Eduardo Zaplana, en el juzgado donde acude a firmar. Foto: EP/FRANCISCO MARTÍNEZVALÈNCIA. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito oponiéndose a la pretensión del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y del empresario Vicente Cotino -sobrino del fallecido Juan Cotino- de ser eximidos de las medidas cautelares que les obligan a acudir cada 15 días al juzgado para firmar. Ambos están investigados dentro del caso Erial, en el que se investiga el presunto amaño de contratos y adjudicaciones públicas para el cobro de mordidas y, posterior, blanqueo de las mismas.
La defensa de Zaplana había pedido la supresión o, alternativamente, la reducción de sus comparecencias ante el Juzgado de Guardia, acordadas como medidas cautelares dentro del caso Erial, al ser persona de riesgo de contagio de covid-19 por la enfermedad que padece, que le obliga a estar inmunodeprimido. El empresario Vicente Cotino, cuya declaración de la próxima semana ha sido suspendida debido a su enfermedad, había solicitado lo mismo que Zaplana.
Sin embargo, el fiscal del caso ha informado en contra de las pretensiones de ambos investigados. De hecho, el Ministerio Público explica en su escrito que el expresidente acude a lugares cerrados y sin ventilación, como es el gimnasio o restaurantes, sin ningún tipo de problema, por lo que, a su juicio, también puede acudir a la garita de las firmas, pues está situada al aire libre y, con la normativa actual, hay que mantener una distancia de seguridad que impediría que se contagie ninguno de los dos.
Será ahora la magistrada instructora la que decida si permite que no acudan los investigados o si, como dice el fiscal del caso, no modifica las medidas cautelares impuestas y obliga a que ambos acudan quincenalmente a rendir cuentas.
Durante el estado de alarma el expresidente no tuvo que acudir a su cita cada 15 días. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de València, Isabel Rodríguez, tomó la decisión a raíz de una decisión adoptada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
El CGPJ acordó suspender la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial que se impone como medida cautelar de prevención de fuga a los investigados en causas penales, si bien dio absoluta libertad a los magistrados para dictar lo contrario cuando lo consideren atendiendo a "circunstancias excepcionales".
En el caso de Eduardo Zaplana, además de la directriz del CGPJ, se tuvo en cuenta la enfermedad que padece y que, frente al coronavirus, le hace ser una persona de riesgo, ya que hacerle salir a la calle mientras que la pandemia estuvo descontrolada pondría en serio riesgo su estado de salud.
En el caso Erial se investiga el presunto amaño de la adjudicación de los contratos de las ITV y del Plan Eólico en la Comunitat, y el posterior pago de comisiones, entre otros, al expresidente Zaplana.
Entre los imputados se encuentran, además de Zaplana, los empresarios José y Vicente Cotino; los supuestos testaferros del expresidente Joaquín Barceló y Francisco Grau; el presidente de la mesa de contratación que adjudicó las ITV y jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, o la mujer y una de las hijas de Zaplana.
Asimismo están imputados el también expresident de la Generalitat José Luis Olivas, la exdiputada del PP Elvira Suanzes y empresarios como Francisco Pérez López, representante de una gasolinera y posible testaferro, y Saturnino Suanzes, abogado y posible gestor de fondos "b" y hermano de la citada ex diputada autonómica.
Los investigados están acusados de los delitos de prevaricación, malversación, fraude en la contratación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.
