Junta de accionistas del Banco de Valencia celebrada el 14 de marzo de 2013. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El presidente de la Plataforma de Afectados del Banco de Valencia, Francisco Javier Martí Herraiz, ha realizado una extraña maniobra para apartar de los procesos judiciales a Begoña Salcedo, la abogada que durante cinco años ha liderado la defensa de los intereses de los pequeños accionistas de la entidad. La revocación de poderes se notificó al Tribunal Supremo el pasado lunes, día 4. Al día siguiente, la Sala Tercera del Tribunal Supremo tenía cita para debatir y votar el fallo sobre dos recursos de casación presentados por la Plataforma contra la operación acordeón aprobada por el Frob (dependiente del Banco de España) en el banco y la posterior venta de la entidad por un euro a Caixabank.
Martí acudió el pasado 22 de mayo a un notario para revocar los poderes de Salcedo y nombrar nuevo abogado a Roberto Braquehais Moreno. En la escritura de revocación, el notario Simeón Ribelles Durá destaca que Martí no acredita suficientemente su representación como presidente de la Plataforma aunque lo autoriza porque considera que es un error subsanable. En los documentos entregados en el Supremo y remitidos a Salcedo no consta que esas deficiencias se hayan subsanado
Enterada por el nuevo abogado, Roberto Braquehais, que le solicitó la venia, Salcedo no solo se la negó sino que presentó un escrito de alegaciones ante el Tribunal Supremo. En él considera que "se está actuando de forma personal y unilateral por parte de uno de los accionistas que forman parte de la Plataforma de Afectados del Banco de Valencia". Añade que no se ha celebrado ninguna asamblea ni junta directiva. Salcedo añade que defiende a la Plataforma "de forma altruista", dado que es una de las afectadas.
Valencia Plaza contactó este jueves con Javier Martí y con el nuevo abogado designado. Martí se excusó y colgó el teléfono al conocer la identidad de quién le llamaba. Braquehais respondió con un escueto: "No tengo nada que decir".
El letrado acudió el 25 de mayo, tres días después de su nombramiento, al mismo notario para revocar los poderes del procurador de la Plataforma, Ludovico Moreno, que es quien acude al Tribunal Supremo en representación de la asociación. En el escrito, el notario vuelve a advertir de que "la representación alegada continúa sin estar debidamente acreditada".
Begoña Salcedo se dirigió este jueves por escrito a sus asociados para relatarles lo ocurrido y solicitar su apoyo frente al intento de revocación. "En declaraciones a Valencia Plaza, señaló que tiene confianza en que las sentencias del Supremo sean favorables.
En concreto, anima a reclamar al presidente de la Plataforma la convocatoria de una junta general extraordinaria con dos puntos del orden del día: "información por la Letrada de la Plataforma Doña Begoña Salcedo Alagarda sobre el estado de los procedimientos instados en defensa de la los intereses de la Plataforma de los Afectados del Banco de Valencia" y "aclaración y justificación de su actuación unilateral llevado a cabo para intentar revocar los poderes de nuestra Letrada Doña Begoña Salcedo Alagarda para que actúe otro Abogado que a su vez ha intentado revocar los poderes de nuestro Procurador de Madrid D. Ludovico Moreno Martin-Rico".
Salcedo manifestó que presentará copia de estos escritos para reforzar sus alegaciones ante el Tribunal Supremo y que no descarta presentar una queja ante el Colegio de Abogados de Valencia.
De la decisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo no se sabe nada. Los dos recursos de casación se plantearon contra sendas sentencias de la Audiencia Nacional que desestimaban los recursos contencioso-administrativos plateados por esta plataforma de accionistas. En el primero de ellos rechazaban la operación acordeón del Banco de Valencia, aprobada por el Frob como administrador de la entidad tras su intervención. En el segundo se recurre la venta de la entidad por un euro a Caixabank. En ambos casos se argumenta que se vulneraron los derechos de los accionistas minoritarios.
En enero de 2013, Javier Martí justificaba así el recurso contra la venta del Banco de Valencia: "Supone una flagrante ilegalidad, al incumplir la propia normativa del FROB y carecer de la debida transparencia con el solo objeto de arruinar a los accionistas en beneficio de Caixabank, que ha comprado por un euro el Banco de Valencia y percibirá un crédito de entre 4.500 y 6.500 millones de euros, sin tener que pedir ella el rescate pues recibe esta cuantiosa ayuda de forma encubierta".
