Abren juicio a Rus, Caturla, Rubio y otras 23 personas por los 'zombies' en Imelsa y Ciegsa 

VALÈNCIA. La juez sustituta del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra las 26 personas acusadas en las piezas separadas B y F del denominado caso Taula. Una investigación referida a los llamados 'zombies' de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, empleados que cobraban pero no acudían a su lugar de trabajo o que realizaban labores que no correspondían a su puesto.

Entre los que se sentarán en el banquillo figuran el que fuera presidente de la Diputación de Valencia y del PP de esta provincia Alfonso Rus; el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla; el exgerente de Imelsa Marcos Benavent; el que fuera jefe de Gabinete de Rus, Emilio Llopis; y varios exdiputados provinciales, como el hasta la semana pasada subdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio (destituido tras su supuesta implicación en otro caso, Azud). 

La instructora abre juicio por delitos de pertenencia a organización criminal y delitos continuados de malversación, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial cometidos por funcionarios públicos.

Señala como órgano para el enjuiciamiento de la causa la Audiencia Provincial de Valencia y requiere a los acusados para que presenten fianzas que suman en su conjunto más de 3,8 millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles.

El el auto de procesamiento, la juez señalaba que Rus, Caturla, Benavent y Llopis, considerados cabecillas de la trama de Taula –aunque Benavent es ahora colaborador de la justicia–, usaron las contrataciones de Imelsa en beneficio propio y para pagar favores: "Atendiendo a sus intereses personales y particulares, utilizaron a Imelsa en beneficio propio, procediendo a la contratación de trabajadores para responder a favores solicitados por terceras personas, siendo que en muchos de los casos no desempeñaban ningún trabajo para dicha empresa pública, y con conocimiento y consentimiento de todos ellos".

En estas piezas de la macrocausa, recordaba, se indaga en la "contratación laboral, aparentemente simulada, de determinadas personas que no habrían ejercido actividad laboral efectiva alguna para la empresa". También "determinadas extinciones de contratos de trabajo, ante la sospecha de que, atendiendo al coste económico empresarial, pudieran encubrir algún tipo de maquinación concertada entre empleador y empleado para obtener un innecesario y arbitrario enriquecimiento de estos últimos a costa de recursos públicos". 

Tal y como se indicaba en el informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, las incorporaciones de personal en la empresa pública se hicieron obviando el procedimiento que garantiza los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia e imparcialidad a que hace referencia la ley. Tampoco se respetaron las limitaciones de personal impuestas en la normativa. 

En el auto, la juez enumeró a 12 personas contratadas desde 2009 en Imelsa por orden de Rus "que percibieron salarios sin haber desarrollado ningún trabajo efectivo para esa empresa de la Diputación". Entre ellas desde el alcalde de la localidad de Cofrentes hasta un jugador del Club Deportivo Olímipic de Xàtiva, el club de fútbol que presidía el propio Rus.