500.000 libros, 0 responsables: el Consell se olvida de buscar culpables en el despilfarro de los libros institucionales

VALÈNCIA. La supuesta malversación de dinero público sucedida en torno al sistema editorial valenciano sigue impune. El más de medio millón de libros, folletos, CDs y DVDs encargados por Generalitat, Corts, sindicaturas, consellerias, Biblioteca Valenciana, fundaciones y museos de todo tipo a lo largo de las dos últimas décadas se acumula en 790 palés de un almacén de Riba-roja. Un año y tres meses después de que el actual Gobierno presentase una lista preliminar de 375.000 libros y 2.100 títulos, pese a la promesa de identificar a impresores y editores recurrentemente beneficiados por el sistema, esa relación de sospechosos habituales se desconoce pese al reciente inventariado que ha realizado la empresa que ahora posee -tras lograr la licitación en 2016- físicamente los volúmenes.

Este martes la cifra de 375.000 libros era actualizada en las páginas del diario Levante: 484.658 volúmenes. El dato está lejos de ser el definitivo, ya que solo el Institut Valencià d'Art Modern tiene entre 100 y 200.000 libros más en otro almacén, la Llum de les Imatges, por su cuenta, tiene otros 7.500 todavía no insertos en la lista y el director general de Relaciones con Les Corts, Antonio Torres, asegura que todavía quedan muchos más por aparecer. Consultado por Valencia Plaza en torno a la impunidad de las empresas impresoras y editoriales, Torres apunta a que son los procesos judiciales como el del Caso Ivam o Taula los que están revelando la corrupción de este sistema. Sin embargo, por cuenta de la Generalitat, pese a que aquel 30 de diciembre de 2012 se aseguró que se revelaría la relación de publicaciones y empresas beneficiadas, la búsqueda de esa relación de nombres está lejos de ser una prioridad.

Por el momento, la Generalitat trabaja en la elaboración de un stock definitivo para poder ponerlo a disposición de ayuntamientos y ciudadanos. En el primero de los casos, en estos días ya se ha abierto a disposición de las bibliotecas públicas un segundo lote caracterizado por la presencia de grandes catálogos de arte, entre los que destacan las publicaciones sobre Alfaro, Equipo Crónica, Ripollés o Julio González, entre otros. Un pack de 60 títulos, como aquel que ya distribuyeron tras la presentación del alijo, pero cuyo valor de mercado es muy superior dada la calidad de las impresiones y la inversión realizada. "Los libros se irán incorporando a los fondos disponibles a través de la web de la librería propia de la Generalitat, Llig, de la que estamos renovando su web".

Ese catalogado, la nueva web de Llig, el nuevo decreto de publicaciones ya formalizado y la esperada comisión de publicaciones institucionales son las prioridades del Consell. Esa comisión, que ya fue anunciada hace más de un año, todavía no se ha conformado, aunque Torres espera que se presente "en las próximas semanas". Un órgano que, además de ser paritario, contará con miembros del sector editorial, desde libreros hasta bibliotecarios, además de "representantes de asociaciones de personas con discapacidad, que también queremos tengan voz en la decisión sobre la publicación de libros institucionales". Esa misma comisión será la que dará luz verde a los más de 90.000 títulos obsoletos (leyes, normativas, mapas...) y que conforman una quinta parte de lo almacenado en Riba-roja, pero sobre todo será el órgano asesor para futuras ofertas de publicaciones desde las Administración valenciana.

El proceso de conteo y definición de los libros, por el momento, no ha puesto la lupa en las compañías necesarias desde el ámbito privado para que la supuesta estafa se produjera. El Caso IVAM -donde se encuentran no pocas de las sospechas en torno a esos volumétricos pedidos- no ocupa ni mucho menos el total del material descubierto y pagado con dinero público. Tampoco lo que se deriva de Taula, procesos ambos que tienen en su investigación algunas de esas publicaciones y tratos de favor. Cientos de miles de títulos fueron impulsados desde otras instituciones, algunos siguiendo los patrones legales de concurso público y otros, como se anunció desde la Generalitat hace más de un año, no. La impunidad se mantiene intacta sobre esos casos detectados y no insertos en investigaciones judiciales.