VALÈNCIA. El Consell ha aprobado el proyecto de la Ley valenciana de Infancia y Adolescencia, impulsada por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que otorga a los niños y niñas la consideración de ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, al tiempo que fomenta su participación en la vida pública y la promoción de sus derechos.
Cabe recordar que el Consell acordó, en noviembre de 2017, declarar la urgencia en la tramitación del anteproyecto de la Ley valenciana de Infancia y Adolescencia, lo que ha permitido reducir a la mitad la duración de los trámites necesarios para la aprobación de un texto que ha contado con la participación de todos los agentes sociales implicados y de la propia infancia y adolescencia.
El texto de la nueva ley integra las aportaciones realizadas directamente por niños, niñas y adolescentes, tanto en la consulta ciudadana previa, como a través de los consejos locales de infancia y adolescencia, que valoraron la ley vigente y propusieron cambios para mejorarla, así como las propuestas hechas en el Pacte per la Infància aprobado por unanimidad en Les Corts Valencianes.
Tiene como objetivo ir más allá de la función protectora que las administraciones públicas y la sociedad en general tiene sobre la infancia y avanza en la garantía e implantación de sus derechos.
Uno de los propósitos de esta norma es, precisamente, potenciar el protagonismo de niños, niñas adolescentes en el ejercicio de sus derechos y poner los medios para que puedan participar activamente en la vida ciudadana.
Esta ley supone darle un nuevo enfoque trasversal de las políticas públicas relacionadas con la infancia, de manera que todas ellas contribuyan a hacer efectivos sus derechos, atendiendo a la diversidad de cada niño o niña. Implica un cambio de paradigma al dejar de considerar a los niños y niñas sólo como objeto de protección para pasar a reconocerlos también como sujetos de derecho.
Más allá de la labor de protección, el proyecto legislativo sitúa a la infancia y a la adolescencia en el centro de las políticas públicas, de manera que se sientan protagonistas. Por ello, contiene conceptos como la promoción de derechos y la participación, que por primera se desarrollan en una ley.
Los principios rectores de la norma son la equidad y el empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus derechos, para lo que se les reconoce por primera vez como ciudadanía activa y de pleno derecho en todos los ámbitos de las esferas públicas y privadas.
Así se incluye la eliminación del límite de edad para que se escuche su opinión antes de dar el consentimiento informado en los tratamientos médicos y se fija la obligación de los padres, madres o tutores a escuchar sus opiniones y respetar sus convicciones en referencia a la libertad de ideología, conciencia o religión.
Se reconoce por primera vez el derecho a la identidad y a la expresión de género y en la esfera pública se garantiza que las administraciones tendrán que consultar la opinión de la infancia y la adolescencia en aspectos que les afecten como las políticas de ocio educativo o el diseño urbano de los municipios, adaptando las consultas públicas para que puedan participar, siguiendo también las propuestas de las personas menores de edad.
La elaboración de una nueva ley responde a que la vigente ha quedado desfasada y superada por la reforma de la normativa estatal en materia de derechos y de protección de la infancia y la adolescencia.
Entre las novedades introducidas por esta reforma figuran la regulación de la situación de riesgo y su declaración, las medidas para dar preferencia al acogimiento familiar respecto del residencial, la limitación de la posibilidad de institucionalización de los niños y niñas más pequeños, los derechos de las personas acogedoras y acogidas, o la adopción abierta, contenidos que requieren cambios en la legislación autonómica para su concreción práctica.
Esta ley también pretende dar un paso más en la lucha contra la desigualdad que ya se ha iniciado con otros proyectos legislativos como el que regula la renta valenciana de inclusión, y así establece que en la concesión de ayudas destinadas a la infancia, se tendrá en cuenta la situación de la persona menor de edad a la cual va dirigida y no la de sus representantes legales.
Esto evita que los niños y niñas se vean excluidos de las ayudas a las que tienen derecho porque sus familias tengan deudas o incumplimientos que les impidan acceder a las mismas.
Otra de las novedades de la norma es que el foco se traslada de prevenir el maltrato a promover el buen trato y los afectos, para lo que se incluyen medidas trasversales como programas de orientación familiar para la corresponsabilidad, co-parentalidad positiva, promoción de horarios y condiciones laborales compatibles con la crianza, fomento de las competencias parentales y educación emocional en las aulas, entre otras.
El nuevo texto normativo además establece el acceso al ocio educativo como un derecho, y en este sentido se establece que durante la educación primaria se procurará que las actividades de aprendizaje programadas puedan hacerse dentro de la jornada lectiva, de manera que el exceso de deberes no reduzca el tiempo de juego, en atención a otra de las demandas planteadas por los niños y niñas.
En el ámbito de la protección se abre la posibilidad de que la Generalitat se persone como acusación popular en los casos de violencia contra las personas menores de edad. Además, en los casos de agresión machista o violencia intrafamiliar, el Consell impulsará que sea el agresor y no la víctima la que abandone el domicilio familiar.
Dentro del fomento de la desinstitucionalización, el proyecto incluye novedades importantes sobre la acción protectora que se ejerce sobre los chicos y chicas tutelados por la Generalitat una vez cumplen la mayoría de edad, como la creación de programas para la preparación de la vida independiente, que incluyen acceso preferente a la educación postobligatoria o a programas de inserción sociolaboral, entre otros.
