La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo. Foto: GVAVALÈNCIA. La pandemia del coronavirus ha dejado en cuarentena a buena parte del sistema judicial. Juzgados prácticamente sin funcionar -tan solo servicios esenciales-, plazos suspendidos o señalamientos cancelados mientras los contenciosos no han dejado producirse. Un escenario ante el que el Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo ha planteado medidas de agilización -como habilitar el mes de agosto- para evitar el colapso de los juzgados una vez se vuelva a la normalidad. El escenario, en cualquier caso, preocupa en la Generalitat Valenciana, donde la consellera de Justicia Grabiela Bravo es partidaria de haber empezado ya a señalar juicios, "siempre con las medidas de seguridad que indica Sanidad".
Como responsable también de Administración Pública, durante los 15 días que el Gobierno central suspendió toda actividad no esencial y aprobó el decreto que establecía el permiso retribuido recuperable a los trabajadores del sector privado, Bravo fue partidaria de aplicar esta fórmula también a los funcionarios que no estuvieran desarrollando trabajo presencial, ni tampoco estuvieran teletrabajando. Pretensión a la que, sin embargo, el Ministerio de Función Pública no dio el visto bueno, por lo que la Conselleria terminó descartando esta posibilidad. Valencia Plaza entrevista la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública por videoconferencia para hablar de estas cuestiones y de otras que han sido de su competencia como, por ejemplo, la gestión de compra los hospitales de campaña.
-El ICAV criticó este fin de semana que desconocía cómo se va a producir la "desescalada" en Justicia. ¿Cuándo se espera saber? ¿Qué va a ocurrir con los juicios de este mes?
-Todo el proceso de desescalamiento y la incorporación gradual de personal a los juzgados lo están llevando a cabo el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las comunidades autónomas hemos tenido un protagonismo relativo, dado que con el decreto de alarma el Ministerio de Justicia centralizó todas las competencias que teníamos las autonomías respecto a los funcionarios y, por otra parte, el CGPJ fue quien determinó junto al Ministerio los servicios esenciales. ¿Cómo se va a realizar? Me consta que están estudiando ahora ese proceso para la recuperación de la normalidad en la justicia, pero evidentemente estamos aún en una situación de servicios mínimos; la mayor parte de los señalamientos, salvo determinados juicios que forman parte de esos servicios mínimos, están suspendidos y con los plazos igual. Vamos a ver qué es lo que pasa. En las distintas conferencias que hemos mantenido con el Ministerio de Justicia hemos solicitado una ampliación del concepto de servicios esenciales y una incorporación ya progresiva de personal, porque desde luego el caos que nos espera es muy preocupante.
-Los abogados piden que se implanten medidas de conciliación familiar en agosto después de que el Ministerio haya plasmado en el Real Decreto-ley habilitar del 11 al 31 los juzgados y establecer turnos de mañana o de tarde. ¿Cómo se van a organizar aquí?
-Hay muchas medidas implementadas ya, incluso como consecuencia del decreto de alarma, para favorecer la conciliación. Desde que se acordó el cierre de los colegios se estableció para todos los funcionarios y funcionarias la posibilidad de acogerse al deber inexcusable de tener que cuidar niños o personas mayores y, por tanto, quedaban exentos de acudir a su puesto de trabajo. Estas medidas se van a mantener por el momento hasta que no se recupere la normalidad en todos los ámbitos. Como ya anunció el ministro cuando presentó el decreto ley, la incorporación del personal va a ser de forma progresiva, se van a establecer turnos de mañana y tarde, y va a haber una flexibilidad en la organización de los horarios. La organización de esos turnos y esa metodología más flexible yo creo que va a permitir compatibilizar mejor la conciliación con la actividad profesional.
"me preocupa muchísimo el momento en el que se levante la suspensión de juicios; Creo que el caos va a ser tremendo. deberíamos haber ampliado ya el número de actuaciones judiciales que formarán parte de los servicios esenciales"
-¿Sería conveniente un cambio en las leyes de procedimiento para agilizar su tramitación en los juzgados?
