Una de las promociones de Nou Temple paralizadas en Xàbia. Foto: APALICANTE. Un grupo de acreedores de la promotora valenciana Nou Temple han presentado una denuncia en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia por considerar que la empresa está incumpliendo el plan de pagos que le permitió salir del concurso de acreedores en 2010. La firma que preside Vicente Flames logró que los acreedores y el juez dieran el visto bueno a un convenio que suponía una quita del 50% y el pago del resto de la deuda, unos 80 millones de euros, en ocho años con dos de carencia. Un plazo que está a punto de vencer (han transcurrido siete años desde que se aprobó el plan por sentencia judicial) sin que, según estos acreedores, se esté cumpliendo el calendario.
El grupo Nou Temple subió como la espuma entre 2006 y el estallido de la burbuja inmobiliaria. Con el exfutbolista del Valencia C.F. David Albelda como imagen publicitaria de sus residenciales, la promotora valenciana puso en marcha distintos proyectos en las tres provincias de la Comunitat Valenciana, en Tarragona y en Baleares. La declaración del concurso de acreedores, en junio de 2008, paralizó una treintena de promociones en marcha con más de 1.000 viviendas, que deberían haberse reanudado, según el convenio de acreedores, pero que nunca lo hicieron, según la denuncia.
Así, la pasada semana un grupo de acreedores, fundamentalmente pequeñas empresas y particulares de la Marina Alta, presentaron en el juzgado de lo Mercantil de Valencia la solicitud de incumplimiento del convenio, que de ser aceptada abocaría a la promotora valenciana a la liquidación. Dado que el grupo Nou Temple está formado por tres sociedades (Grupo Temple Obras, Proyectos y Desarrollos Urbanísticos S.L.U.; Promociones Nou Temple S.L.U.; y Temple Servicios Inmobiliarios S.L.U.), los acreedores han presentado tres demandas, aunque todo hace indicar que se unificarán en una sola, como sucedió en el concurso de acreedores.
Los demandantes son Hermanos Franco Movimientos y Excavaciones S.L., Excavaciones Marzá S.L., Francisco Roselló Roselló, Tajomar Construye S.L., Roselló y Cabrera S.L., Construcciones Cuello y Sendra S.L., Carpintería Royo Blázquez S.L., Arena y Azahar S.L., Máximo Moncholí Ricart, Hermanos Espinosa Llosa S.L. y Euroextremeña de Montajes Industriales S.L. La mayoría son pequeñas empresas que trabajaron para Nou Temple en sus promociones de la zona de la Marina Alta, donde se han quedado paralizadas obras en Dénia, Xàbia, Jesús Pobre y Els Poblets.
Las razones que argumentan las demandas son que la promotora "no ha venido atendiendo los pagos comprometidos tras la aprobación del convenio", además de que "la empresa carece de actividad y de personal, que ni siquiera les atienden al teléfono" y que en el domicilio al que se han trasladado, a una casa cerrada de una antigua promoción en Ribarroja del Turia "nunca hay nadie", según un portavoz de los acreedores. Las demandas se han presentado cuando "queda algo más de un año para que la promotora logre que se cierre el concurso de acreedores y con ello cualquier derivación de responsabilidad", advierte. "Un gran número de acreedores y entidades financieras han venido requiriendo el cumplimiento del convenio de acreedores en los últimos meses, ante la negativa de la promotora a cumplir con el plan de pagos, y finalmente ha derivado en la interposición de tres demandas de incumplimiento del convenio", defiende este portavoz.
Según explican este grupo de acreedores, el BBVA ya ha avanzado que se adherirá a su solicitud, y el Banco Santander la tiene sobre la mesa para estudiarla. La primera entidad ha 'heredado' la deuda por el crédito que concedió a Nou Temple la extinta Catalunya Caixa, una de las que dio el visto bueno al convenio de acreedores junto a la antigua CAM y Caja Castilla-La Mancha, además de Caja Sur, Unicaja y el Banco Gallego.
Tras salir del concurso, la promotora de Vicente Flames inició una ofensiva contra las entidades financieras que le negaban la disposición de préstamos promotor concedidos antes del concurso de acreedores, dado que la falta de liquidez le impedía reanudar las promociones paralizadas. En 2012 presentó varias denuncias contra Banco CCM, Banco CAM y Catalunya Caixa, a los que reclamaba 23 millones de euros. Un juez incluso llegó a decretar un embargo preventivo de bienes a la entidad castellano-manchega por la cantidad reclamada por la promotora. La firma también se querelló contra los directivos de la CAM por estafa en esas fechas.
Los acreedores, sin embargo, consideran que se trata de una estrategia de la promotora para evitar ir a liquidación, y señalan que "ha ido perdiendo" las distintas demandas contra las entidades financieras, lo que además le ha generado condenas en costas. Así, los denunciantes piden que se celebre una vista oral "para aclarar las razones que han llevado a la promotora a permanecer en un estado de inactividad durante siete años" e "incumplir el convenio apoyado en 2010 por la mayoría del crédito concursal".
