VALÈNCIA (EP). El exconseller de Solidaridad y Ciudadanía con el PP, Rafael Blasco, ha sido recibido este lunes al grito de "ladrón" a su llegada a la Ciudad de la Justicia de València donde se sentará en el banquillo de los acusados por el segundo juicio del llamado 'caso Cooperación', el que comprende las piezas 2 y 3 y en las que se juzgará el presunto desvío de millones de euros destinados a la cooperación internacional y por la fallida construcción del hospital de Haití, tras el terremoto que asoló el país en 2010.
Blasco, que ha llegado solo a las 09.24 horas, minutos antes del momento fijado para comenzar la vista, ha sido recibido de esta forma por un grupo de ciudadanos y miembros de la Coordinadora Valenciana de ONGD, que había convocado una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia, con pancartas con los lemas "Que tornen els diners de la cooperació"; "Menys corrupció, més cooperació"; "#JusticiacasoBlasco"; y "On estan els diners". ("Que devuelvan el dinero de la cooperación"; "Menos corrupción, más cooperación" y "Dónde está el dinero").
A la llegada del exconseller, los concentrados han intensificado sus proclamas y las han unido en un solo grito: "Lladre" (ladrón), mientras que Blasco era rodeado por los medios que le aguardaban a la puerta, ha accedido al interior y ha aguardado su turno para entrar, sin hacer declaraciones. Desde el cristal exterior, le han reclamado que devuelva el dinero de la cooperación y han gritado que el pueblo valenciano está "contra la corrupción".
Previamente a su llegada, le ha precedido quien fuera su alto cargo y también acusado, Josep Maria Felip, quien también ha aguardado la cola al grito de "lladre".
En nombre de la Coordinadora, han leído un manifiesto su presidenta, Lourdes Miró, y el responsable de esta campaña, Carles Xavier López, quien han concretado que en este caso se juzga el presunto desvío de fondos para 23 proyectos de cooperación a diez países, entre los que ha citado Perú, Guinea, Senegal, Mauritania, entre otros, más el caso del fallido Hospital de Haití, tras el terremoto de 2010 que causó 300.000 muertos y medio millón de personas sin hogar.
"No es un caso más, es el caso de una de las tramas más indignas de los últimos años", han dicho, y han apuntado a Blasco como "máximo responsable" de una trama desde su departamento y con el empresario Augusto César Tauroni, también acusado, como principal "cerebro", y que "aprovechó el sufrimiento de miles de personas" para comprarse viviendas, yates e, incluso, una avioneta.
Por ello, reclaman 154 años de prisión para Blasco, Tauroni, Felip y la cúpula de la extinta Conselleria con el PP: "Reivindicamos Justicia sin impunidad; que la corrupción no salga gratis", han reclamado, así como respeto a la dignidad del trabajo de las ONGD internacionales, que desarrollan su cometido de manera "honrada y con responsabilidad desde hace más de 30 años".
Además, exigen que el caso deje de llamarse Cooperación y sea denominado Blasco, y la devolución de "hasta el último céntimo defraudado".
La sala Tirant I de la Ciudad de la Justicia de València acoge la vista en la que se va a juzgar al exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts Rafael Blasco y otras 23 personas más acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití que no llegó a llevarse a cabo.
Se trata de dos piezas del conocido como caso Cooperación --2 y 3-- sobre las que el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia dio por concluida la instrucción en 2017 por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgará desde esta semana a Blasco --condenado por un fraude de ayudas al Tercer Mundo en la primera de las piezas del caso y en régimen de semilibertad desde febrero, tras acceder al tercer grado después de su paso por prisión--; su excúpula en la Conselleria (la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip y el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares); los empresarios Augusto César (igualmente condenado en el primer juicio) y Arturo Tauroni, y el presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, entre otros.
Asimismo, se incluyen trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.
En el caso del exconseller se le atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y asociación ilícita o alternativamente organización criminal.