-Se han presentado medidas para mejorar la agilización procesal que van incorporadas al decreto, pero insisto en que creo que deberíamos haber ampliado ya el número de actuaciones judiciales que formarán parte de los servicios esenciales porque es absolutamente necesario levantar ya la suspensión de los juicios. Sobre todo de aquellos que afectan tanto a la jurisdicción civil, como a la social y el ámbito mercantil. Tendríamos que haber empezado ya de una manera ordenada a señalar juicios procurando, por supuesto, mantener todas las medidas de seguridad que nos están indicando tanto la autoridad sanitaria como los técnicos de prevención, porque me preocupa muchísimo el momento en el que se levante la suspensión. Creo que el caos va a ser tremendo, y no solo se van a necesitar medidas de agilización procesal, sino un esfuerzo colectivo importantísimo para sacar la Justicia adelante.
-En su propuesta al Ministerio para la vuelta a la actividad en los juzgados, aparte de proponer horarios de mañana y tarde, también ponía encima de la mesa la necesidad de reforzar los servicios mínimos y aplicar en la administración de la justicia el permiso retribuido recuperable. No sé si el Ministerio ha dado respuesta a esta propuesta, pero ¿se plantea su Conselleria medidas transitorias como restar esos 40' de cortesía a la entrada y salida de los funcionarios en la Ciudad de la Justicia?
-En su momento pedimos que se aplicara el permiso retribuido recuperable a todo el personal público porque entendíamos que en un momento en el que a toda la sociedad se le estaba exigiendo tanto sacrificio y tanta solidaridad, el esfuerzo debía ser colectivo. No podíamos implementar medidas que podían ser discriminatorias. Entendí siempre que si a todas las personas, a todo el ámbito laboral del sector privado, se les exigía devolver esos 15 días, el mismo sistema debía aplicarse también para el ámbito del sector público. Y así se lo propusimos al Ministerio dentro de las medidas para la recuperación de la normalidad que le remitimos hace un mes. La cuestión es que afectaba a normativa estatal y la comunidad autónoma por su cuenta no podía implementar esta modalidad si no venía avalada por parte del Ministerio de Justicia por ser una norma básica del empleado público. Presentamos la propuesta al Ministerio, también barajamos fórmulas para que se pudiera recuperar todo el tiempo no trabajado, por ejemplo, ampliando durante un periodo transitorio la jornada laboral. Esta crisis sanitaria ha dado lugar a una crisis social y económica sin precedentes y la reactivación de la Justicia debe pasar por un esfuerzo colectivo de todos. Tenemos que ser capaces de poner en marcha un plan de agilización que pase por la optimización y la racionalización de los recursos, pero no va a pasar por el aumento del personal en los juzgados.
-Cuando se propuso el permiso retribuido, sindicatos como CSIF dijeron que el problema ya no era las horas que no se trabajaban, sino que la Administración no facilitaba los medios para trabajar desde casa. ¿Estaba la administración preparada para esto?
-Hemos tenido que hacer un gran esfuerzo durante estos casi dos meses para poder facilitar a los empleados públicos instrumentos telemáticos y poder trabajar de manera no presencial porque la modalidad de trabajo que teníamos implementada en la Administración era la presencial. En la Administración de Justicia, por ejemplo, de 5.500 funcionarios conseguimos que trabajaran de forma no presencial unos 900 funcionarios a los cuales se les instaló un sistema que permitía conectar directamente con su centro de trabajo. Se dotaron también de todos los sistemas necesarios para la realización de videoconferencias o de declaraciones judiciales por vía telemática para que la actividad judicial no se paralizara por completo. Teníamos que garantizar al menos que los servicios mínimos esenciales que había establecido el Ministerio de Justicia y CGPJ funcionaran. De la misma manera, se dotó a jueces y fiscales de ordenadores portátiles con los que podían trabajar desde sus domicilios como si estuvieran en el centro de trabajo porque tenían conexión directa con el juzgado y la posibilidad de realizar las videoconferencias que fueran necesarias. En un tiempo récord hemos tenido que cambiar nuestras formas de trabajar y nuestros propios instrumentos para evitar que la justicia se paralizara por completo.
-Su Conselleria mostró dudas legales respecto al traslado de funcionarios entre departamentos cuando lo solicitó Políticas Inclusivas. Finalmente, Igualdad ha llegado a un acuerdo bilateral con Educación para traspasar personal de forma temporal, pero aún debe validarlo su departamento. ¿Le dará luz verde la Secretaría Autonómica de Justicia?
