VALÈNCIA (EFE) El que fuera portavoz del PP en el Ayuntamiento de València Eusebio Monzó declarará como investigado (antes imputado) el próximo 21 de abril en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia en relación con posibles irregularidades en los contratos para la visita del Papa.

Monzó, que también fue alto cargo de la Generalitat, declarará para aclarar ante el juzgado posibles irregularidades en los contratos realizados por la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para la preparación de la visita del Papa, dentro de un procedimiento en el que están imputados el expresidente valenciano Francisco Camps y otras siete personas, entre ellas el obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero, por supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación y fraude.

El caso se centra en si la citada fundación, constituida en enero de 2005 y disuelta en marzo de 2014, realizó adjudicaciones sin respetar las normas generales de contratación, sin concurso, ni concurrencia pública. La clave está en esclarecer si esta fundación, en cuyo patronato estaba representada la Generalitat, hizo estas contrataciones con dinero público o si, por el contrario, como defendió Camps en su declaración ante el juzgado, era de carácter privado.

El caso deriva de una pieza central del caso Gurtel que será juzgado por la Audiencia Nacional a partir de marzo. En ese juicio deberán esclarecerse las acusaciones contra el expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, y otras veinte personas, en relación con la visita del Papa a Valencia en 2006.

Monzó fue portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento tras ser fichado por la fallecida alcaldesa Rita Barberá en la lista municipal del PP y durante un tiempo fue el único concejal popular que no estaba siendo investigado, aunque años antes, en julio de 2014, ya había sido destituido como secretario autonómico tras ser imputado por supuestas irregularidades en contratos relacionados con el Centro de Convenciones de Castellón cuando era director general de Proyectos Temáticos de la Generalitat, causa que meses después se archivó.

El ex concejal está también siendo investigado en relación con supuestos contratos irregulares de patrocinio del aeropuerto de Castellón, gestionado por la empresa Aerocas, de la que era consejero. La jueza de este caso aprecia en los investigados (antes imputados) indicios de prevaricación y malversación de fondos en su actuación como consejeros de Aerocas en 2010 y 2011.