AIReF pide parar el programa de reindustralización y revisarlo por su "modesto" impacto y su "elevado" coste

MADRID (EP). La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) constata que el programa de reindustralización y competitividad industrial "no mejora la competitividad empresarial" y su impacto en la inversión y el empleo de las empresas es "modesto", mientras que estima que tiene un coste financiero y de morosidad "muy elevado".

Así se desprende del sexto proyecto de revisión del gasto público ('spending review') centrado en el fortalecimiento de la competitividad empresarial, en el que concluye que el Programa de Reindustrialización y Competitividad Industrial (RCI) no mejora la competitividad empresarial y propone que no se continúa en su definición y estado actual hasta que se revise.

El programa, que en la actualidad recibe le nombre de apoyo a la Inversión Industrial Productiva, consiste en la concesión de préstamos para el desarrollo de proyectos industriales de manera directa por parte del ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En el periodo evaluado, referido a las convocatorias desde 2008 hasta 2016, se otorgaron cerca de 4.900 millones de euros en préstamos, de los que a finales de 2017 su saldo vivo era aproximadamente de 3.300 millones de euros.

Tras analizar información relativa a las 11.200 solicitudes realizadas entre 2008 y 2016 y la respuesta de 480 empresas beneficiarias, la AIReF concluye que el programa no mejora la competitividad empresarial, ya que no encuentra "efectos significativos" de largo plazo tras la participación en el programa, y detecta un impacto "modesto" en inversión y empleo por convocatoria. El organismo cifra el impacto en inversión y empleo por convocatoria en 4.700 puestos de trabajo y 208 millones de euros.

Coste de 830 millones de intereses

Según la AIReF, el impacto diferencial desaparece a los cinco años y conlleva un coste financiero y de morosidad "muy elevado". En concreto, el coste público de cada puesto de trabajo es casi cinco veces mayor que el subsidio por desempleo máximo, y por cada euro invertido, la Administración tiene un coste de 55 céntimos de euro.

Entre 2008 y 2016 se financiaron unos 5.000 proyectos por cerca de 4.900 millones de euros, beneficiando solo en torno al 2% de las empresas industriales. Desde 2013 el RCI otorga unos 400 millones de euros a cerca de 300 empresas al año, y en total, solo un 4,5% de las empresas industriales españolas han solicitado el RCI; resultando beneficiarias en torno a la mitad.

Respecto al coste, en el período de evaluación (2008-2016) el coste es del orden de los 1.000 millones de euros, unos 210.000 euros por préstamos. A pesar de que las mejoras de gestión han contribuido a la reducción de las pérdidas en los últimos años, la AIReF estima que la pérdida incurrida es un suelo, pudiendo llegar hasta los 670 millones de euros, y el coste total del programa 1.260 millones de euros.

Específicamente el coste por los intereses que tenía que pagar el Estado por endeudarse fue especialmente alto los primeros años, alcanzando los 640 millones de euros en las convocatorias entre 2008 y 2011, y menor (88 millones) en las últimas convocatorias entre 2012 y 2016. En total, el coste por intereses ha alcanzado los 830 millones.

La Autoridad Fiscal también constata que la difusión pública del programa es "insuficiente", con "alta dependencia" de intermediarios en el proceso de solicitud y concentración en empresas ya beneficiarias. Concretamente, señala que menos de un tercio de las empresas participantes ha tenido conocimiento del programa a través de un medio público y que el porcentaje de repetición está cerca del 45% desde el año 2011.

Objetivos "no cuantificables"

Igualmente, fuentes del organismo han advertido de que el programa no se alinea de forma clara con las necesidades identificadas y es "muy difícil" medir si sus metas se han cumplido o no ya que no tiene objetivos "cuantificables", aparte de que son muy similares a los de otros programas del Ministerio de Industria.

A esto se suma que no hay experiencias equivalentes a nivel internacional, ya que la gestión directa de los préstamos desde la propia administración pública (Industria concede las ayudas y Hacienda se encarga del seguimiento del cobro), sin intermediarios financieros, sin colaboración público-privada y con un enfoque "generalista" no coincide con otra iniciativa de países del entorno.

Por último, la AIReF detecta que el programa se gestiona con procedimientos "poco eficientes" derivados de la aplicación de la Ley General de Subvenciones, y ve que los procesos de publicación y solicitud son "complejos", la evaluación es "poco flexible", el proceso de justificación es "lento" y el seguimiento está "descoordinado".

Propuestas

Por ello, la AIReF propone no seguir desarrollando el programa en su estado actual, sin una redifinición de su marco estratégico que permita reevaluar las necesidades y aspectos a mejorar en el tejido industrial, así como redefinir y cuantificar los objetivos a medio plazo, clarificar los ámbitos de actuación.

Además, plantea la necesidad de complementar un nuevo diseño estratégico del programa con medidas relativas al instrumento a utilizar, y considerar la posibilidad de crear un fondo de capital acumulativo con la dotación presupuestaria durante un número concreto de anualidades, desarrollar un modelo de garantías que apalanque fondos del sector privado, complementar la oferta de apoyo de otros organismos a través de préstamos espejo o compartir riesgos con el sector bancario, lo que supone financiar un porcentaje siempre que haya financiación bancaria equivalente.

Por último, insta a considerar alternativas al modelo de gestión que podrían pasar por traspasar el presupuestos del programa a un intermediario financiero público fuera de la Ley General de Subvenciones, intermediar la ejecución del apoyo financiero a través del sector privado, unificar la gestión de instrumentos financieros en una unidad global o crear un foro de coordinación de entes concedentes de préstamos públicos de la Administración General del Estado sobre oferta de instrumentos de apoyo.