscal y asociación ilícita. Las diligencias previas se abrieron en 2015 en el Juzgado de Instrucción número 8 de València bajo la dirección de la magistrada María Isabel Rodríguez Guerola.
Las detenciones se han realizado después de que el expresidente comenzara a mover el dinero presuntamente cobrado de comisiones ilegales. Uno de esos movimientos ha sido supuestamente la compra de un piso en Madrid sin hipoteca el pasado mes de marzo. La vivienda, situada en el castizo barrio de Chamberí, tiene 270 metros cuadrados, cuatro habitaciones y una zona para el servicio. El precio rondaría los 2 millones de euros, que supuestamente se pagaron a tocateja.
La UCO también intervino este martes dos vehículos de alta gama de la marca Audi y matrícula reciente en el garaje de la vivienda del expresident y exministro de Trabajo en València.
Según las primeras investigaciones, el presunto grupo criminal habría blanqueado hasta 10 millones de euros procedentes de mordidas derivadas de adjudicaciones de la época en la que Zaplana era presidente de la Generalitat.
Estas adjudicaciones son la concesión administrativa del servicio público de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) del año 1997 y la contratación sobre el desarrollo y ejecución del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana del año 2001.
En el primer contrato, la empresa adjudicataria fue la UTE formada por Servicios de Excavaciones SA, Levantina de Obras y Servicios SL, Iteuve SA y Valenciana de Revisiones SL. En el caso de los parque eólicos, fue la empresa Proyectos Eólicos Valencianos SA, de la que la empresa de Vicente Cotino era propietaria al 35%, junto a Endesa (55%) y Bancaja (20%).
Según ha podido saber Valencia Plaza, las mordidas habrían sido ingresadas en cuentas en el extranjero que formarían parte de un complejo entramado empresarial controlado por los supuestos testaferros. De hecho, no ha sido hasta que ese presunto dinero negro ha comenzado a aflorar que los investigadores ha decidido desencadenar la operación Erial y realizar las detenciones.
No obstante, el inicio de las investigaciones tendría origen en unos documentos sobre el mecanismo de evasión fiscal y blanqueo intervenidos a Marcos Benavent -colaborador de la Fiscalía en el caso Taula- que pertenecían a un imán.
Los agentes han realizado diferentes registros en busca de documentación tanto en la casa de Zaplana en València como en su chalet de Benidorm, como en la sede de la empresa Sedesa, en la alquería de la familia Cotino en Xirivella y en una de sus empresas en Aldaia. También se ha recabado documentación en la Conselleria de Economía, donde han solicitado los expedientes de las adjudicaciones y en los domicilios y despachos de todos y cada uno de los arrestados.
Respecto a las posibles prescripciones, esta viene determinada por el delito más grave, según un acuerdo del Tribunal Supremo. En este caso sería el de la malversación de caudales públicos agravada, que tiene una prescripción de 15 años desde la comisión del delito.
En cuanto al resto de los delitos presuntamente cometidos, también se podrían investigar porque están en concurso con al anterior, es decir, asociados al mismo. El asunto está judicializado desde 2015, lo que permitiría a los investigadores indagar en las adjudicaciones de los parques eólicos porque el contrato es de 2002. No es el caso de las ITV, cuyas adjudicaciones son de 1997.
Dada la magnitud de la operación Policial, los pasos a disposición judicial podrían demorarse hasta el próximo jueves, ya que durante toda la jornada del martes la UCO ha estado realizando registros y, este miércoles se tomarán las declaraciones en la Comandancia de la Guardia Civil.
Estas declaraciones se prevén más bien breves puesto que al estar la causa bajo secreto de sumario, lo más probable es que los detenidos se acojan a su derecho a no declarar.