Baltasar Garzón: "Hay que cambiar el sistema de elección del fiscal general del Estado"

VALÈNCIA. El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 1955) intervino este viernes en las jornadas sobre Corrupción Cero organizadas por la Fundación Baltasar Garzón y la Fundació per la Justícia de la Comunitat Valenciana, celebradas en la sede de La Nau de la Universitat de València. Allí concedió una entrevista a València Plaza. en la que habló de corrupción, de la Fiscalía General del Estado, de Cataluña y de otros asuntos de actualidad.

-¿Se puede acabar con la corrupción en España?

-Se debe y creo que se puede, por lo menos hacer mucho más difíciles los ámbitos de la corrupción. Se puede controlar la corrupción, se puede evitar que avance y se puede disminuir, lógicamente no es ni una labor de un día, ni de dos ni de muchos más. Es una acción continua. Lo peor que hay para la lucha contra la corrupción es que haya picos. Es decir, que impulso de un escándalo se  dictan normas y cuando pasa el tiempo, en la zona valle, se dejan de aplicar esas normas y se generan unas dinámicas que las contradicen. Es fundamental el compromiso de la sociedad, la vigilancia de la misma para que los gestores públicos no tengan la tentación de olvidar.

-¿Ve con ganas de hacer lo que hay que hacer para terminar con la corrupción a los políticos?

-A la sociedad, sí; a los políticos, diría que a algunos están claramente comprometidos en el combate contra la corrupción, otros hacen discurso en favor de terminar con la corrupción y a favor de la transparencia y hacen poco quienes gobiernan, y no trato de identificar a los gobernantes actuales en cualquier ámbito, pero hay una tentación, la de olvidarse de pronto en materia de corrupción y de transparencia de las promesas electorales. Entran en aquella frase célebre de las promesas electorales se hacen para no cumplirlas que dijo un presidente de España ya hace años.

-¿Y qué se puede hacer?

-Volvemos a lo mismo, es la sociedad civil la única que puede presionar y que debe presionar a los poderes públicos para hacerlo. Es decir, la denuncia permanente, la participación de la sociedad hace más difícil, descubre esos espacios opacos que normalmente siempre ha habido. Por tanto, ante la ausencia de voluntad de algunos responsables políticos, más participación y más fiscalización por la ciudadanía hasta hacerles que cumplan.

-Una de esas formas es la acusación popular. El PP se llegó a plantear eliminarla.

-En lo judicial lleva razón, en lo judicial penal, pero la lucha contra la corrupción no es solamente penal. Esa es una obligación de la Justicia, pero la lucha contra la corrupción en su amplio sentido es una corresponsabilidad de toda la sociedad, los jueces incluidos. Lo que ocurre con la acción popular es que ha habido abusos de algunas entidades como Manos Limpias o Ausbanc que más que acusación pública y representación de la sociedad, se representaban a sí mismos y a unos intereses muy particulares. Y eso ha sido aprovechado por lo enemigos de la acusación popular para tratar de eliminarla. Pero en España hay ejemplos como en los GAL, que han desempeñado una labor fundamental y tienen que seguir haciéndolo. Lo único que ocurre es  que efectivamente hay que delimitar esas acciones pero no erradicarla como ha sucedido  en ámbitos como el de la jurisdicción universal.

-En referencia a la jurisdicción universal, ¿qué le parece que un gobierno se pliegue ante China y cambie toda una legislación porque un país tiene comprada nuestra deuda?

-Eso fue una humillación para todas las víctimas por parte del Partido Popular que en 2014 pretendió erradicar la jurisdicción universal, y no solamente en hechos de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, sino por ejemplo también en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra el blanqueo de dinero. Es decir, la acción popular ha quedado restringida y reducida en esos casos. Tampoco se puede plantear en un blanqueo de dinero una acción popular, no puedes. Ha quedo muy reducida. Y específicamente reducida y eliminada para que no se pueda actuar desde la sociedad en esos ámbitos. Lo que pasa es que siempre hay mecanismos para que una vez iniciado el procedimiento, a veces cuesta mucho trabajo por parte de la Fiscalía, se pueda participar, pero sí, fue una humillación ante los poderosos y en detrimento de toda la sociedad que es la víctima.