-La Conselleria no mostró dudas legales sobre la posibilidad de traspasar funcionarios de una conselleria a otra, lo que transmitió es que no se podía realizar sin contemplar el procedimiento que establece el decreto de selección. No lo podíamos hacer de manera directa por decisión bilateral o a través del Consell. Se les indicó que para poder llevar a cabo este traspaso de personal de forma provisional había que seguir el procedimiento marcado en el decreto de selección, que exige como premisa número uno el acuerdo bilateral entre las dos subsecretarías. El procedimiento que Igualdad y Educación han llevado a cabo es el que se les indicó desde Función Pública, lo que ocurre es que ellos inicialmente querían hacerlo de manera directa para que lo aprobara el Consell y así evitar la tramitación procedimental marcada en el decreto. Esto tenía su razón en la urgencia del momento, porque es cierto que este procedimiento está previsto para situaciones ordinarias, pero desgraciadamente nuestras leyes no contemplan estas situaciones extraordinarias. Dado que con la norma no lo podíamos aplicar, se les informó de que debían seguir el procedimiento establecido, que es lo que han hecho al final: acuerdo entre consellerias, aplicar una baremación, la propuesta se remite a Función Pública y la Secretaría Autonómica valorará la propuesta para certificar que cumplen todos los requisitos y que la baremación se ha hecho conforme a derecho.
-Los sindicatos han pedido en sus alegaciones a la guía de reincorporación al trabajo que se tome la temperatura a la entrada de edificios públicos. ¿Tiene previsto la conselleria hacerlo o se plantea pedirlo a Sanidad?
-CSIF lo pidió y también que se realicen test a los funcionarios. Estamos trabajando con el Invassat para programar la vuelta progresiva y ordenada del personal público a la Administración. Para ello, el Invassat ha elaborado una guía técnica que ayer fue sometida a negociación con todos los sindicatos en la sectorial que se convocó y servirá de base para la elaboración por parte de cada subsecretaría de un plan de contingencia que ha de incorporar todos los criterios que establece esa guía técnica cuya finalidad es garantizar la seguridad y la salud de los empleados. Pero ni el Invassat, ni la autoridad sanitaria recomienda, por ahora, que se tome la temperatura o se realicen test, ya que son pruebas que no se consideran irrefutables. Nosotros estamos trabajando para que los lugares de trabajo de la administración valenciana sean seguros para los empleados públicos y se respeten las medidas de prevención. Así, se van a disponer turnos de trabajo para evitar concentraciones de trabajadores, se establecerán distintos horarios y lugares de entrada y salidas diferenciados, se incrementará la limpieza en los edificios y se va a equipar a los trabajadores que atienden al público con mascarillas y con sistemas de protección como mamparas.
-Dada la situación de caída del PIB y de la inflación, que ya es negativa, y dada la situación financiera del Estado y las CCAA, ¿debería suspenderse la subida del 2% de salario a los funcionarios?
-Esa subida ha sido aplicada ya tanto en el ámbito estatal como en el de las comunidades autónomas. Nosotros teníamos pendiente la convocatoria de una Mesa General en el mes de marzo para llevar esta subida al Consell, pero con el decreto de alarma y de todas las actuaciones en las que nos tuvimos que centrar para abordar esta crisis sanitaria, esta cuestión ha quedado aplazada. Pero la subida se va a aplicar porque es una decisión estatal que, además, ya ha sido ejecutada por muchas comunidades autónomas. Por tanto, la Comunidad Valenciana cumplirá en la aplicación de este incremento que está ya aprobado.
-El PP ha pedido una gratificación para el personal sanitario y de otros servicios públicos que han estado en primera línea durante la crisis. ¿Es partidaria de darlo? ¿De cuánto sería?
-El personal sanitario merece todo nuestro apoyo y reconocimiento por el gran esfuerzo que han realizado; representan la generosidad, el servicio público y la vocación y lucha por los demás. Es encomiable la lección de solidaridad, generosidad y profesionalidad que han dado, tanto el personal sanitario como otros colectivos que también han sido muy importantes en esta pandemia. Yo estoy segura que se valorará en su momento por parte de Sanidad este esfuerzo, el trabajo que han realizado y se tendrá en cuenta a la hora de determinar si se establecen algún tipo de complementos. En cualquier caso, la mayoría de este personal forma parte de Sanidad, es personal estatutario, y tendrá que ser en el marco de la Conselleria de Sanidad donde deberá determinarse una medida así. Pero de entrada merecen todo nuestro agradecimiento y reconocimiento. Se han visto obligados a renunciar a vacaciones, a trabajar más horas de las que les corresponden, a doblar turnos... estoy segura que todo este sacrificio personal será compensado.
