VALENCIA. El sintagma 'Gobierno en funciones', como si de un cartel de 'fuera de servicio' se tratase, lleva meses sirviendo de argumento al Ejecutivo central para no abordar una serie de tareas pendientes en la Comunitat. Cuestiones nucleares para la autonomía como la reforma de la financiación autonómica o el nivel de su objetivo de déficit se han encontrado con este muro de contención, una excusa que por fin ha sido derribada. El siguiente artículo trata de ser un compendio de aspectos que ya pueden resolverse en la región con la formación del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy:
La reforma del sistema de financiación es, sin duda, la madre del cordero. El principal caballo de batalla del Consell, el de lograr una financiación justa para la autonomía, se ha topado desde el principio con el problema de la interinidad del Gobierno central, que ha tirado de este argumento para no afrontar esta cuestión. Ya ocurrió durante el segundo semestre de 2015, cuando el Ejecutivo central se encontraba en la recta final de su mandato con la mirada fija en las elecciones de diciembre. Pero tras los comicios nada cambió. Llegó el prolongado periodo transcurrido 'en funciones' mientras PP y PSOE trataban de sumar los apoyos necesarios para llegar a la Moncloa. Tal escenario fue la excusa perfecta para posponer tamaña reforma, todo a pesar de que incluso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoce el agravio hacia la Comunitat.
La reacción de la Generalitat a esta 'no reforma' de la financiación autonómica ha sido presentar dos presupuestos consecutivos -los de 2016 y los de 2017- en los que, reacia a contar con una financiación inferior a la que le corresponde, incluye una "partida reivindicativa" de ingresos ficticios. En el presente ejercicio tal estrategia ha resultado estéril y ha obligado al Consell a reformular el presupuesto incluyendo recortes, un precedente que amenaza con repetirse el año que viene. Está por ver si el Gobierno Central está dispuesto o no a resolver este complejo problema en la legislatura que ahora comienza.
El Gobierno también alegó que se encontraba en funciones para congelar el objetivo de déficit de las autonomías en el 0,3% del PIB, todo pese a haber aprobado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado mes de abril, su elevación al 0,7%. Esta diferencia, en el caso de la Comunitat, se traduce en contar con 400 millones de euros más de financiación vía FLA que no han llegado. La Generalitat sostiene que el Ejecutivo puede aprobarlo pese a su interinidad y considera su argumento una excusa.
La situación, sin embargo, estaba en vías de solución. Finalmente el Gobierno de España pasó la pelota al Congreso de los Diputados para que fuera la Cámara Baja la que autorizara el incremento del déficit. Pero en mitad de este proceso Rajoy ha conseguido formar gobierno y ahora basta con un acuerdo en el próximo Consejo de Ministros para desbloquear esta cuestión.
Otro asunto bloqueado por la llegada de las elecciones de diciembre fue la liberalización del transporte de pasajeros, en concreto la explotación del AVE entre Madrid y la Comunitat -línea escogida por el Gobierno para iniciar la introducción de una empresa privada en el mercado para competir con Renfe-. Desde el entonces Ministerio de Fomento de Ana Pastor -hoy presidenta del Congreso- se aseguró en repetidas ocasiones a lo largo de 2015 que el pliego de condiciones del contrato estaba apunto de publicarse. La intención era adjudicarlo en aquella legislatura.
Nada más lejos de la realidad. El proceso, que ya suscitaba polémica por sus condiciones -los potenciales adjudicatarios no lo veían rentable y pedían una rebaja de los cánones así como la fijación del precio para alquilar a Renfe el material rodante-, ha permanecido en un cajón durante todo 2016. Está por ver si ahora el Gobierno recupera o no esta iniciativa y si, en caso de hacerlo, logra sacarla adelante en el Congreso, donde ya no disfruta de mayoría absoluta.
Reconocido por la propia Isabel Bonig, la Comunidad Valenciana, en general, pero sobre todo la provincia de Alicante sigue teniendo un déficit en infraestructuras claves. Con el AVE ya en Alicante y a falta de concretar su conexión con Murcia, el tren de la costa es la gran reivindicación de todo el litoral y de los empresarios. El informe técnico está hecho y las alegaciones presentadas. El gran hándicap es vencer el criterio que desaconseja su construcción, aunque los principales valedores del proyecto consideran que el informe que sustenta la negativa no recoge la demanda total que pudiera tener esa infraestructura viaria. Ahora, como coinciden muchos, es cuestión de voluntad política, sobre todo, por parte de Madrid y de la financiación. En materia viaria, Alicante sigue sin accesos viarios en condiciones para llegar al aeropuerto y las variantes a la N-332 de Benissa, Altea o Gata de Gorgos necesitan una determinación: o se ejecutan o se abordan dentro del debate de la liberalización de la autopista AP7, la gran asignatura pendiente. El desdoblamiento de la N-332 a su paso por Torrevieja también está en el aire.
La renovación de Iñigo Méndez de Vigo como Ministro de Educación, y ahora también portavoz del Gobierno, amenaza con tensar las relaciones entre el Ejecutivo estatal y autonómico. Ambos mantienen visiones totalmente antagónicas sobre la reforma educativa, hasta la fecha congelada por la permanencia en funciones. Ahora ha llegado la hora de acometer la implantación total de la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), herencia recibida del anterior ministro José Ignacio Wert, y rechazada frontalmente por la izquierda. Méndez de Vigo tratará de consolidarla, pero con suavidad. Ha empezado mencionado las palabras mágicas: "Gran pacto de Estado por la educación".
Cabe recordar que las comunidades socialistas -entre ellas la valenciana- se organizaron durante el curso pasado para ‘boicotear’ la celebración de las reválidas de Primaria. Este año la principal batalla se librará en Bachiller. Si bien el Gobierno ya indicó que las pruebas no tendrán “efectos académicos” y solo será necesario superarlas si se quiere acceder a la Universidad, el Consell también ha anunciado la interposición de un recurso contra el Real Decreto 310/2016 por el que se regulan las características generales de estos exámenes.
La formación del nuevo Gobierno de Rajoy también desatasca la solución a la financiación estatal del transporte metropolitano de Valencia. Para Alicante y su área metropolitana, la Generalitat ya trabaja en una solución conjunta que abarcaría Elche, pero que se financiará con fondos autonómicos y municipales. El Consell reclama 38 millones de euros para 2017 al considerar que la capital del Turia ya reúne las mismas condiciones que Madrid y Barcelona para acceder estos fondos. Sin embargo, según traslada la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda replicó al respecto que no podía incluir esta aportación al encontrarse en funciones. Formado ahora el Gobierno, el Ejecutivo se ha quedado sin su principal argumento para negar estos fondos a la autonomía. Cabe recordar que Les Corts aprobaron una PNL -con los votos a favor del PP- reclamando esta aportación por parte del Estado.