¿Y si el nuevo 'gigante' hotelero de Calp tiene 13 alturas de más?

CALP. El skyline de Calp ha inaugurado este verano un nuevo edificio, el hotel Suitopía, con más de 30 alturas y que supera los 100 metros de altitud. Todo un icono del urbanismo vertical, con el que Calp intenta aumentar su oferta hotelera. Pero, ¿cumple el edificio todos los requisitos legales? Pues ahí aparecen las dudas del grupo Compromís, quien ha encargado un informe jurídico que sostiene que el edificio podría tener 13 alturas de más por una interpretación que, a juicio de la formación, ha hecho la licencia del cómputo de los espacios comunes (todos aquellos elementos que resulten indivisibles). Así, la coalición ha hecho entrega del informe al alcalde, el popular César Sánchez para que sea conocedor.

El informe advierte que el ayuntamiento podría haber concedido 12.067 metros cuadrados más de edificabilidad, lo que supone 13 plantas de exceso. El estudio aportado por Compromís explica que el ayuntamiento puede haber hecho una interpretación particular al considerar que se trata de un edificio exclusivamente hotelero, aunque, en la licencia, también se recoge una zona comercial. Además, la administración considera zona común todo aquello del edificio que no sean habitaciones y por tanto no establece limitación alguna de alturas. Es decir, a juicio del informante, se deberían haber computado elementos tales como bares, restaurantes, comercios, salas de reuniones, gimnasios, pues "no son ni elementos comunes ni hoteleros".

Sin embargo, el informe aportado por Compromís sostiene que las zonas comunes es todo aquello que resulta indivisible y de ahí que considerar todo aquello que no sean habitaciones, más la parte comercial, como es el caso, "Sería una abuso de derecho, lo que ha impedido la correcta aplicación de los artículos, como el número 4 del Plan General de Ordenación urbana, que no permite otros usos, como es el comercial, y el artículo 10 de las normas urbanísticas, que especifica que no se permitirá la división horizontal ni la separación de la finca afectada por la actividad". 

De esta manera, concluye el informe de Compromís que el edificio "no es de uso exclusivamente hotelero, pues tiene la zona comercial (aún por desarrollar)". Pero en caso de que no fuera así, "la licencia computa elementos privativos como comunes, por lo que seguiría existiendo exceso de edificabilidad". De esta manera, afirma que la licencia se ha otorgado en contra del ordenamiento jurídico urbanístico "que han dado como resultado un edificio que se percibe de volumen desaforado": además de aumentar el coeficiente de edificabilidad, que no se computen las terrazas hasta el 40% da libertad de alturas a los edificios exclusivamente hoteleros.

Así pues, según el estudio jurídico, la licencia podría incurrir en una "infracción grave" por incumplimiento de las normas relativas al aprovechamiento urbanístico, edificabilidad y volumen, de acuerdo con lo que dispone el artículo 3 del artículo 246 de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana; la licencia incurre en vicio de nulidad al ser contrario al ordenamiento jurídico; la cuestión tiene interés supramunicipal al afectar a la línea de Costas y el entorno del parque del Penyal de Ifach, y en caso de inacción de la administración local, la conselleria competente tiene atribuidas facultades para actuar, según el dictamen.

El portavoz de Compromís en Calp, Ximo Perles, ha trasladado el escrito con el documento adjunto al alcalde y ha solicitado a César Sánchez una reunión para esclarecer cuales deben ser los criterios a aplicar en adelante. Según Perles, "debemos acabar con la barra libre de los elementos comunes, conforme esta planteado el PGOU así como su interpretación, el ayuntamiento no tiene ningún control sobre el urbanismo; si un hotelero quisiera construir 10 plantas más dedicadas a un palacio de congresos, por ejemplo, el ayuntamiento no podría impedirlo”.

Por otro lado, el portavoz adjunto de la coalición, Carlos Ortín ha aclarado que “no pretendemos que se señale a ningún responsable técnico ni político. La complejidad técnica del informe es elevadísima y no hemos observado indicio alguno de negligencia por parte de nadie, el derecho no es una ciencia exacta pero si encontramos criterios divergentes vamos a trabajar para que se aplique el mejor fundado en derecho”.