VALÈNCIA (EFE). La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado cuatro años y medio de prisión para el expresidente de Banco de Valencia José Luis Olivas y el ex consejero delegado Domingo Parra por presunta falsedad contable entre 2009 y 2010, y acusa también a otras doce personas.
Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España a finales de noviembre de 2011, al detectar un agujero de capital de unos 600 millones que fue subsanado con una aportación de 1.000 millones del FROB, antes de ser adjudicada en subasta a CaixaBank.
Además de a Olivas y Parra, el ministerio público acusa a otras doce personas, entre ellos el socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer, para el que solicita un año y medio de prisión como cooperador necesario en la falsedad de las cuentas de 2010.
Pese a las recomendaciones del Banco de España, la política expansiva marcada por el Consejo de Administración del banco e implementada por su consejero delegado -Domingo Parra- se mantuvo basándose en la aplicación de políticas de crédito caracterizadas por su "escasa prudencia y elevado riesgo".
Ante "reales" malos resultados del ejercicio 2009 se optó por efectuar una práctica contable dirigida a mantener una imagen de solvencia y rentabilidad de la entidad que no se correspondía con la realidad del estado de la misma.
Entre otras prácticas, la Fiscalía detectó que se autorizaron refinanciaciones a promotores inmobiliarios que de otra forma no podrían cumplir con el pago de sus cuotas, se asumió la práctica totalidad del riesgo de una serie de proyectos inmobiliarios a largo plazo en los que existían importantes dudas sobre su rentabilidad y se adjudicaron activos en pago de deudas no procediendo a la adecuada contabilización del valor de los mismos.
Asimismo, prosigue la Fiscalía, pese a que muchas de sus operaciones se encontraban defectuosamente documentadas, no se realizaron provisiones por dotaciones conforme a la normativa, y se autorizaron operaciones en contra de los intereses de la propia entidad por parte de sus máximos responsables, en connivencia - en ocasiones- con directivos y empleados.
Parte de ellas han sido ya objeto de otros procedimientos penales por posibles delitos de administración desleal.
Todo ello se tradujo en la aprobación de unas cuentas anuales, las de los ejercicios 2009 y 2010, que no reflejaban la imagen fiel, pues se basaban en ajustes contables dirigidos a "maquillar" tales resultados.
Además de a Olivas y Parra, la Fiscalía acusa a otras doce personas, entre ellas el auditor de Deloitte Miguel Monferrer, para el que pide un año y medio de cárcel, y los exvicepresidentes Antonio Tirado Jiménez -que llegó a ostentar la presidencia- y Celestino Aznar y los consejeros Agnes Noguera, José Segura y Silvestre Segarra, para los que solicita tres años para cada uno.
Asimismo, pide condenas de dos años y seis meses de cárcel para los también consejeros en aquella época Manuel Olmos, Irene Girona, María Dolores Boluda, José Luis de Quesada, Pedro Muñoz -que además presidía el comité de auditoría-, y Federico Michavila.
Como responsables civiles la Fiscalía señala a Bancaja y al Operador de Banca Seguros vinculado al Grupo; como responsables subsidiarios incluye a Bankia, -entidad en la que se integró Bancaja, accionista mayoritario de Banco de Valencia-, su matriz BFA y la auditora Deloitte, entre otros.
José Luis Olivas está a la espera de la sentencia del caso Bankia, en el que la Fiscalía Anticorrupción solicita para él cinco años de prisión por presunta falsedad en las cuentas de 2010, delito al que suma el de estafa a los inversores.
