VALÈNCIA (EP). El pleno del Consell ha aprobado un decreto de ayudas urgentes para atender las necesidades de las familias acogedoras residentes en las zonas afectadas por la Dana del pasado 29 de octubre. Se destina una dotación global de 900.000 euros, con un importe de hasta 3.000 euros por familia en función del número de menores en acogimiento.

Estas ayudas podrán beneficiar a más de 380 familias acogedoras de las zonas afectadas, responsables de alrededor de 450 menores, según ha apuntado la vicepresidenta portavoz y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, en su comparecencia tras el pleno.

Las prestaciones, compatibles a las de cualquier otra administración por la Dana, pretenden compensar por los esfuerzos extraordinarios realizados a las familias, tanto extensas como educadoras, que han mantenido un acogimiento a pesar de haber sufrido perjuicios a consecuencia del temporal.

En el decreto se destaca que, pese a encontrarse en una situación especialmente complicada, estas familias han aportado un entorno familiar y seguro basado en el buen trato y en el apego a aquellas personas menores que tenían bajo su guarda.

Podrán ser beneficiarias las familias que cumplan con estos requisitos: tener al menos u menor de edad en acogimiento familiar, poseer su vivienda habitual ubicada en alguno de los municipios afectados y haber sufrido daños en sus bienes materiales como consecuencia de la Dana.

Habrá un importe máximo de 3.000 euros por familia acogedora, con estas cuantías: un menor en acogimiento, 1.500 euros; dos menores en acogimiento, 2.000 euros; tres menores en acogimiento, 2.500 euros; cuatro o más menores en acogimiento, 3.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del decreto en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).

Las solicitudes deberán contener, al menos, esta información: declaración responsable de la persona solicitante de que cumple los requisitos exigidos; identificación de la cuenta bancaria titularidad de la persona física beneficiaria de las ayudas, junto con una declaración responsable de que la titularidad de la cuenta corresponde a dicha persona; declaración responsable de la existencia de daños derivados del temporal, que podrá ser comprobada de oficio por la administración. Esa declaración responsable deberá incluir la valoración de los daños por cada solicitante.