40 municipios sin cajeros ni oficinas bancarias: otro diálogo de sordos entre Diputación e IVF

ALICANTE. Los municipios pequeños del interior se están quedado sin oficinas bancarias ni cajeros. En la provincia de Alicante, son unos 50 los que se han visto afectados por los recortes en este tipo de emplazamientos por la restructuración bancaria o el cierre de oficinas. Pues bueno, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) tenía un plan para ello: que era dotar a los municipios pequeños de, al menos, un cajero, instalado en los ayuntamientos para, de esta manera, dar servicio a la población y evitar desplazamientos. El plan se debía hacer con las diputaciones, quienes debían sufragar esa infraestructura con una aportación de entre 300.000 y 500.000 euros. Y aquí la historia se repite: la Diputación de Valencia ya tiene acuerdo para hacer la inversión, pero Alicante no comparte esa decisión, como con anterioridad ha pasado con el programa XarxaLlibres o el Fondo de Cooperación Municipal.

Compromís ha calificado esta actitud de la Diputación de Alicante "omisión de funciones de César Sánchez y su equipo en una cuestión tan importante como la autonomía financiera de los pueblos alicantinos, que continúan perdiendo oficinas bancarias una detrás de otra". El portavoz de la formación, Gerard Fullana, ha criticado que "no ha existido respuesta alguna por parte de Sánchez desde que los técnicos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) advirtieron el pasado 25 de octubre del cierre masivo de entidades en las comarcas alicantinas durante una reunión con el vicepresidente Carlos Castillo,a quien presentaron el Plan autonómico contra la Exclusión Financiera y a quién pidieron una colaboración que ya está en marcha en Valencia".   

Según los datos aportados por la formación valencianista, hasta junio 2016, había 39 municipios, especialmente en el interior, sin oficina bancaria y otros 44 pueblos donde únicamente se cuenta con una única oficina. A ello habría que sumar que parte de los 42 cierres que ejecutó el Banco Sabadell el pasado mes de abril, algunos de ellos, en municipios como Aigües, Relleu, Orxeta o Sella; es decir, que puede haber unos 50 pueblos sin oficina o cajero. El PSPV presentó en su día una moción en el pleno de la Diputación de Alicante, que fue aprobada por unanimidad, para que la institución mediara para evitar los cierres, pero no se sabe si la iniciativa ha surtido a efecto.

 "Reclamamos a la Diputación a sumarse  a  este plan. Esta semana veremos como Benilloba, un pueblo con menos de 8 00 habitantes, pierde su único cajero.”, ha denunciado Fulana, quien con el diputado José Manuel Penalva se ha reunido este martes con la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando.  “Tras casi dos años, no se le conoce ninguna gestión destacada en el gobierno del PP de la Diputación de Alicante más allá de batallas contra el gobierno de la Generalitat, César Sánchez ni está ni se la espera”, ha añadido Fullana.  

El Partido Popular, a través de Carlos Castillo, es conocedor de las negociaciones, pero discrepa de cómo debe afrontarse ese plan. A su juicio, la Generalitat, por su volumen de negocio, debería primar en sus concursos para conceder operaciones bancarias a las entidades que tengan cajeros y oficinas en municipios pequeños. "La Generalitat tiene un volumen de movimiento de capitales de 3.000 millones de euros al mes; es una cantidad importante para que se prime a determinadas entidades por tener presencia en municipios pequeños", ha afirmado Castillo, quien rechaza que una institución pública deba que ayudar a los bancos. Castillo ha explicado que la Diputación está buscando una solución a través de las entidades con las que trabaja.