Bonig (PP), Cantó (Cs) y Llanos (Vox). Foto: VPVALÈNCIA. La otrora fijada y asegurada unidad del voto conservador en torno al Partido Popular saltó en pedazos en las elecciones generales de 2015 cuando Ciudadanos, entonces liderado por Albert Rivera, consiguió entrar en el Congreso con la friolera de 40 diputados. A partir de ahí, la lucha encarnizada por el mismo espectro de votantes -más allá de alianzas concretas- entre azules y naranjas, atravesó diversas fases: la más esperanzadora para los segundos, cuando obtuvieron 57 escaños en abril del año pasado; la peor, seis meses después cuando se quedaron con diez diputados en el Congreso. Una caída que solo se explica con la fuerte escalada del tercero en discordia, Vox, que ya había avisado con 24 representantes el 28A y que ascendió a 52 en los últimos comicios.
Tras esta cita con las urnas, el PP que lidera Pablo Casado ha afinado su estrategia para tratar de conservar la hegemonía en la derecha española y, para ello, ha fijado como primer objetivo una alianza electoral con Ciudadanos que permita su absorción al menos en las autonomías donde es residual. Con un mensaje que podrían calificar de 'interés general constitucionalista', los populares han logrado su objetivo -no sin estruendo- en el País Vasco, a la espera eso sí que las urnas valoren el acuerdo el 5 de abril.
Pero una estrategia de estas características, para no parecer una mera absorción, debe tener un sentido unitario en toda España. Al menos es lo que desprende Casado en sus manifestaciones públicas cuando extrapola este gran acuerdo al resto de autonomías, incluida la Comunitat Valenciana.
Una región donde el PP liderado por Isabel Bonig fue la segunda fuerza más votada con 19 escaños, aunque con una caída importante que dejó a Ciudadanos, encabezado por Toni Cantó, a un solo diputado de diferencia. Curiosamente, ambos líderes están atravesando una situación similar en la relación con sus cúpulas nacionales: ninguno quiere pactar con el otro pero tienen que cuidar sus palabras para no desairar las alianzas PP-Ciudadanos que sus respectivos líderes están fraguando.
El caso de Bonig es especialmente complejo dado que, por primera vez, ha visto como otros referentes del partido en la Comunitat han expuesto tesis distintas a la suya. La líder del PPCV ha manifestado públicamente en varias ocasiones su comprensión a pactos con Ciudadanos en lugares como Cataluña o el País Vasco, pero ha puesto distancia a que esa situación pudiera darse en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, o el alcalde de Alicante, Luis Barcala, han mostrado su absoluta sintonía con Génova a la hora de apostar por una alianza con Ciudadanos también en tierras valencianas en un futuro próximo. Y esto, además, antes de que llegara el argumentario oficial desde Madrid -lo que indica su hilo directo- para las autonomías respecto a la obligación de defender esos pactos a capa y espada.
Una situación que obligó a virar a la dirección regional de Bonig, tal y como se vio con las consiguientes manifestaciones de la 'número dos' del PPCV, Eva Ortiz, que adoptaba una posición mucho más proclive a este tipo de acuerdos de la que habían mantenido hasta ese momento.
De la misma manera, Cantó parece haber conseguido convencer a Inés Arrimadas de que debe ser elegido para tomar la responsabilidad de Ciudadanos en la Comunitat. Ahora bien, para ello ha tenido que contener su discurso dirigido a una mayor independencia y capacidad de decisión por parte de las estructuras autonómicas y, también, modular su opinión contraria a los pactos con el PP, especialmente en tierras valencianas. Una postura comprensible con los números en la mano: Cantó se quedó a un solo diputado de empatar a Bonig y sabe además que la líder regional podría no repetir como candidata a la Generalitat, por lo que su ambicioso reto es conseguir adelantar a los populares en la Comunitat y no asumir un pacto que le pueda dejar en segundo lugar.
Las complicaciones son mayores si, además, se tiene en cuenta que el peso orgánico de Ciudadanos lo ha ostentado el responsable de Organización, Emilio Argüeso, con especial peso en la provincia de Alicante y pasado común con Mazón (PP) y su entorno, con quien le une una buena relación. Es decir, que si Ciudadanos tuviera que buscar un pacto con el PP, desde ese sector tendrían parte del camino recorrido.
Una vía que no convence a Cantó, que pelea por mantener a Ciudadanos en un espacio independiente e incluso, sin descartar acuerdos puntuales en materia de gestión con el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, o incluso con su partido, tal y como muestran las negociaciones con el PSPV-PSOE para entrar en el gobierno local de Torrent.
¿Y Vox? El partido de extrema derecha liderado por Santiago Abascal se enfrenta este mes de marzo a la Asamblea General que debe reforzar su liderazgo y sentar las bases de la organización en las comunidades autónomas. Mientras, esta fuerza política se dedica a surfear la ola con la comodidad de opositar ante un gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos que, además, tiene que apoyarse en independentistas como ERC o Bildu. En esta línea, las alianzas de PP y Cs les permiten adoptar un rol de 'derecha auténtica' frente a este acuerdo, como ya ha evidenciado Abascal con sus condiciones para acercarse a un pacto a tres en el País Vasco.
En la Comunitat, el papel de Vox está siendo discreto a la espera de su consolidación interna y a rebufo del éxito de sus siglas en el ámbito estatal. Ahora bien, las próximas elecciones vascas y gallegas, donde han anunciado que se presentarán, serán una buena piedra de toque para comparar su posible implantación en áreas en principio muy complicadas para su ideología como el País Vasco o con un PP fuerte como Galicia.