-Se ha pedido la ilegalización de la Fundación Francisco Franco y ayer salió su presidente diciendo que no hay muertos en las cunetas.

-La existencia de esa fundación, obviamente, tendría que haber sido erradicada. Esa y otras organizaciones similares que exaltan la Dictadura y, por tanto, exaltan los crímenes de lesa humanidad que durante la Dictadura franquista se produjeron y que todavía siguen impunes. En Alemania a nadie se le ocurre abogar por la legalidad de una fundación Adolf Hitler. Me parece que es una contradicción tremenda la que vivimos en España y es fruto de que desde la Justicia nunca se ha querido afrontar la impunidad de la Dictadura franquista y los crímenes cometidos por la misma. Y sería muy fácil, pero ya sabe que en 2008 yo lo intenté y acabó como acabó, y las víctimas afortunadamente siguen luchando, pero nos falta una concienciación muy grande en el Poder Judicial y en las estructuras políticas para avanzar en ese tema.

-La sociedad tiene una percepción de que hay  una injerencia política por parte del Gobierno, sobre todo en la Fiscalía. ¿Qué opinión le merecen los pasos dados con los fiscales?

-Acabo de leer que el Gobierno ha propuesto a Sánchez-Melgar para la sustitución de Maza, también magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al igual que el anterior. Lo que hay que cambiar es el sistema de elección del fiscal general del Estado.

¿Cómo?

En España lo propone y lo designa el Gobierno, y es un mero trámite parlamentario. Las propuestas que se hacen o los tamices que se ponen son muy débiles y en ningún caso vinculantes. Habría que establecer un verdadero examen por parte de la Comisión de Justicia de los candidatos, tendría que cambiarse, y tendría que hacerse mucho más autónomo la Jefatura del Ministerio Fiscal para que no estuvieran sujetos a esa sospecha de injerencia del poder político y del Ejecutivo en una institución que como digo se sujeta a la legalidad y es la que ejerce la acción penal en defensa de todos los ciudadanos.

-Con respecto a las presiones, ¿ha visto algún tipo de presión durante sus años en la Audiencia Nacional a usted o a algún compañero?

-Si ha habido presiones con respecto de algunas personas, lo tendrán que decir ellas. Yo lo que afirmo es que en España los jueces tenemos todos los argumento para no dejarnos presionar. Si un juez se deja presionar o se queja de que ha sido presionado y no ha puesto remedio, es tan responsable como el que le presionó. Hay que blindarse, y blindarse es no dejar que llegue a ese estadio; y si llega, no tiene más que dos alternativas, si no eres capaz de soportarlo, te tienes que marchar, y si no, lo tienes que denunciar. Pero si ha habido presiones sobre alguno, yo no se lo puedo decir. Sobre mí, no.

-¿De ningún tipo?

-Lo que sí hubo es mucha presión externa en torno a investigaciones y a mi propia persona. Campañas mediáticas durísimas desde el propio poder ejecutivo en distintas fases de mi historia profesional. Como por ejemplo, en su día el partido Popular cuando Gürtel, a mí no se me olvida aquella comparecencia el 11 de febrero de 2009, apenas unos días después de la Operación Gürtel en la que Mariano Rajoy con todo el estaf del PP dijo: "Esto no es una trama del Partido Popular, es una trama contra el Partido Popular", en la que, obviamente, se incluía al juez, que lo único que hizo fue tratar de hacer su trabajo, tratar de hacerlo bien y sufrir bastantes presiones, pero nunca llegaron a nublar o perturbar su juicio.

-Pasemos a Cataluña. ¿Ve un delito de rebelión?

