MADRID, (EFECOM). La Audiencia Nacional juzgará desde mañana a ocho exdirectivos de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) acusados de varios delitos societarios, entre ellos estafa continuada y falsedad contable en los estados financieros de 2010 y del primer semestre de 2011.
La Fiscalía solicita las penas de prisión más elevadas, siete años y medio de cárcel y una multa de 180.000 euros, para los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, y el ex director general de Inversiones y Riesgo, Francisco José Martínez, en calidad de autores, aunque exime de responsabilidad al que fuera presidente, Modesto Crespo.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público considera que éstos, a pesar de ser "conscientes de las dificultades que atravesaba la entidad y del alto grado de probabilidad de que el resultado fuera negativo en 2010", pusieron todos sus recursos para lograr unos resultados "artificialmente positivos".
Liderados por López Abad, los altos directivos reclasificaron como normales créditos dudosos y fallidos que no cumplían con la normativa del Banco de España; de este modo, "se alteró el balance y la cuenta de resultados, al disminuir la dotación de las provisiones necesarias para cubrir esos riesgos".
El relato identifica como principal mecanismo para incrementar "ficticiamente" los beneficios la titulización de activos mediante la "irregular contabilización de cuatro operaciones", realizadas por el departamento de Martínez, lo que permitió que los balances mensuales, trimestrales y semestrales de 2011 reflejaran 65 millones de beneficio en vez de unas pérdidas de 1.136 millones.
El escrito incluye en esta operativa al exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y al exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa, para quienes la Fiscalía solicita un año y dos meses de prisión y 9.000 euros de multa, así como al ex director general de Recursos Vicente Soriano, que se enfrenta a la petición más baja, 10 meses de cárcel y 12.000 euros.
El Ministerio Público considera que todos ellos persiguieron además enriquecerse personalmente ya que la presentación de ganancias permitiría a éstos acceder a una serie de complementos retributivos, como la paga de beneficios de 2011, cuyo importe total ascendió a 6,2 millones de euros, pero también las aportaciones a planes de pensiones o los incentivos anuales.
Por ello, reclama que indemnicen de forma conjunta y solidaria a Banco Sabadell, entidad que adquirió el negocio de la CAM en diciembre de 2011 por la cantidad simbólica de un euro, con 20,1 millones de euros, así como a los clientes afectados por la compra de cuotas participativas en la cuantía que estime la sala una vez la sentencia sea firme.
Además de la Fiscalía también figura como acusación el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que incluye al expresidente Crespo como autor de un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, junto a Amorós y Sogorb, para quienes solicita nueve años de cárcel y multa de 144.000 euros.
Una cantidad idéntica por falsedad societaria para López Abad y Martínez, que hacen frente a tres años de cárcel, frente a los dos años de prisión y multa de 81.000 euros que el fondo solicita para Sabater Navarro. El 22 de julio de 2011, la entidad fue intervenida por el Banco de España dada su situación de insolvencia, lo que llevó al FGD a inyectar 5.249 millones procedentes de las arcas públicas.