-¿Cuánto han costado finalmente los hospitales de campaña? ¿Tienen un coste de mantenimiento de la empresa suministradora o es llave en mano y se encarga la Generalitat?
-Las infraestructuras han costado 4,8 millones de euros. A ello tendremos que sumar el gasto que nos pasará en su momento Tragsa de la adecuación de los tres terrenos para levantar esa infraestructura. Hay que tener en cuenta que se crearon tres hospitales de campaña junto a hospitales de referencia y se tuvo que habilitar previamente el terreno. En cuanto tengamos el dato lo haremos público como hicimos público el coste de estas infraestructuras. En ningún momento hemos escondido cifras. Y respecto al mantenimiento, estos hospitales se configuran como ampliación de los hospitales de referencia, por tanto, todo su sistema de mantenimiento queda integrado en el sistema de mantenimiento del hospital de referencia. Esta era una de las grandes ventajas que tenían estas infraestructuras.
-¿Qué coste económico ha tenido que realizar su conselleria por la crisis? Hospitales de campaña, refuerzo del 112...
-En Justicia por ejemplo tenemos una previsión de 3 millones de euros que es lo que va a costar la implantación de todas las medidas de seguridad en las sedes judiciales dentro del plan de normalización de la actividad judicial. Medidas que van desde la colocación de mamparas, hasta la puesta a disposición de los funcionarios de pantallas individuales, mascarillas, hidrogeles, nueva tipología de papeleras... La renovación va a ser completa para garantizar que cuando vuelvan a incorporarse al trabajo cuenten con todas las medidas de seguridad necesaria. El plan comenzará el 5 de mayo y durante 25 días se realizarán las actuaciones de protección y en 45 días se mejorará la ventilación. Se han desinfectado sedes judiciales por 150.000 euros, se han intensificado las labores de limpieza habitual de las sedes con cuatro contratos de 50.000 euros, se han instalado 76 mamparas fijas y provisionales por 53.000 euros en algunas sedes, y se han comprado mascarillas, guantes y equipos de protección por más de 350.000 euros, entre otras actuaciones.
-¿Cuánto calcula que se va a mantener el refuerzo del 112?
-Mientras dure el estado de alarma y sigamos con esta emergencia sanitaria. Es importante no perder de vista que la pandemia sigue estando ahí, aunque afortunadamente los números tanto de hospitalizados, de UCIs o fallecidos han bajado de manera ostensible. Pero seguimos teniendo un problema importante porque aún no tenemos una vacuna, las cifras no se han estabilizado y los expertos nos están alertando de que con la desescalada que se produzca también puede haber algún pico. Por ello es tan importante que el 112 esté preparado con el soporte técnico y de personal necesario para poder atender todas las llamadas.
Reforzamos todo el 112 porque era necesario dar apoyo al ámbito sanitario, de hecho establecimos una línea específica para el Covid-19, pero al mismo tiempo el 112 tenía que seguir atendiendo todas las llamadas diarias; entre 7.000 y 10.000 llamadas se atendían derivadas de otro tipo de emergencias y teníamos que seguir atendiéndolas, no se pueden quedar atrás. Ahora en esta fase de desescalamiento una de nuestras grandes fortalezas es disponer de todas las medidas, tanto en el ámbito de la emergencia como de apoyo sanitario. Por eso también los hospitales de campaña son tan importantes, porque se han convertido en infraestructuras de soporte sanitario para en caso de que hubiera un repunte poder contar con todas las infraestructuras necesarias.
-Este lunes usted mantuvo una reunión para estudiar protocolos de usos de playas de cara a verano. ¿Qué conclusiones se pueden extraer del encuentro?
-En el marco de esa reunión se acordó trabajar en un plan de información a la ciudadanía para que sepan en qué condiciones deben acudir a las playas, medidas que deberán marcar las autoridades sanitarias y control de accesos a las playas, sobre todo en aquellas que tengan mayor afluencia de personas para evitar aglomeraciones que pudieran generar situaciones conflictivas o convertirse en lugares poco aptos. Vamos a trabajar en un plan que garantice que la playa es un lugar seguro donde se puede disfrutar.
