El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares. FOTO: INMA CABALLER VALÈNCIA. (EFE) La Agencia Valenciana Antifraude (Avaf) ha presentado un total de 11 enmiendas a la nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, entre las que destaca la que plantea medidas para encaminadas a frenar la conocidas "puertas giratorias".
Así, se propone que en el régimen de incompatibilidades de la nueva norma se haga "alusión expresa al conflicto de interés entre los intereses públicos y los particulares, tanto durante el ejercicio del cargo, dada la necesidad de que prevalezcan los primeros en los procesos de toma de decisiones, como después de su cese".
También plantea, en relación con la aceptación de regalos, que cada administración concrete en sus respectivos códigos éticos y de conducta sus límites, concretando los umbrales máximos, así como las principales obligaciones de notificación, devolución, registro y publicidad de los regalos, según ha señalado en un comunicado.
El objetivo es sentar los cimientos del contenido ético común para todas las administraciones públicas, que sirva como marco sobre el que posteriormente cada una de las administraciones pueda adaptar a sus especiales características y circunstancias.
Asimismo, se propone que estos códigos sean de aplicación tanto para las personas que ocupan altos cargos como para el conjunto de personas que trabajan en las administraciones públicas.
Cuatro de las enmiendas presentadas a la ley, que se encuentra en trámite parlamentario, pretenden una regulación más completa, pormenorizada y coherente con la normativa vigente de los principios que deben regir la actuación de las personas al servicio de las administraciones públicas destinatarias de la Ley.
En concreto, se propone introducir los principios de ejemplaridad, neutralidad y buena administración, así como la necesaria rendición de cuentas no solo ante los órganos de control internos sino también ante órganos de control externos, con el fin de lograr una supervisión completa de las políticas públicas y su gestión.
Asimismo, se quiere ampliar el ámbito de operatividad del principio de participación pública a los procesos de elaboración de las normas y no solo en lo referente a la elaboración de las políticas públicas, lo que facilitaría una participación real y efectiva en los asuntos públicos del conjunto de la sociedad.
Otra de las enmiendas contempla la posibilidad de que, ante situaciones potencialmente constitutivas de fraude o corrupción, se alerte haciendo uso del buzón que esta Agencia Valenciana Antifraude tiene en funcionamiento a tal efecto.
En otra enmienda, la Agencia propone completar, con diferentes elementos y herramientas, el sistema de integridad institucional de la Comunitat Valenciana a impulsar por el Consell, ofreciéndose a prestarle asesoramiento en el diseño e implementación del mismo.
Entre dichos elementos y herramientas destacan: la identificación de los riesgos contrarios a la integridad pública y su contraste mediante un autodiagnóstico a realizar por cada organización; o la inclusión de unos contenidos mínimos de los planes de prevención, instando a su obligatoria adaptación y aprobación por cada entidad.
Por último, la Agencia propone completar el artículo 63.2 con los principales elementos a tener en cuenta para fomentar en cada administración la cultura de planificación y evaluación de las políticas públicas y su gestión.
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
