VALÈNCIA. La Dana, que asoló el territorio valenciano el pasado mes de octubre, ha tenido un impacto económico y social sin precedentes en 89 municipios de la provincia. En ese sentido y, de forma más precisa, un estudio elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) pone cifras a un desastre que ha destruido al menos el 20% de los activos públicos y privados de las zonas afectadas, lo que equivale a más de 17.000 millones de euros en pérdidas.
El informe, presentado este viernes por el director del Ivie, Francisco Pérez, y su director adjunto, Joaquín Maudos, subraya la elevada vulnerabilidad de los 89 municipios afectados, que representan el 35% de los activos totales de la provincia. Esta área concentra a más de un millón de habitantes y cerca de 60.000 empresas, lo que supone el 30% del empleo y del valor añadido de la región valenciana. Sin embargo, la expansión demográfica y el cambio en el uso del suelo, que ha pasado de ser agrícola a intensamente urbanizado, han reducido la capacidad del territorio para absorber fenómenos extremos.
"Estamos hablando de una zona con una altísima densidad demográfica, como ocurre en l'Horta Sud, donde se multiplica por seis la media provincial. Este tipo de ocupación, combinado con un esfuerzo inversor insuficiente en infraestructuras preventivas, nos vuelve más vulnerables", ha explicado Pérez. Tampoco ayuda la caída de la inversión pública en infraestructuras hidráulicas, que, desde el año 2011, ha sufrido un descenso del 75%, pasando de 200 millones de euros anuales a menos de 50 millones.
La Dana no solo ha dejado una profunda huella en los activos físicos de los municipios afectados, sino que también ha generado alteraciones significativas en la actividad económica y el empleo de la región. Según el informe del Ivie, los 89 municipios damnificados, que representan casi el 30% del Producto Interior Bruto (PIB) provincial, concentran una de las mayores densidades de actividad productiva, comercial e industrial de la Comunitat Valenciana.
En ese sentido, la interrupción de las actividades en estas áreas está teniendo efectos prolongados, con repercusiones tanto a nivel laboral como en el desarrollo económico. Los datos más recientes reflejan que 30.548 trabajadores han sido incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), una cifra que asciende al 8,4% del empleo en l'Horta Sud y al 7,6% en la zona cero.
Por su parte, la hostelería es el sector más damnificado, con un 34,7% de sus empleados acogidos a estas medidas, seguida por actividades artística y recreativas (30,2%), el comercio (17,7%) y las manufacturas (18,7%). Estos sectores, pilares clave para la economía local, enfrentan una incertidumbre prolongada debido a la destrucción de infraestructuras y activos.
"La magnitud de estas cifras nos advierte de las dificultades para recuperar el tejido productivo en los municipios más afectados", ha señalado Maudos. Además, el director adjunto del Ivie ha destacado que, en los 15 municipios de la zona cero, más del 30% del empleo en algunos sectores está bajo ERTE, lo que pone de manifiesto el alto grado de vulnerabilidad de estas economías locales.
Otro punto crítico señalado en este estudio radica en la incidencia de la Dana sobre las empresas provinciales, que constituyen el 35,6%. Las estimaciones apuntan a pérdidas superiores a los 13.000 millones de euros solo en activos empresariales, lo que agrava las dificultades para retomar la actividad en los sectores más dependientes de infraestructuras dañadas, tales como la logística o la manufactura.
Además, las interrupciones en el suministro energético, los daños a la red de transporte y las pérdidas de inventarios han incrementado la incertidumbre sobre la viabilidad de muchas empresas en el corto plazo. Al respecto, Pérez ha añadido que este impacto no debe medirse exclusivamente en términos de PIB, ya que esta métrica no capta las pérdidas de riqueza derivadas de la destrucción de activos.
"La caída del PIB anual podría ser de entre una y dos décimas en la Comunitat Valenciana, pero esta cifra es insuficiente para entender la verdadera dimensión del problema. Estamos hablando de una depreciación súbita del stock de capital que requiere medidas extraordinarias para su recuperación", ha puntualizado.
La recuperación de los municipios debe plantearse como una oportunidad para abordar los retos estructurrales del territorio, más allá de las urgencias inmediatas. El director del Ivie ha destacado que las ayudas deben ser "proporcionales" al daño sufrido y llegar "con rapidez" para evitar que familias y empresas queden en una situación insostenible.
Por tanto, Pérez ha subrayado que el Gobierno centraal representa un papel protagonista en este esfuerzo, dado que ni el sector privado ni la Generalitat Valenciana cuentan con los recursos necesarios para afrontar la magnitud de las pérdidas. Por su parte, Maudos ha insistido en la importancia de priorizar la inversión pública en infraestructuras hidráulicas.
Los recortes presupuestarios de la última década han dejado al territorio sin la capacidad para resistir fenómenos como la Dana y, por tanto, urge revisar las prioridades en el gasto público para garantizar que estas obras se conviertan en un pilar clave de las políticas de prevención. Además, el director adjunto del Ivie ha destacado el potencial de las herramientas de análisis georreferencial, que permitirían afinar los diagnósticos y orientar mejor las decisiones sobre dónde y cómo invertir en la recuperación.
Por tanto, Maudos cree que resulta "crucial" diseñar planes de acción a medio y largo plazo que combinen inversiones tangibles en infraestructuras con medidas intangibles, como la formación ciudadana y la preparación de equipos de respuesta. Finalmente, ambos expertos han coincidido en que la modernización del tejido productivo debe ser parte esencial de la estrategia.
En palabras de Maudos, el bajo nivel de productividad de la economía valenciana, que genera el 90% de su PIB en sectores por debajo de la media nacional, es un problema estructural que puede ser abordado en la actualidad a través de inversiones en digitalización e innovación. "No solo aumentará la competitividad de las empresas, sino que contribuirá a una recuperación más sostenible y resiliente", ha concluido.