Blasco y 23 acusados, a juicio por malversar fondos para un hospital en Haití

VALÈNCIA (EFE). El exconseller de Cooperación Rafael Blasco y otros 23 acusados se enfrentan a partir del próximo lunes al segundo juicio por el desvío de fondos públicos que deberían haberse dedicado a proyectos de desarrollo en países empobrecidos, entre ellos, la construcción de un hospital en Haití.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia enjuicia las piezas dos y tres de este caso, en el que se reclaman condenas de 16 años para el exconseller y de entre 2 y 14 años para algunos de sus colaboradores por el desvío de más de 4 millones de euros inicialmente destinados a 11 países empobrecidos.

Blasco fue condenado en 2014 junto a otros ex altos cargos del Consell y demás integrantes de la trama corrupta a seis años y medio por delitos de malversación y falsedad documental en la primera pieza, ingresó en prisión en junio de 2015 y obtuvo el tercer grado penitenciario el pasado mes de enero.

El próximo lunes se abrirá el juicio en la sala Tirant lo Blanc de los juzgados de València, la misma que ya ha acogido varias macrocausas por asuntos de corrupción, con una sesión dedicada íntegramente a cuestiones previas, mientras que las declaraciones de los acusados se iniciarán al día siguiente, martes.

Está previsto que los 24 acusados presten declaración los días 16, 17 y 18 de abril, y 6 y 13 de mayo; los testigos lo harán entre el 10 de mayo y el 28 de junio, los peritos entre el 8 y el 12 de julio y las partes presentarán sus conclusiones finales los días 15, 16, 18 y 19 de julio.

La Fiscalía solicita 16 años de cárcel para Blasco y 21 años y 6 meses para el empresario Augusto César Tauroni, una petición muy similar a la solicitada por la acusación popular, que ejerce la Coordinadora Valenciana de ONGD (22 años para Tauroni), mientras que la Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación particular, solicita para Blasco una condena de 17 años y 6 meses de cárcel.

También se sentarán en el banquillo de los acusados el ex director general de la Conselleria de Cooperación Josep María Felip y el ex jefe de área Marc Llinares, entre otros altos cargos.

Acusaciones

Sobre la mayor parte de los procesados pesan las acusaciones de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

En esta causa se procesa también a varios trabajadores de las empresas de Tauroni, y a personas vinculadas a las mercantiles que supuestamente emitieron facturas falsas y amañaron los sistemas de evaluación y puntuación de los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

Por diferentes responsabilidades, se procesa a las mercantiles Fundación Hemisferio, Avance Abogados, Apima, Dinamize, Fudersa, Esperanza sin Fronteras, Gestiones e Iniciativas Arcmed, Inversiones y Estudios Caaz, Expande, Chust Alzira, Beconsa, APB Arquitectura, Matuscas, Macons, Cafcas, Conscas, Gestion Solar Pobla, Monribar Caf, New Castle Consulting Corporation, Indra Holding and Investment Corporation, Worldwide Trinning Corporation, International Human Resources, Quinto Centenario, Desarrollos del Ecuador y Worldwide Human Resources.

Además de las penas de prisión, el fiscal pide el decomiso de dos apartamentos y un yate de los que Augusto Tauroni compró en Miami (Estados Unidos).

Responsabilidad civil

Además, por responsabilidad civil se pide a los procesados 8.035.942 euros, de los que 5.035.942 serían por el daño patrimonial de la causa y el resto por "daño moral" pues, según recoge el escrito del fiscal, "la lesión es mucho mayor para el interés general por la afección a otros derechos no patrimoniales".

En la cuarta pieza del conocido como caso Cooperación se investigó el supuesto uso indebido realizado por el empresario César Augusto Tauroni, colaborador de Blasco en sus negocios ilegales, de un ordenador desde la cárcel de Picassent, aunque el asunto fue finalmente archivado.

En la quinta pieza de este caso, cuya instrucción acaba de concluir, se investigan las supuestas irregularidades en contratos informáticos entre 2008 y 2011, por valor de 1,6 millones de euros, de la extinta Conselleria de Solidaridad, también bajo la dirección de Blasco.