Vuelco al urbanismo: portazo al macrocentro de Ikea, bienvenida a la industria logística

ALICANTE. Se abre el melón del urbanismo de Alicante. El tripartito en situación de minoría compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís aborda justo ahora dos modificaciones puntuales del Plan General vigente, de 1987, que pueden resultar claves a corto y medio plazo para el desarrollo de la ciudad. Dos ajustes urbanísticos que dan buena cuenta del vuelco que el equipo de Gobierno pretende imprimir sobre el modelo de actividad económica local, ahora basado fundamentalmente en el turismo, la hostelería y el comercio.

El primero de esos dos cambios -la modificación número 35 del PGOU- aspira, precisamente, a preservar el tejido comercial actual frente a la llegada de más grandes superficies. Se trata de la revisión del artículo 95 del Plan General que regula las condiciones para la implantación de tiendas de gran tamaño, como el macrocentro comercial anexo al centro de Ikea previsto en la ATE promovida por Alicante Avanza en Rabasa (ya archivada tras el desestimiento de la sociedad impulsora: participada fundamentalmente por Urbanika, del empresario Enrique Ortiz). 

De hecho, según explicó este martes el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), a través de un comunicado, el cambio ahora en trámite consiste básicamente en la reversión de la modificación previa (la número 31) que llevó a cabo el anterior equipo de Gobierno del PP, bajo el mandato de Sonia Castedo, para encajar ese macrocentro comercial en el sector de Rabasa.  

En suma, el cambio conlleva la reinstauración de restricciones para la implantación de nuevos centros comerciales al uso, "en macromanzanas monofuncionales cerradas". Tanto el actual equipo de Gobierno como las principales asociaciones del sector, representadas en el Consejo Local de Comercio, coinciden en que la capacidad de Alicante para albergar ese tipo de establecimientos está ya colmatada con los preexistentes (Gran Vía, Plaza Mar 2, Parque Vistahermosa y Puerta de Alicante, además de los grandes almacenes de El Corte Inglés, de Panoramis y del outlet de San Vicente, a menos de 15 minutos de desplazamiento). Por ello, en el consejo sectorial celebrado a finales del pasado octubre, se dio luz verde a esta modificación, con la que sólo se da cabida a nuevas medianas superficies siempre que ser reúnan ciertas condiciones. Entre ellas, una de las más relevantes es que su implantación se limita a los viales de la red primaria. Es decir, grandes avenidas. Además, se trata de potenciar la ocupación de locales que actualmente permanecen vacíos para "completar la trama urbana" y propiciar un modelo de ciudad compacta, lo que reduce los desplazamientos en vehículo privado hacia zonas del extrarradio (y por tanto menos emisiones a la atmósfera).

La modificación de ese artículo establece también las limitaciones de superficie de venta para los supermercados, que estaría comprendida, entre 400 y 1.699 metros cuadrados; la de los grandes supermercados, entre 1.700 y 2.499; la del mediano comercio de productos de consumo ocasional, entre 200 y 1.199 metros cuadrados; y la de grandes comercios, mayor de 1.200 metros cuadrados. 

Esa propuesta de cambio pasó este martes por la Junta de Gobierno. PSOE, Guanyar y Compromís aprobaron exponerla al público por un plazo de 45 días para que puedan presentarse alegaciones. De acuerdo con las previsiones que maneja Urbanismo, el cambio debería quedar aprobado de forma definitiva en el pleno del mes de junio. Cuando eso ocurra, Alicante habrá dado el portazo definitivo al macrocentro previsto junto a Ikea: uno de los compromisos previstos en el acuerdo de gobierno a tres bandas suscrito tras las municipales de mayo de 2015.

Alfombra roja a Sprinter   

La segunda modificación, que será la número 36, todavía está en ciernes. Urbanismo se afana en armar el expediente para trasladar al PGOU y dar todavía más oficialidad a la instrucción urbanística adelantada por Alicante Plaza por la que se da cabida a determinadas instalaciones técnicas relacionadas con la actividad logística hasta ahora no contempladas. Esa instrucción, dictada a través de un decreto del edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, se refiere a las estructuras autoportantes utilizadas como almacén que hasta ahora estaban consideradas como edificios y, como tales, estaban sujetas a un límite de alturas: un máximo de 16 metros. 

Con esa instrucción, en vigor desde el día siguiente de su publicación (el 1 de marzo), se dio amparo, por ejemplo, a la instalación proyectada por Sprinter junto a las antiguas naves de Altadis, en el polígono de las Atalayas. Se trata de un edificio de 27 metros de altura con el que la compañía con sede en Elche pretende almacenar, clasificar y organizar sus productos (ropa deportiva y complementos de primeras marcas) hasta el momento de su distribución.

Como publicó este diario, con esa adaptación del Plan General el tripartito buscaría dar cabida a otras inversiones similares por parte de empresas del sector logístico interesadas en implantarse en Alicante, con lo que se contribuiría a generar actividad económica, crear empleo, captar ingresos para la ciudad y, sobre todo, diversificar el sistema productivo.

La ampliación de Las Atalayas

Lo cierto es que, con todo, el impulso a esos dos cambios contrasta con el descarte conferido hasta ahora sobre otra modificación reclamada por representantes del sector empresarial e incluso por miembros del mismo equipo de Gobierno: la recalificación de suelo en el entorno del polígono de Las Atalayas para amparar su futura expansión, ante la demanda empresarial de suelo de empresas ya instaladas (como Seur o Jimten) que requieren más espacio. 

El propio Pavón rechazó una posible recalificación urbanística en esa línea, como respuesta a una pregunta formulada por Ciudadanos (C's) en el pleno de febrero. El edil consideró que esa modificación requería un plazo de tramitación demasiado largo como para atender una demanda de suelo urgente, casi tanto como la tramitación del nuevo Plan General, del que se está iniciando su redacción con la publicación del catálogo de protecciones. No obstante, tras las últimas advertencias de PSOE (que ha llegado a presentar alegaciones contra ese catálogo) y Compromís en las que reclaman la creación de más suelo industrial en el entorno de los polígonos, el responsable de Urbanismo ya plantea, incluso, esa hipotética recalificación, que -según explicó en declaraciones a Alicante Plaza este domingo- conllevaría no menos de cinco meses de tramitación. Ciudadanos también ha presentado alegaciones al catálogo para reclamar que se amplíe el suelo industrial en los polígonos.