La provincia de Alicante cerró 2021 con una cifra de 156.000 parados (más de 371.000 en el conjunto de la Comunidad Valenciana): un montante relativamente óptimo ya que se ha producido un descenso en la provincia de 30.000 parados con respecto a 2020, lo que supone un 16% por cien menos.
Relativamente óptimo: las organizaciones empresariales han recibido con satisfacción los datos y los sindicatos han insistido en que a pesar de los pesares hay que mirar con lupa la calidad del empleo y los grados de estacionalidad del mismo. Cada cual con su copla. A mí personalmente 156.000 parados me parecen una barbaridad e intento imaginarme la de estadios de fútbol que se podrían llenar con esa cifra en una provincia de 1,9 millones de habitantes. Conviene subrayar en cualquier caso que Alicante registra uno de los peores comportamientos en el conjunto nacional, lo cual no augura nada bueno.
Yo sigo albergando la teoría, sobre la que se reflexiona cada vez menos, de que la mejor política social que puede existir en un país no es otra que la de la aspiración al pleno empleo, algo que sí ocurre en los países más prósperos de Europa en los que existe lo que se denomina como paro técnico, en torno a un 5%, cifra que en España se triplica e incluso se cuadruplica en algunas regiones. Queda para la letra pequeña el regocijo de algunos alcaldes exhibiendo el descenso del desempleo en sus municipios, como si el problema fuera una cuestión de barrios. Pero lo que menos me cuadra de todo esto son las llamadas filas del hambre provocadas por la crisis económica que ha generado la pandemia, los ERTE y los cierres de empresas, cierres que se han cebado con negocios familiares y pymes de tamaño reducido.
Algo no cuadra. Baja el número de parados pero no bajan las situaciones de emergencia social y pongo como ejemplo los barrios más desfavorecidos de Alicante donde se precisa todavía la solidaridad promovida por determinadas ONGs o por las ayudas sociales extremas de la Administración local.
Habría que analizar con lupa, como alegan los sindicatos, la calidad del empleo que se genera, del mismo modo que habría que analizar con lupa y microscopio la mono-obsesión de UGT y CC.OO por los contratos indefinididos, como si este desiderátum fuera la panacea de todos los males, que no lo es. Y aún así se han hecho retoques en la nueva reforma laboral para la limitación de los contratos temporales y la desaparición, sobre el papel, de los contratos de obra. El problema es estructural desde mi punto de vista con dos patas muy visibles: la falta de cualificación en amplias capas de grupos sociales (la educación es la clave esencial) y las ganas de algunos mal llamados emprendedores a la hora de aprovecharse de mano de obra barata para montar negocios con falta de perspectivas y de altura de miras: la hostelería y la restauración es un ámbito muy propicio que genera esta espiral tóxica en la que al final no gana nadie. La educación, conviene repetir, es la clave esencial.
156.000 parados y amplias bolsas de exclusión social de complicada reinserción. Esta realidad, cruda tirando a crudísima, contrasta con los discursos oficiales de las elites políticas y voy a poner como ejemplo la Generalitat Valenciana donde desde hace años se fía casi todo al fomento de la economía digital, otro talismán que los medios de comunicación reproducen, reproducimos, como un mantra. Carolina Pascual, consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital (será por falta de títulos), arrojaba en este mismo periódico los datos que se han generado en el Distrito Digital de Alicante en estos últimos tres años: la instalación de 75 empresas de tecnología avanzada, 900 profesionales trabajando y más de 100 colaboradores. Muy bien. Requetebien. Ahora el Distrito Digital, concebido para Alicante, va a estar esparcido por toda la Comunidad Valenciana, incluida València, con lo cual esos datos podrían crecer exponencialmente, cosa que está por ver. Ojala que sí, que no sea el cuento de la lechera.
Lo que ya no veo tan claro, o no se explica lo suficiente, es el grado de conectividad entre estos nuevos segmentos de empleabilidad ultra-cualificada y una economía real lastrada por una tasa de paro insoportable y, como ya he escrito, por unas bolsas de exclusión que transitan por los umbrales de la pobreza, ¿Hay vasos comunicantes? Me corre la duda. Existe el riesgo de que estemos (estén) construyendo una sociedad extremadamente dualizada: la llamada nueva economía genera riqueza, por supuesto que sí, y con parte de esa nueva riqueza podemos subsidiar, a duras penas, a la legión de personas que se encuentran en situaciones más desfavorecidas. Subsidiar en este caso puede ser sinónimo de cronificar la exclusión. No sé si la izquierda botánica tiene respuestas a este tremendo interrogante, más allá de formulaciones teóricas bien intencionadas: nueva economía, economía del bien común, empleo verde y sostenible....sí; ¿Y con los parias que hacemos?