VALÈNCIA. Hoy hace un año que el Banco Santander anunciaba la compra del Banco Popular por un euro. Aquel 7 de junio de 2017, las acciones de la entidad presidida por Ana Patricia Botín cerraban en los 5,439 euros y una capitalización bursátil de 87.765 millones, que doce meses después se han reducido en un 12,15% y su valor en bolsa se ha visto mermado en 10.667 millones de euros, tal y como se aprecia en el gráfico adjunto. Un valor que esta misma semana recomendaba comprar el analista Álvaro Giménez-Cuenca de XTB en la sección de bolsa de Valencia Plaza.
Además, a lo largo de estos últimos 365 días el también llamado 'banco rojo' ha visto como sus posiciones cortas llegaban a dispararse hasta el 0,71% a finales de marzo pasado en lo que fueron sus máximos desde abril de 2013. Y conviene recordar lo que cuesta ponerse corto en un banco cuyo capital social está compuesto por más de 16.000 millones de acciones. En números redondos solo 155 millones -tomando el cierre de ayer- por tener un 0,20% -a partir del cual se declara ante la CNMV-, sin incluir los gastos que conlleva la compra de acciones para venderlas. Bien es cierto que según la última actualización del organismo supervisor, fechada el 25 de mayo, las posiciones bajistas volvían a reducirse hasta ese 0,20%. Pero lo cierto es que todo un síntoma que los especuladores de turno se hayan dejado ver -y mucho- a lo largo del último año.
Fue en la madrugada del 7 de junio de 2017, cuando el Banco Central Europeo (BCE) determinó que el Banco Popular era "inviable" y que estaba en riesgo de caída por el "deterioro significativo" de su liquidez, tras lo que el Santander acordó adquirir el 100% de su capital al precio simbólico de un euro, operación que al día siguiente sería aprobada por la Comisión Europea (CE) y que convertía al entonces banco presidido por Emilio Saracho en la primera entidad intervenida por la Junta Única de Resolución (JUR) desde su creación hace poco más de dos años.
Doce meses después de aquel episodio, el banco presidido por Ana Botín asegura que avanza "más rápido" de lo previsto en la integración del Popular, de forma que el negocio propiamente bancario parece ir revirtiendo su situación. No obstante, el frente legal se mantiene 'borroso' para la entidad cántabra, pues la responsabilidad del extenso abanico de contingencias en relación a los accionistas y bonistas afectados y a la propia idoneidad de la liquidación y posterior venta de Popular puede extenderse al banco cántabro, según aseguran a Europa Press fuentes jurídicas.
En la presentación de resultados referidos a este primer trimestre del año, el banco 'rojo' informó de que su beneficio atribuido aumentó un 26%, hasta los 455 millones de euros, tras la integración de Popular, al tiempo que anunció el lanzamiento de la primera iniciativa conjunta para los clientes del Santander y el Popular. Los costes, aunque aumentaron tras la incorporación de la entidad resuelta, se compensaron con las tendencias positivas en los ingresos comerciales y la mejora en el coste del crédito.
Por otro lado, y según aseguró recientemente el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, se prevé que el proceso de integración jurídica de Santander y Popular se complete entre los meses de septiembre y octubre de 2018. De hecho, el directivo indicó que "inmediatamente" después de que termine este proceso, la entidad se encontrará "lista" para acometer la integración tecnológica de las oficinas de Santander y Popular en España. "Vamos un poco más deprisa de lo que habíamos previsto anteriormente", aseveró el consejero delegado del grupo cántabro. No obstante, dijo que el resto de detalles sobre este tema los hará públicos el próximo 3 de octubre, fecha en la que la entidad celebrará su 'Investor Day' en la ciudad de Londres. Álvarez también subrayó que el Santander se encuentra "al 120%" centrado en la fusión.
