VALENCIA. Al PP le ha costado 15 meses elaborarla. Este martes, la síndica parlamentaria popular, Isabel Bonig, avanzaba a la prensa que presentaría en la próxima sesión de control una iniciativa en materia de financiación, llevando hasta entonces con gran secretismo los detalles de la misma para guardar "el factor sorpresa". Así, este jueves exponía una proposición de Ley para una justa financiación de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.
Aunque la iniciativa prometía –busca asegurar que los Consistorios de los 542 municipios valencianos tengan la financiación suficiente participando en los tributos del Estado, pero también en los de la Comunitat Valenciana–, quedó eclipsada por la forma que tuvo la portavoz del PP en Les Corts de presentarla a los medios en los pasillos del parlamento valenciano, donde la síndica popular llegó a asegurar que con ella se acabaría "el clientelismo político" que ha existido entre ayuntamientos y Generalitat.
"Saben ustedes que hasta ahora las aportaciones de la Generalitat –a los consistorios– se han hecho vía órdenes y subvenciones y, lo reconozco, el Partido Popular también ha caído en este juego: si el ayuntamiento es más afín, le das más dinero. Si el ayuntamiento es menos afín, haces política", manifestaba.
No obstante, el asombro que generaba tal afirmación no era el único factor que diluía el anuncio de la norma. El cobro de la multa de 18,9 millones que el Consejo de la Unión Europea impuso a España por la "manipulación" de los datos del déficit de la Comunitat Valenciana durante la legislatura de Alberto Fabra y la petición de información de la Audiencia Nacional a la Generalitat sobre las subvenciones que recibió el PPCV para los gastos derivados de las elecciones autonómicas de 2007 favorecían a que la iniciativa se emborronase.
Pese a estas noticias, la síndica popular, con la intención de que el Consell tuviera en consideración la ley por calificarla de "muy positiva" y "un puntazo", apelaba al pasado del president de la Generalitat como alcalde para que simpatizara con la norma y aseguraba que su partido quería que los consistorios comenzasen a recibir dinero "en base a unos criterios objetivos". Con esta ley, afirmaba que se podrían destinar más de 300 millones de euros -12% de los tributos propios- y así prescindir de las subvenciones de la administración autonómica.
Sin descartar estudiar la proposición, Puig rebatía la propuesta con otra ley financiación local, pero que en este caso contara con la que la participación "de todos" y que permitiera garantizar "a medio y largo plazo" la financiación de los servicios púbicos fundamentales que prestan las entidades locales. Sin embargo, la propuesta era recibida con recelo por el resto de síndicos parlamentarios.
Mientras para el portavoz de Compromís, Fran Ferri, ésta era una apuesta "hipócrita y demagógica" del PP, en Podemos se mostraban igual de vehementes en sus críticas esperando que la iniciativa fuera "más seria" que la "prometida" por el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, quien "ofreció 3.000 millones de euros en el año 2010 para entidades locales que jamás se produjeron", subrayó el portavoz del grupo, Antonio Montiel.
En un día tan significativo en el que Les Corts veían nacer la ley de la Agencia Antifraude -sin el apoyo del PPCV-, los populares centraron su discurso en las cuestiones clave de la Comunidad Valenciana como la infrafinanciación. Que Compromís quiera arrebatarles la imagen de quienes defienden mejor los intereses valencianos es un motivo para aparecer con sentido de la responsabilidad en torno a estas cuestiones, abandonar, de momento, la estrategia para la renovación del Consell Jurídic Consultiu (CJC) e ir al parlamento valenciano, en palabras de Bonig, "en son de paz".
