VALÈNCIA. Las compañías Vicedo Martí y Enfavi, con sede en la localidad alicantina de Ibi, han conseguido rebajar un 15% la indemnización de 493.000 euros impuesta por la instalación y reproducción de programas de ordenador infringiendo los derechos de propiedad intelectual de los autores.
Es una de las mayores indemnizaciones impuestas en España pero que ahora se ha visto rebajada gracias a un acuerdo transaccional suscrito entre las partes por satisfacción extraprocesal y que ha provocado el archivo del juicio abierto.
Las empresas que emplean software pirateado de las principales compañías en su día a día no deberían dormir tranquilas. Tras su pista se encuentra BSA, The Software Alliance, una alianza mundial de fabricantes de programas informáticos que opera desde 1989. Con sede central en Washington DC, la BSA está presente en más de 80 países y tiene personal especializado en 11 oficinas de todo el mundo. Básicamente lleva a cabo dos tipos de acciones: de concienciación contra la piratería empresarial y de corte legal.
En este último campo, Ecija es la firma legal de BSA en España. El abogado Carlos Pérez pertenece a la misma y está familiarizado con este tipo de procesos. "En general siempre se intenta llegar a un acuerdo extrajudicial con las empresas que piratean, incluso pactando una cantidad económica", explica.
Sin embargo, en muchos otros casos es necesario llegar hasta los tribunales. Y en estos últimos, las cantidades no son precisamente irrisorias. "De hecho, hay empresas que han tenido que cerrar por culpa de este tipo de condenas", añade Pérez, quien recuerda que a la multa deben sumarse los costes del proceso.