El presidente de Aerte, José María Toro. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA(EFE). La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha mostrado su rechazo a la decisión de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad de prohibir la ocupación del 10 % de las plazas de los centros, que puede llegar al 15 %.
El objetivo de la Conselleria con la resolución publicada en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) que regula los centros para personas mayores es que estas plazas queden libres para llevar a cabo aislamientos, pero "va a provocar la pérdida de unas 3.000 plazas aproximadamente", según el presidente de Aerte, José María Toro.
En un comunicado, Toro ha afirmado que no entienden que no se permita utilizar estas plazas "cuando ayer se denunciaba por expertos del sector la necesidad de 22.000 plazas más".
El informe "Situación y evolución de los servicios residenciales para personas mayores en España y en cada una de las Comunidades Autónomas (2010 / 2019)" de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales recogía el déficit de casi 22.000 plazas en la Comunidad, lo que la sitúa con el segundo ratio más bajo tras Murcia.
También indicaba que en 2019 hay 149 plazas menos que el año anterior y 494 menos que en 2010.
Aerte ha mostrado su rechazo a esta decisión por reducir "de manera muy importante la capacidad del sector de atender a personas en situación de dependencia" y que, a su juicio, "va en contra de lo que se había acordado con las entidades que operan en este ámbito en las anteriores regulaciones de mayo y agosto, modificando el criterio sin contar con el sector".
"El sector no ha cuestionado la necesidad de llevar a cabo los aislamientos en los centros pero ha defendido la posibilidad de hacerlo mediante la reubicación de las personas residentes, o mediante espacios comunes adaptados, lo que permite mantener las plazas y la capacidad de atención del centro", ha explicado.
Según Toro, "la dependencia no se para por la covid-19. Esto va a provocar una mayor dificultad para atender a personas dependientes que necesitan estos centros, ya que reduce el número de plazas de la Comunitat en casi 3.000 plazas cuando ya cuenta con uno de los ratios más bajos de España".
La resolución, según ha explicado, también prohíbe los nuevos ingresos en centros que se encuentren en zonas de alerta 3, actualmente el 85 % de la población de la Comunidad Valenciana, aunque no tengan brotes abiertos salvo emergencia social indicada por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad.
Aerte se ha mostrado favorable a que estos centros puedan hacer nuevos ingresos para asegurar estos servicios a las personas que lo necesiten, como se estaba haciendo hasta ahora, con PCR negativa y aislamiento preventivo de diez días, lo que permite mantener un nivel de seguridad adecuado.
Ademas, Aerte ha planteado la necesidad de ampliar la campaña de vacunación e incluir a todas las viviendas tuteladas de atención a salud mental y, en el supuesto de las personas con dependencia atendida en sus domicilios, a los profesionales que les prestan servicio en sus propias casas.
"Si en residencias y en centros de día se va a vacunar a los residentes y al personal, creemos que en el caso de los servicios de ayuda a domicilio y en las viviendas con apoyo debe hacerse de la misma manera para proteger la salud de los más vulnerables", ha concluido Toro.
