VALÈNCIA. La gestora de peajes Aumar ha estirado al máximo su beneficio en el último año de la concesión de la AP-7. Después de amortizar el grueso de la construcción de las infraestructuras, la compañía volvió a embolsarse un buen pellizco, y es que cerró el año con unas ganancias de 150 millones de euros, un 2,8% más que el año anterior. Así lo recogen las cuentas del ejercicio 2019, en el que alcanzó una facturación de 328 millones de euros, lo que supone un incremento de un 7,1% respecto al ejercicio 2018.
Estos montantes arrojan un margen del 45,7%, un porcentaje al alcance de pocos negocios. Además, la sociedad ha repartido gran parte de sus beneficios en dividendos, concretamente 118 millones de euros. El resultado de explotación del ejercicio ha sido de 227 millones de euros con un incremento respecto del año anterior 3,2%. En este sentido, los gastos de personal disminuyeron un 1,1% y los otros gastos de explotación en un 6,5%.
La también gestora de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz aborda los motivos de su crecimiento, que achaca al incremento del paso de vehículos. "El tráfico no ha sido ajeno a la mejora de la actividad económica y del consumo en general, habiendo aumentado el porcentaje de variación de la intensidad media diaria de vehículos total para el conjunto de la concesión un 82% frente al incremento del 4,06% en 2018", señalan. "En consecuencia, la IMD de cobro en 2019 se ha situado en 19.170 vehículos para el conjunto de la sociedad".
Con fecha 31 de diciembre de 2019, finalizaba el contrato de concesión del cual era titular Aumar, procediéndose a la firma de las actas de entrega de la misma, una para la AP-7 y otra para la AP-4. En este sentido, con motivo de la decisión adoptada por el Ministerio de Fomento correspondiente a la completa eliminación del peaje a partir de enero de 2020 tras la finalización del contrato, la sociedad llevó a cabo un expediente de regulación de empleo que afectó a 136 trabajadores al no ser subrogado.
En este sentido, la compañía ha registrado en 'Otras provisiones' obligaciones con el personal por importe de 9,3 millones de euros que corresponden al importe pendiente de pago del Expediente de Regulación de Empleo y por otro lado a una estimación de otros posibles costes laborales a largo plazo.
