VALÈNCIA. Un año más, los valencianos tienen la ocasión de salir a la calle el 9 d'Octubre para celebrar su aniversario. La tradicional entrega de distinciones de la Generalitat abrirá una jornada que, tras el correspondiente discurso del jefe del Consell, Ximo Puig, continuará con la procesión cívica tras la Real Senyera. Un día, sin duda, para conmemorar pero también para aplicar un proceso de reflexión que, al final del mismo, permita a la ciudadanía responder sobre cuánto de orgullosa debe estar sobre la situación que atraviesa la Comunitat Valenciana.
Probablemente, el reto más complejo que tienen los dirigentes políticos es el eterno sostenimiento de la ilusión. En 2014, este diario publicaba tal día como hoy un artículo titulado: 'Hacia una autonomía de símbolos pero sin autogobierno'. En aquel texto, se dibujaba la agonía del último gobierno del PPCV con un presidente, Alberto Fabra, ninguneado desde Madrid, torpedeado por su partido y naufragando en la gestión fruto de unas arcas quebradas.
Un año después, en el tradicional análisis de Valencia Plaza, se exponía el esfuerzo del recién estrenado Botànic I -formado por PSPV, Compromís y el apoyo externo de Podem- por recuperar la mencionada ilusión. 'La desesperada carrera en busca del autogobierno perdido', rezaba el titular de un artículo que relataba todas novedades aplicadas por el gobierno progresista para la celebración de tan señalada jornada: apertura de puertas, actos, exposiciones, visitas guiadas...
Pero más allá de las manifestaciones culturales y folclóricas del día de Sant Donís, también se describía el último acuerdo alcanzado por todos los partidos en Les Corts para reclamar la remodelación urgente del sistema de financiación, la deuda histórica valenciana y un blindaje de las inversiones ajustadas a la población.
Unas reivindicaciones -activas desde tiempo atrás- pero que se pusieron sobre la mesa con especial énfasis en aquella efervescencia inicial del Botànic I y que, este miércoles 9 d'Octubre de 2019, cuatro años después, siguen tan vigentes como el primer día. Ni primero el popular Mariano Rajoy ni después el socialista Pedro Sánchez han solucionado ninguno de estos problemas que son el primer gran escollo para el autogobierno valenciano. Sin la financiación adecuada, la Generalitat no alcanza siquiera a cubrir los servicios públicos básicos y, sin ello, se hace casi imposible el avanzar en otro tipo de proyectos que apuntalen el desarrollo de la economía, la innovación o las infraestructuras.
Así, la reforma del sistema de financiación autonómica -caducado desde 2014-, sigue siendo la 'patata caliente' que pasa de manos de PP a PSOE. El problema de Cataluña y el deseo de evitar un conflicto entre CCAA, especialmente en un contexto de cuatro elecciones generales en cuatro años, han convertido a esa necesaria remodelación para los valencianos en un mero recurso utilizado en los mítines electorales. Si Rajoy la prometió en enero de 2017 y nunca cumplió, aunque algo sí avanzó, el propio Pedro Sánchez, hace solo unos días en València, aseguró que la reforma era "un clamor" pero que la acometería "en los próximos cuatro años", después de no haber hecho nada desde junio de 2018. ¿Cuatro años más?
Sobre la deuda histórica -que otras CCAA sí cobraron- precisamente causada en parte por el mal reparto del sistema, los grandes partidos hablan bien poco. Incluso existe cierto decaimiento en las fuerzas políticas de la Comunitat: si los sucesivos gobiernos centrales ni siquiera se atreven a reformar la financiación, ¿van a paliar el maltrato específico de un territorio?
El único pequeño fogonazo del último año fue la aprobación en el Congreso de la reforma del Estatuto valenciano -¡con siete años de retraso!- que establece que las inversiones del Estado en esta Comunidad sean equivalentes al peso demográfico de la región. ¿Se ha aplicado esto? El único clavo al que agarrarse, al menos para los socialistas, es que en el presente ejercicio los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que Pedro Sánchez llevó a la Cámara Baja sí se aproximaban notablemente a esa exigencia pero, precisamente el rechazo de PP, Ciudadanos e independentistas a las cuentas abocó al país a unas elecciones generales.
Después, la falta de acuerdo ha conducido al país a otros comicios que se celebrarán el 10 de noviembre: así que ni PGE, ni financiación, ni deuda histórica. Solo otra campaña más y un Gobierno valenciano planteándose prorrogar sus cuentas. Por tanto, en estos últimos meses, el Consell solo puede congratularse de recibir el extraFLA y posiblemente las entregas a cuenta. Lo mismo que daba el anterior Ejecutivo del PP.
Más allá de esta realidad en la relación Comunitat Valenciana-España que mantiene en una situación débil el autogobierno, tampoco el Botànic II parece el mismo.
El inicio de legislatura está siendo convulso y, en estos primeros pasos, se aprecia que la desconfianza está pudiendo con aquella ilusión que se percibía en 2015.
Un escenario poco halagüeño para la alianza a tres -PSPV, Compromís y Unides Podem- en el Ejecutivo que algunos altos cargos ya admiten internamente. "Si seguimos así, al Consell le doy dos años y medio como mucho", afirmaba días atrás un importante responsable del Gobierno valenciano en privado a este diario.
Con esta reflexión y recordando que, estando unido, el Ejecutivo valenciano no ha logrado conseguir los grandes objetivos que perseguía más allá de sus fronteras, las perspectivas de conseguirlos no se antojan más cercanas aunque, siendo un día de celebración, puede fingirse que todo va bien recordando los avances y victorias del Botànic en estos últimos años.