VALÈNCIA (EFE). El exconseller del PP Rafael Blasco se enfrenta a partir del próximo lunes al segundo juicio del caso Cooperación, por el desvío de fondos públicos destinados a proyectos de cooperación internacional, con la esperanza de cerrar un pacto con las acusaciones que se antoja muy complicado.
Las vistas fueron suspendidas el pasado 15 abril por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, que decidió dar este plazo a las defensas para que tratasen de avanzar en un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones que ejercen la Abogacía de la Generalitat y la Coordinadora Valenciana de ONGD.
En este proceso se enjuician las piezas dos y tres de este caso, en el que se reclaman condenas de 16 años de cárcel para el exconseller y de entre 2 y 14 años para algunos de sus colaboradores por el desvío de cerca de 5 millones de euros inicialmente destinados a 11 proyectos en países empobrecidos, entre ellos la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto de 2010.
En la primera sesión, la mayoría de las defensas expuso a la sala que habían alcanzado un pacto con el fiscal que había instruido el caso, Vicente Torres.
Pero este extremo lo desmintió el fiscal que se sentó en la sala, Jesús Carrasco (tras el reciente nombramiento de Torres como magistrado del TSJCV), quien afirmó que el juicio sería "ineludible" al haber incumplido los acusados los "preacuerdos", es decir, que no habían realizado consignación económica alguna.
La celebración del juicio, efectivamente, se prevé "ineludible", puesto que, si bien la Abogacía de la Generalitat y la Fiscalía han seguido trabajando en posibles pactos, la acusación popular que representa la Coordinadora de ONGD solo ha admitido la conformidad de cuatro empresarios.
A estos se les reclamaban penas menores y algunos de los cuales ya han abonado la responsabilidad civil que se les demandaba.
Fuentes de la Coordinadora han explicado a EFE que, si bien la Generalitat y la Fiscalía pueden seguir negociando posibles acuerdos, éstos no evitarían la celebración del juicio mientras haya una parte que mantenga las acusaciones, y no beneficiaría a los procesados haber admitido previamente la comisión de un delito.
En cualquier caso, la acusación popular sigue abierta a la negociación, siempre que en el transcurso del juicio se den declaraciones que refuercen sus tesis acusatorias y se contribuya a la recuperación de los fondos desviados, pero en cualquier caso, si hay alguna modificación sustancial de la acusación no se produciría hasta la exposición de las conclusiones definitivas.
Además del exconseller y exportavoz del PP en este juicio se sientan en el banquillo otras 23 personas, que no declararán hasta el 20 de mayo puesto que las dos primeras jornadas del juicio, la de los lunes días 6 y 13 de mayo, se destinarán exclusivamente a cuestiones previas.
En la reanudación de las vistas la sala deberá decidir, además, sobre uno de los procesados, Adolfo Soler, que reside en Bolivia y que no se presentó el pasado 15 de abril, dado que su presencia había sido considerada indispensable por algunas de las defensas.
Blasco fue condenado en 2014 junto a otros ex altos cargos del Consell y demás integrantes de la trama corrupta a seis años y medio por delitos de malversación y falsedad documental en la primera pieza, ingresó en prisión en junio de 2015 y obtuvo el tercer grado penitenciario el pasado mes de enero.
