Aumar logra un beneficio de 114 millones a dos años del fin de la concesión de la AP-7

VALÈNCIA. Aumar, la filial de Abertis que gestiona la AP-7, cerró el pasado ejercicio con un notable incremento en su beneficio. La compañía, que ganó 75,5 millones de euros en 2015, disparó su resultado neto un 50% en 2016 hasta alcanzar los 113,9 millones de euros, según detalla la empresa en sus últimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. La enseña se anota esta cifra a poco más de dos años de que expire la concesión por la que gestiona la autopista que atraviesa la Comunitat Valenciana (que concluye en diciembre de 2019).

La firma disfruta en esta fase final de un importante margen tras haber amortizado el grueso de la construcción de la infraestructura. En concreto, su cifra de negocio fue de 281 millones en 2016, de modo que su beneficio equivale a más del 40% de los ingresos registrados.

"Los gastos de personal han disminuido un 39,8% y, los otros gastos de explotación, en un 26,5% -siendo éstas las variaciones más relevantes de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2016-", explica al respecto Aumar en su informe de gestión.

La facturación de la empresa creció un 6,1% respecto a 2015, cuando su cifra de negocio fue de 264 millones de euros. La compañía, que también gestiona la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, detalla que la evolución se debe a un mayor uso de sus autopistas.

"El tráfico no ha sido ajeno a la mejora de la actividad económica y del consumo en general, habiendo aumentado el porcentaje de variación de la intensidad media diaria de vehículos (IMD) total para el conjunto de la concesión un 6,42%, frente al incremento del 7,62% en 2015. En consecuencia, la IMD de cobro en 2016 se ha situado en 16.228 vehículos para el conjunto de la Sociedad", explica la firma.

Mantiene el millonario pulso judicial

Por lo que respecta al pulso judicial con el Gobierno de España por la construcción de la CV-10 en Castellón -paralela a la AP-7- Aumar detalla en sus cuentas que ha ampliado su recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo a la decisión del Consejo de Ministros de rechazar en 2016 compensarle por esta circunstancia. La reclamación inicial fue de 187 millones de euros, si bien la empresa recalculó la cifra en sus cuentas de 2014 hasta elevarla a 444 millones.

La liberalización de la AP-7 en la Comunitat es uno de los objetivos del Consell, que cuenta con el sí del Gobierno de España. La compañía, sin embargo, propone que se aproveche el fin de las concesiones para implantar un nuevo modelo de peajes blandos en todas las vías rápidas de España.