-Para mí no hay rebelión, no hay sedición. Desde luego los primeros hechos que calificaron como sedición la Fiscalía y la propia juez Lamela para mí no lo son. Había figuras claramente que se acomodaban claramente mejor y una presión sobre una diligencia judicial que se produjo después no puede incitar, no es un alzamiento.

-¿Y con respecto a la competencia?

-La calificación de la competencia para mí está fuera de lugar porque hay doctrina del pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de 2008 que dijo que la rebelión, ni había sido ni era competencia de la AN. Entonces ahora redefinir esto por una oportunidad concreta en España deja en duda el accionar absolutamente independiente que debe tener la Justicia. En cuanto a la competencia escribí un artículo titulado 'la hora del Tribunal Supremo' que decía que era inconsistente que hubiera dos competencias siendo una asimétrica, que es la del Tribunal Supremo, que es a la que nos sometemos todos los demás. Por tanto, cuanto antes se una ese procedimiento, mejor. Y si dejan de estar aforados entonces creo que la competencia tendría que pasar directamente al TSJ catalán.

-En materia de competencias siempre hay lío. Un ejemplo fue el Supremo al rechazar el caso de los ERE al completo y quedarse solo con los aforados.

-Es una doctrina que viene ya de antiguo, pero hay hechos que son inescindibles. No puedes someter la posibilidad de resoluciones contradictorias y, por tanto, en este caso el TS, la Sala Segunda debe de establecer cuál es la línea y a partir de ahí que el tribunal que sea responsable decida, pero lo que no puede haber es que la mitad esté en un sitio y la otra mitad en otro. Y además va a llegar el día 21 donde va a haber algunos que pierdan el aforamiento, otros que lo mantienen, y la teoría de que afecta a todo el territorio nacional a mí se me hace muy dura. Y el hablar de violencia institucional para justificar una rebelión también se me hace muy duro. Insisto hay figuras en el Código Penal español que acomodan muchísimo mejor que esta calificación que, además, nos pone en una tesitura como es el caso del propio presidente Puigdemont que ya la Justicia belga ya ha dicho que no va a tramitar por rebelión, sedición y prevaricación. Por lo tanto, ya nos están diciendo cuidado con esas figuras jurídicas que no están reconocidas como tales.

-¿Qué le parecen la petición de Ecuador a Julian Assange de que no se meta en el tema catalán?

-Comprendo por una parte las decisiones de un estado como es Ecuador, pero creo ha habido un antes y un después y un magma de desinformaciones muy potentes. Se ha utilizado el apoyo al referéndum, a la voluntad de opinar y decidir de Julian Assange en el tema de Cataluña, como hemos hecho muchos, y se le ha puesto como un defensor de la independencia y se le ha imputado algo que no es real y lo vamos demostrar como es el retuiteo masivo. Creo que vamos a poder demostrar que eso es una falsedad y una manipulación y, por tanto, Julian Assange está siendo víctima de un ataque generalizado que entiendo que cuando lo demostremos, algunos deberían reconocer esa equivocación. Julian Assange está asilado, tiene la normativa que es la que prevé la convención de 1951 y 54 de Ginebra y Caracas respectivamente, y la está cumpliendo.

-¿Podrá volver a andar como un hombre libre por la calle?

-Espero que sea porque si no sería una gran injusticia que, por ejercer la libertad de expresión, la libertad de información y difundir libremente esa información sobre hechos gravísimos que afectan a toda la humanidad, una persona pueda seguir ni un minuto más privada de libertad como estableció el grupo de trabajo de Naciones Unidas.

-Para terminar. ¿Hay presos políticos en España?

-No, en España no hay presos políticos, hay presos que creo que deberían estar en libertad, si se refiere a los que están afectados por el procés de Cataluña, porque no concurren los requisitos que justifiquen una prisión provisional. Es una medida desproporcionada desde el principio y hay otras muchas que se pueden aplicar, siempre respetando la independencia judicial, pero eso no lo justifica todo.