Pese a que existe un margen de diez días para recoger alegaciones de otros departamentos, la conselleria de Justicia atenderá a los requerimientos posteriores
VALENCIA. La ley para regular las condiciones de los funcionarios valencianos no solo es objeto de polémica dentro de las consellerias de la Generalitat, sino que ahora también han aparecido reticencias por parte de los sindicatos. A fin de aplacar el revuelo generado, el departamento de Justicia que dirige Gabriela Bravo se ha visto forzado a “ser más flexible” con los plazos de alegación que establece la ley. Así, aunque el periodo de recogida de requerimientos debería finalizar tras los próximos 10 días hábiles a la presentación del texto, que se cumplen el próximo miércoles, 8 de febrero, la Conselleria anuncia que permitirá presentar quejas hasta bastante más adelante.
La Ley de Función Pública fue la promesa estrella del pasado Seminari d’Estiu, que el Consell celebró en Torrevieja. Sin embargo, poco o nada se ha hablado de ella en el último encuentro de la Generalitat en Sagunt, pese a estar en el centro de la polémica. Fuentes oficiales atribuyen este hecho a que la medida estuviera en el documento de balance del Ejecutivo Valenciano, donde se recogen las acciones que ya están realizadas o en periodo de ejecución. En dicho compendio el anteproyecto de ley se señala como el tercer objetivo de la Conselleria de Justicia y Administración Pública, además de determinarse en estado de “ejecución”. También se indica que ya está finalizado el borrador y se tramitará en Les Corts en 2017.
Ni una sola referencia al mes, lo que hace prever que se alargará por encima de lo previsto, incluso más allá del primer semestre. De momento ni siquiera se ha empezado a negociar con los sindicatos, pese que en la Mesa Sectorial previa a Sagunto se presentó el borrador para que lo fueran revisando. En esa reunión, además, se admitieron las diferencias importantes que estaba habiendo dentro del Consell al respecto. Pero solo cuando finalice el periodo de alegaciones entre departamentos de la Administración, ahora ampliado, se confeccionará un documento único sobre el que se empezará a negociar con las patronales.
De momento ni siquiera se ha empezado a negociar con los sindicatos
El gran punto de discordia es el mínimo lingüístico que se pedirá al funcionariado. Bravo plantea que todos los empleados públicos acrediten un determinado nivel de valenciano, pero no especifica cuál y lo deja en manos de los sectores profesionales. Está en la línea de lo que pedía CSI·F, que es partidario de considerar el valenciano "como mérito, pero no requisito". Sin embargo, CCOO PV, UGT-PV e Intersindical llegaron a firmar un pacto, presentado en la Nau, en el que sí se pedían que fuera obligatorio. Exceptuaban casos como el del personal sanitario temporal.
"Lo que nosotros planteamos, incluso a el Bloc, es que esto no puede ser un escollo para retrasar los plazos. La ley de la Función Pública es mucho más importante que el tema lingüístico. No nos negamos a que se formalicen unos procesos estandarizados de nivel lingüístico, pero después de publicar la ley", explican desde FeSP-UGT PV. De hecho, recuerdan que es posible incorporar esta modificación durante todo el año posterior a su publicación. El acuerdo contempla, además, que la Generalitat garantice el aprendizaje y fomente medidas de reciclaje, a fin de que las plantillas no se vean sometidas a un impacto.
Lo más preocupante es la brecha política que ha abierto entre los socios del Consell. Por un lado, Compromís quiere que haya unos mínimos ya recogidos en el texto y que, a los miembros del grupo A, se les pida el C1 (el equivalente al anterior Mitjà). También ha puesto en armas a otros sectores sociales, como Acció Cultural del País Valencià, que esta semana planteaba diversos puntos de mejora a la norma, entre los que insistía:
Por otro lado se encuentra el frente de la Oficina de Supervisión. El borrador de la Ley de Función Pública plantea crear un órgano con competencia en el control del trabajo de los funcionarios, lo que pondría en un compromiso Inspección General de Servicios. La Conselleria de Transparencia, a cargo de Manuel Alcaraz, muestra su total rechazo a dicho organismo, que no haría sino restarle competencias. Sin embargo, para UGT no solo es esencial, sino que además habla de una Escuela Valenciana de Administración, encargada de “la gestión del proceso selectivo de personal funcionario de carrera, interino, laboral fijo y laboral”, lo que seguiría incrementando las potestades de la Conselleria de Bravo.
A Justicia se le acumula la pila de tareas. Otras de las medidas que aparecen en trámite en el borrador de Sagunto, pero no finalizadas, son el anteproyecto de Ley de Mediación, ahora en consulta pública, y el nuevo reglamento de Justicia Grautita, algo que se viene arrastrando desde Morella, y que está incluido en la ampliación del Pacte del Botànic. Como proyectos a futuro se habla de "un plan de infraestructuras judiciales" para la Comunitat, del que solo se sabe que será "profundo" y "ambicioso", según fuentes del Consell. Ni una palabra de la Función Pública, que en teoría ya está en ejecución, pese a que ni los más optimistas le quitan unos cuantos meses de tramitación.