VALÈNCIA. La Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana recibió un total de 180 denuncias en 2018, el 13% presentadas por cargos políticos, la mayoría de ellas en administraciones locales por cuestiones relacionadas con gestión de personal y contratación pública. También registró hasta 21 peticiones de protección de trabajadores de la administración, dos de ellos despedidos.
Durante el pasado ejercicio, el organismo incrementó su actividad con hasta 145 denuncias más que las 35 de 2017 -comenzó a funcionar en julio de ese año-, el 45% correspondientes a la administración local, con un total de 81; el 29% a la Generalitat (52), el 9% con las diputaciones provinciales (16), el 5% con el sector público del Consell (9), el 3% con el sector privado y el público provincial (5 en cada caso) y el 2% con Les Corts y el sector público local (3 en cada caso).
Así consta en la memoria de la Agencia Antifraude de 2018 que ha remitido este viernes el director, Joan Llinares, al presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera. Durante 2018 no se incoó ningún procedimiento sancionador, si bien advirtió a varias administraciones públicas y al sector público instrumental la posibilidad de hacerlo.
Entre los casos que recoge el organismo presuntamente relacionados con casos de corrupción está el de un trabajador del Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, adscrito a la Conselleria de Sanidad.
Este empleado fue despedido como consecuencia de la presentación de una denuncia sobre determinadas irregularidades en esta fundación. La relación entre la denuncia y el despido es apreciada por el Juzgado Social, que dictó la nulidad y condenó al pago de los salarios de tramitación y a una indemnización por daños y perjuicios.
A pesar de ello, el representante de la fundación supuestamente remitió un escrito al trabajador en el que le notificaba la no incorporación a su puesto y el abono de sus retribuciones. Ante esta situación, la Agencia Antifraude instó tanto a la fundación como a Sanidad a que fuera readmitido inmediatamente, algo que finalmente se ha producido.
Otros dos casos se produjeron en el Ayuntamiento de Benidorm (Alicante): el de presunto trato de favor a un funcionario de carrera y el de un opositor a un examen de selección de la Policía Local. En el primero, el trabajador denunció hechos supuestamente delictivos que afectaban a otros funcionarios municipales, uno de ellos ya condenado.
La Agencia Antifraude constató casualidad entre la denuncia y el inicio de seis procedimientos disciplinarios por parte de la Alcaldía, de los que solo prosperó uno de despido durante medio año. El Ayuntamiento recurrió esta sentencia "haciendo caso omiso" al organismo, que recoge en su memoria que constan escritos del alcalde, Toni Pérez, que "cuestionan la competencia de la agencia".
El Ayuntamiento de Benidorm solicitó la revisión de la orden de protección otorgada por la Agencia al funcionario, alegando que la información del los hechos que denunciaba el funcionario eran falsos, pero no acreditaba en absoluto la falsedad que alegaba. La Agencia mantiene la protección del funcionario y estos hechos están instruyéndose en el Juzgado.
El Ayuntamiento de Benidorm la hecho lo mismo con un opositor que ha denunciado irregularidades en la celebración de un ejercicio a policía local. Es decir, en los dos casos ha acusado a los denunciantes por información falsa como medida escapatoria de su responsabilidad. Los dos Asuntos estás en manos de la autoridad judicial y de la fiscalía.
También en Alicante, en el Ayuntamiento de Poble Nou de Benitatxell, tres integrantes del Gobierno municipal denunciaron unos hechos a Fiscalía referidos a otro funcionario, que fue protegido por el organismo. Hacían referencia a una supuesta falsificación de la firma para unos endosos fraudulentos.
En otro caso en el Ayuntamiento de Los Montesinos (Alicante), un funcionario denunció supuestas ilegalidades urbanísticas en un centro de ocio y otras edificaciones, contra el que recurrió a título personal el primer edil, José Manuel Butrón, "sin mencionar su condición de alcalde". Este recurso fue desestimado por la Agencia Antifraude.
Por otro lado, la contratista Minusval EIL, que presta servicios al Institut Valencià de Conservació i Restauració (Ivacor), de la Conselleria de Cultura, no atendió la resolución de protección de la por un trabajador con una discapacidad física despedido "de forma unilateral" y sin acreditar causas. La Agencia Antifraude destaca el hecho de que precisamente esta compañía tiene como objetivo la inserción sociolaboral de personas con discapacidad.
En estas dos últimas situaciones, el organismo señala que no se respetaron las peticiones de protección, lo que comportó la apertura del procedimiento sancionador correspondiente, y advierte su "falta de respeto a la ley autonómica" por alegar la falta de competencia de la agencia.
En general, la Agencia Antifraude abrió expediente durante 2018 un total de 21 solicitudes, fundamentalmente de funcionarios públicos, de las que admitió 14 y seis están pendientes de resolución. No admitió una por estar relacionada con la administración de justicia que no entra en su ámbito de actuación.
El organismo constató en todos los casos que los afectados sufrían represalias como consecuencia de haber denunciado o tenían miedo de tenerlas en un periodo breve. La mayoría eran de funcionarios de carrera, hasta diez, aunque también hubo de interinos (1), personal del sector público (6), trabajadores de empresas contratistas (2) y personal eventual (1).
En concreto, diez corresponden a la administración local, cuatro a sociedades mercantiles de la administración local, dos a la administración de la Generalitat, dos a empresas contratistas de la Generalitat, una a fundaciones del sector público de la Generalitat, una a una entidad de derecho público de la Generalitat y una última en otro ámbito. Un total de 12 fueron registradas en Valencia, ocho en Castellón y una en Alicante.
La mayoría de las peticiones se debían al acceso a la función pública y selección de personal (4), gestión de personal (4) y funcionamiento de los servicios públicos de cuerpos de policía local (también 4). Otras hacían referencia a contratación administrativa (3), urbanismo (2) y una tanto a subvenciones como a funcionamiento de servicios sociales y servicios de salud.
De las 180 denuncias, el 34% tienen que ver con la gestión de personal (61) y el 29% con la contratación pública (52). El resto corresponden a subvenciones (16), uso indebido de recursos públicos (13), urbanismo o medio ambiente (13), concesión de servicios (8) y gestión de activos o patrimonio (4), además de 14 relacionadas con otros ámbitos.
Por procedencia, 96 fueron presentadas en la provincia de Valencia, 34 en Alicante y 21 en Castellón. La mayoría se registraron por el buzón de denuncias (97), otras 50 por el registro general y 34 por correo electrónico. Por sexos, 59 fueron registradas por hombres y 17 por mujeres.
Y por cargos, la mitad de los denunciantes eran anónimos y la otra mitad personas identificadas. De estas, 28 eran particulares, 24 cargos políticos y también 24 empleados públicos, junto a cinco presentadas por sindicatos, cuatro por grupos políticos, cuatro por instituciones y una por una asociación.