VALENCIA, (EP). El juez instructor del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido, interrogará mañana en calidad de investigada a la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Bárbera por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia en el marco de la Operación Taula, derivada del caso 'Imelsa'.
En el interrogatorio además del fiscal y el abogado defensor de Barberá estará presente la representación letrada del PSOE, después de que la Sala de lo Penal del alto tribunal admitiera la personación como acusación popular del partido. Para ello tuvo que depositar una fianza de 3.000 euros que le impuso el instructor.
El pasado 13 de septiembre la Sala de lo Penal del alto tribunal abrió la investigación a la senadora popular siguiendo el criterio del Ministerio Público y designó como instructor del caso al que fue fiscal general del Estado durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).
En esta pieza separada del "caso Imelsa", con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. La parte de Barberá la ve el Supremo dada la condición de aforada de la exmandataria popular.
La parte de la causa relativa a Barberá llegó al Supremo mediante exposición razonada del l juez de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, al entender éste que había motivos para proceder a la apertura de investigación para determinar si los hechos atribuidos a Barberá son delictivos.
En su escrito, el magistrado implicaba a la senadora 'popular' por ser "una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros" por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también realizaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015.
Además, apuntaba que Barberá era la superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo y que existía una relación personal de "estrecha confianza" entre la aforada y la principal investigada, la exsecretaria del grupo municipal María del Carmen García-Fuster, que gestionaba las cuentas bancarias.
Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado Víctor Gómez ofreció a Barberá la opción de declarar sin someterse a un interrogatorio. La que fue alcaldesa de Valencia durante más de 20 años presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la Alcaldía, aunque niega que se lo reintegraran.
Sus explicaciones, no obstante, fueron consideradas "insuficientes" por el juez y no le sirvieron para excluir su posible implicación en los hechos investigados.
