VALÈNCIA. Ahora hace un año que, en esta misma simbólica jornada, Valencia Plaza se preguntaba cuál era el camino a adoptar por el Consell y el pueblo valenciano una vez realizado el exhaustivo diagnóstico de la situación económica y social de la Comunitat y, en definitiva, constatando los peligros que nos amenazan en esta particular y apasionante aventura que es el autogobierno.
Curiosamente, desde principios de año, el Gobierno de Mariano Rajoy pareció recoger con brío el guante que se había cansado de lanzar el Ejecutivo valenciano a cuenta de la perentoria reforma del sistema de la financiación. Así, allá por enero, el presidente y líder del PP se comprometía en la Conferencia de Presidentes –sí, ¡la convocó!- a la citada remodelación en el presente ejercicio y permitía, de esta manera, regresar al jefe del Consell, Ximo Puig, con una sonrisa de oreja a oreja convencido de que –al fin- su discurso sobre la existencia del ‘problema valenciano’ había calado.
Sorpresa. La citada reforma se encuentra ahora mismo encallada. Tras las preceptivas reuniones de expertos que, en sus conclusiones, desvelaron –segunda sorpresa- que los valencianos estaban gravemente infrafinanciados, todavía no se ha convocado a los representantes políticos de cada autonomía para afrontar soluciones y, en definitiva, alumbrar un nuevo modelo –el existente, que perjudica a los valencianos, lleva caducado desde 2014- en el presente ejercicio.
No se ha quedado de brazos cruzados Ximo Puig, que consiguió una reunión con Rajoy a principios de septiembre. Una cita en la que el presidente del Gobierno le aseguró la “voluntad política” de cumplir su palabra y culminar la reforma del sistema este mismo año. Y no solo eso: dio orden de que su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, se encontraran con el Gobierno valenciano en las siguientes semanas para tratar asuntos como la tasa de reposición en la función pública o las inversiones en infraestructuras de cara a los Presupuestos de 2018. Unas cuentas que, por el momento, ya se han aplazado.
Puestos a hilar fino, Puig ya se reunió con Montoro para hablar de la tasa de reposición en marzo de este mismo año –si hay novedades, bienvenidas sean- y en cuanto a De la Serna, ha venido varias veces a la Comunitat en los últimos meses con alguna que otra promesa sobre el túnel pasante y el Parque Central.
No obstante, y es digno de mención: la semana pasada, el titular de Fomento se marcó la semana más valenciana de cualquier ministro del ramo en toda la historia reciente. Primero, con su presencia en Madrid en la reivindicación de la AVE por el impulso al Corredor Mediterráneo y, al día siguiente, con su visita a València para anunciar 800 millones de euros –aunque sin concretar plazos ni fechas- para los trenes de Cercanías en la Comunitat. A todo ello hay que sumar, que también parece cerrada la reunión con Montoro prometida y que tendrá lugar las próximas semanas.
Llegados a este punto, podría pensarse que en este ejercicio se han derribado unos cuantos ladrillos del muro madrileño. Los valencianos hemos conseguido que en 2017 se ponga sobre la mesa la reforma del sistema de financiación, que se encienda -de verdad- el foco sobre el Corredor Mediterráneo o que un ministro de Fomento pise la Comunitat en reiteradas ocasiones con anuncios bajo el brazo. La pregunta es, ¿nos lo creemos?
Esta sensibilidad repentina del Gobierno central hacia la Comunitat en pleno huracán soberanista catalán arroja dudas sobre si las cosas están cambiando o simplemente es una situación coyuntural. La realidad es que en breve concluirá 2017 y se antoja difícil que la reforma del sistema de financiación esté lista este año, dado que ante el problema independentista Rajoy no desea abrir el melón de un debate que, a buen seguro, va a generar fricciones interautonómicas y para lo que necesita, además, una mayoría que no posee en el Congreso.
Todo esto, tiene que ver -y mucho- con el 9 d’Octubre, Día de la Comunitat. Sin una financiación justa, los valencianos perdemos autogobierno puesto que no podemos desarrollar nuestras competencias. Sin inversiones adecuadas para infraestructuras básicas, los valencianos perdemos la posibilidad de ser altamente competitivos y que nuestros sectores económicos se desarrollen internacionalmente. Así que, indudablemente, es esencial saber si el actual Consell, ayudado por la sociedad civil, ha conseguido derribar ladrillos o simplemente está persiguiendo los espejismos que le proyecta el Gobierno de Rajoy.