Anticorrupción, Blasco y Tauroni mantienen sus pactos y Generalitat y Coordinadora se oponen "radicalmente"

VALÈNCIA (EP). El fiscal de Anticorrupción Jesús Carrasco ha expuesto en su elevación de conclusiones provisionales a definitivas en el juicio por las presuntas irregularidades en subvenciones a ONG y el fallido hospital de Haití que respeta "en los términos más escrupulosos" los pactos que alcanzó en los días previos al inicio de la vista con los principales acusados, entre ellos el exconseller 'popular' de Solidaridad, Rafael Blasco.

Estas conformidades contemplan penas de tres años y medio de prisión para el exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni.

Así lo ha expresado el representante del Ministerio Fiscal este miércoles durante una de las últimas jornadas de este extenso proceso, correspondiente al segundo juicio del caso, en el que se juzgan dos piezas del conocido como caso Cooperación --2 y 3-- sobre las que Instrucción número 21 de València dio por concluida la investigación en 2017 por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

Por estas piezas, Anticorrupción solicitaba 16 años de cárcel para Blasco y pedía como responsabilidad civil la cantidad de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat. No obstante, la pena más elevada que reclamaba el fiscal es para Augusto César Tauroni, hasta 21 años y medio de cárcel.

Sin embargo, los acuerdos a los que han llegado estos acusados contemplan penas inferiores --de tres años y medio para los principales procesados--. Los acusados que han llegado a un acuerdo con la Fiscalía son, además de Blasco, Augusto César y Arturo Tauroni; la ex secretaria general de la Conselleria, Tina Sanjuán; el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares, así como Alina Indiekina Lisenko y María Isabel Castillo López.

Frente al respeto "escrupuloso" a estos pactos manifestado por el fiscal, las otras dos acusaciones --Abogacía de la Generalitat y Coordinadora Valenciana de ONGD--- han mostrado su total oposición. "Nos oponemos radicalmente a las conformidades", ha dicho la letrada de la Generalitat.

Por su parte, la práctica totalidad de las defensas han sostenido que también respetan los pactos alcanzados con las distintas acusaciones y solo han mostrado su rechazo a la responsabilidad civil global que ha fijado la Abogacía, de 5,3 millones de euros. Además, la mayoría de estas, entre ellas la de Blasco y Tauroni, han pedido que Generalitat y Coordinadora paguen las costas del juicio por "dilatar innecesariamente el juicio" y han denunciado la "ilegitimidad" que consideran que afecta a la Coordinadora en este proceso judicial.

Así, las posiciones de los principales procesados y las acusaciones particular y popular se han mantenido distantes. La abogada de la Generalitat ha señalado que respeta "todo lo expuesto" en los acuerdos en los que esta parte participó, pero mantiene su acusación inicial y su negativa a pactar en el caso de Blasco, los hermanos Tauroni y Llinares.

Sí está de acuerdo, en cambio, con los acuerdos firmados con Tina Sanjuán, María Isabel Castillo y Alina Indiekina Lisenko y ha eliminado el delito de tentativa de malversación sobre la exjefa de Servicio María Dolores Escandell, por lo que solo mantiene la acusación por prevaricación como cooperadora necesaria y pide por ello seis meses de inhabilitación especial ajustada a materia de subvenciones.

Los acuerdos que incluyen a Fiscalía y Abogacía son el del ex director general de la Conselleria José María Felip; Alfonso Navarro; el presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, y Jesús Urquiza.

Posición de la coordinadora

Por parte de la Coordinadora, el abogado Raúl Vidal ha confirmado que las conformidades que incluyen a las tres acusaciones se mantienen igual. Es el caso de Andrés Chust, Rosa María Castelo, Alberto Pampín, Luis Freire, José Bollaín y Miguel Ángel Climent Estruch. Asimismo, se ha adherido a otros pactos, como es el caso del alcanzado con María Isabel Castillo, Jesús Urquiza o Fernando Cañete.

Esta entidad mantiene sin embargo su acusación en lo que respecta a otros 13 procesados, entre ellos los principales protagonistas de esta red. Esta postura, sumada a la de la Abogacía de la Generalitat y ambas así enfrentadas a la posición de Fiscalía, llevará a que el tribunal tenga que decidir entre respetar lo acordado por Anticorrupción y la mayoría de acusados o incrementar las penas dentro de los límites más amplios demandados por las acusaciones particular y popular.

Quejas de las defensas por las RC

Las principales quejas de los abogados de las defensas han ido dirigidas al incremento en la responsabilidad civil global que se pide a los acusados. Los porcentajes a los que tendrán que hacer frente los procesados se mantienen, pero la cifra total ha ascendido desde los 4.639.840 euros que solicitaba Fiscalía a favor de la Generalitat en un principio a los más de 5,3 que ha fijado ahora la propia Abogacía y que han respetado las otras acusaciones.

Javier Boix, letrado de Blasco, José Vicente Gómez Tejedor, letrado de Tauroni, y la gran mayoría de letrados han criticado duramente esta circunstancia y han reivindicado que se respetara la cifra original que, según han subrayado, figuraba en los acuerdos que se firmaron.

Ante esto, el fiscal Carrasco ha defendido que no se ha modificado en lo sustancial lo relativo a la responsabilidad civil, sino que únicamente ha cambiado "el quantum" pero, ha agregado, "es algo menor". Además, ha sostenido que quien debe fijar esta cuantía es la Generalitat, al ser la perjudicada por el desvío de fondos: "Donde manda patrón --o patrona-- no manda marinero", ha apuntado en referencia a la abogada de la Generalitat.