Con todo, los perjudicados por la resolución del Popular, entre los que se encuentran unos 305.000 accionistas que vieron cómo sus ahorros e inversiones desaparecieron y se quedaron en cero, así como bonistas -la mayor parte extranjeros- piden ahora que Santander asuma las contingencias mediante responsabilidad por culpa extracontractual por daños y perjuicios, aunque su plazo para reclamar por esta vía prescribe este jueves. Según Navas & Cusí, uno de los despachos que lleva el caso de los afectados, la forma en que se liquidó el banco no significa que los accionistas y bonistas no puedan reclamar su dinero al nuevo propietario, Santander, entidad que para los expertos en abogacía tiene la obligación de asumir las responsabilidades del Popular y 'socorrer' a los inversores que acudieron "engañados" a una ampliación de capital en la que se les ocultó salvedades. "Esta actuación perjudicó a los tenedores de títulos que no pudieron ser advertidos de la negativa situación patrimonial de la entidad financiera, impidiéndoles así la posibilidad de enajenar sus títulos y poner su dinero a salvo", señalan en Navas & Cusí.
El 'Popu' llevó a cabo en 2012 una primera ampliación de capital por valor de 3.000 millones de euros debido a la cantidad de activos tóxicos de los que era propietario y que por aquellas fechas ya estaba provocando importantes correcciones en Bolsa. Tras esta operación todo parecía ir bien, a lo que se le unía las numerosas intervenciones de su entonces presidente, Ángel Ron, en las que aseguraba que el banco estaba en una situación "inmejorable".
Cuatro años después, el banco se vio obligado a realizar una segunda ampliación de capital, justificada en que se obtendrían importantes beneficios y cobro de dividendos, al tiempo que se vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial. No obstante, los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron. Asimismo, además de la infracción 'muy grave' impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en julio de 2016 por la comercialización de bonos convertibles que vulneraron los deberes de información a los inversores, en la auditoría que emitió PwC en marzo de 2017, se advirtió que era necesario elevar las pérdidas y corregir en cuatro puntos las cuentas que se presentaron en diciembre de 2016.
Tal y como explica el socio y director de Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, el hecho de que el auditor tuviera que revisar las cuentas muestra hasta qué punto los libros no reflejaban la imagen fiel del banco. "El Popular ocultó dolosamente información sobre su situación", subraya el letrado, añadiendo que igual que nadie discute que el nuevo propietario asuma los activos del Popular como el 17% en cuota de pymes, también se debe responsabilizar de los pasivos y de las contingencias pasadas que se deriven. El artículo 1909 del Código Civil establece el plazo de un año para reclamar esta responsabilidad por culpa extracontractural, por lo que su despacho ha presentado una "batería de demandas" con el objetivo de 'romper' con la prescripción, ya que al presentar un nuevo escrito se puede interrumpir. "El problema es que llegue el jueves y prescriba, y el Santander argumente que el plazo ha terminado y ya no tiene ninguna responsabilidad", añade.
Además de la vía civil, existen otros caminos para reclamar como el contencioso-administrativo, que se presenta ante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Sin embargo, este procedimiento está suspendido de momento hasta que Luxemburgo resuelva. "Todos los recursos presentados ante el Frob están suspendidos hasta nueva orden", explican. La Audiencia Nacional ha tramitado hasta la fecha un total de 259 recursos contencioso-administrativos sobre la resolución, según los datos que constan en el informe anual del Frob.
El pasado mes de marzo, la Audiencia Nacional decidió suspender la tramitación de estos recursos hasta que se resuelvan los procesos pendientes en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) relativos a la decisión de resolver la entidad por parte de la JUR. De su lado, la JUR está pendiente de la publicación del segundo informe elaborado por Deloitte. Este segundo documento, cuya publicación estaba prevista a lo largo del primer trimestre del año, evaluará si los antiguos accionistas y acreedores subordinados del Popular habrían recibido un trato mejor en el caso de que la entidad hubiera sido liquidada mediante un procedimiento nacional de insolvencia.
Todo ello mientras empleados de ambas entidades se irán la semana que viene de crucero, tal y como avanzó este diario, en un viaje de incentivos; mientras el Congreso de los Diputados dedicará el próximo mes de julio al 'caso Popular'. Así la comisión que preside la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha acordado nuevas sesiones de comparecencias, entre ellas las del actual presidente de la entidad, Rodrigo Echenique, y sus dos predecesores, Emilio Saracho y Ángel Ron. Estos comparecerán el jueves 12 de julio, Ron por la mañana y Saracho por la tarde, mientras que Echenique hará lo propio el miércoles 18 de julio.