VALÈNCIA. José Manuel Maza, fiscal general del Estado (FGE), sabía desde el minuto cero que Manuel Moix, actual fiscal jefe de Anticorrupción, salía en las grabaciones telefónicas realizadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entre el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el ex ministro Eduardo Zaplana, pero ello no fue óbice para que le nombrara fiscal jefe de Anticorrupción.
A Maza le informaron tanto desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF) como desde la jefatura de la propia Fiscalía Anticorrupción según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia. Ambas advertencias se realizaron por la preocupación que suponía que un corrupto “hablara de colocar a un fiscal manejable desde el PP”.
Sin embargo, el FGE y la Asociación de Fiscales, de corte conservadora y que también estaba informada del pinchazo de la UCO, hicieron caso omiso y encumbraron a Moix a la jefatura de Anticorrupción. Un nombramiento lleno de polémica desde el principio, tanto por las decisiones que tomó Moix cuando era fiscal jefe de Madrid, como porque era el único de los siete candidatos que no tenía experiencia previa en la materia. Es más, la preocupación no solo venía por el hecho de que “pudiera ser manejable, sino porque González asegura en la grabación que ya había intentado colocarlo en el cargo previamente, pero que no había podido”.
Es más, el preferido por los fiscales Anticorrupción era Luzón, a quien el FGE nombró teniente fiscal de la Fiscalía Técnica “para quitárselo de en medio”, afirman las fuentes, ya que Maza le dijo que aunque fuera candidato no iba a salir elegido como jefe de Anticorrupción.
En referencia a la conversación telefónica intervenida, este periódico se ha puesto en contacto con el ex ministro Eduardo Zaplaza quien “ha declinado hacer ningún tipo de declaración al respecto de este tema”, y ha recordado “que lleva 18 años retirado de la política”.
“La superioridad”
Fuentes cercanas a la Fiscalía no dudan en mostrar su preocupación ante la forma de actuar de Moix al frente de una fiscalía tan sensible y en el punto de mira como es Anticorrupción. Su última salida de tono se produjo al intentar evitar que se realizaran determinados registros en la operación policial que ha terminado con la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Ante la negativa de Moix, los dos fiscales del caso se acogieron al Artículo 27 del Ministerio Fiscal, para que fuera la junta de Fiscales de Anticorrupción la que votara y decidiera cuál de las dos posturas era la indicada.
Tal y como ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, Moix tenía el visto bueno de “la superioridad” para imponer su criterio, pero al llegar y ver el plante de sus subordinados aprovechó un receso de la junta para, “vía telefónica, llamar a esa superioridad y pedir permiso para cambiar su postura”, y las mismas fuentes explican que “tras terminar dicha llamada entró en la junta otra vez y cambió de criterio respecto a los registros de la Operación Lezo”.
El problema es que, según parece, Moix no fue nada discreto a la hora de llamar a “la superioridad” para pedir permiso y, eso, generó bastante enfado entre algunos de los presentes.
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