Un juzgado asume la denuncia de Anticorrupción sobre el caso Fitur en la Diputación de Alicante 

ALICANTE (M.G./EFE). El juzgado número 7 de Alicante ha asumido la investigación judicial del denominado caso Fitur en la Diputación de Alicante, que fue denunciado el pasado año por la coalición Compromís. La Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juzgado la denuncia por un supuesto delito contra la Administración Pública por las adjudicaciones irregulares de los stands de Fitur entre los años 2007 y 2008, durante el mandato de José Joaquín Ripoll.

Así, han sido citados a declarar el "el director del Patronato de Turismo Costablanca, dependiente de la Diputación de Alicante, entre los años 2007 y 2008, que está acusado de supuesto fraude de 3,2 millones de euros en adjudicaciones realizadas para la feria durante su mandato.

En esas fechas la exalcaldesa de Dénia, la popular Ana Kringe, ocupaba el cargo de gerente de la entidad. En una providencia anterior, el juez requería a Fiscalía, visto el contenido y la fecha de los hechos a los que se refería y la posible extinción de responsabilidades penales por prescripción, a que precisara el objeto de la denuncia en cuenta a actividades e individualización de las personas implicadas.

También están citados a declarar como investigados (anteriormente imputados) los empresarios Mercedes Lasa y Javier Molinos, matrimonio y responsables respectivos de las mercantiles Exporigging y Equipamientos Integrales de Stand Molinos SL, las dos empresas radicadas en el País Vasco, que fueron las beneficiarias de esos contratos.

Los denunciantes presentaron setenta facturas y sus correspondientes expedientes que demuestran, según ellos, la existencia de contratos fraccionados ilegalmente, la "manipulación" de concursos públicos abiertos y "sobrecostes", lo que podría ser constitutivo de delitos de prevaricación y fraude.

Las dos empresas adjudicatarias están administradas por un matrimonio del País Vasco "y nunca habían trabajado en el sector turístico", sino que su objeto social se centraba en el ámbito inmobiliario, tal y como expuso Compromís.

Tanto Molinos como Lasa y sus empresas están encausados en otro procedimiento penal por la contratación de los expositores municipales de Orihuela para Fitur, una causa por la que la expresidenta comarcal del PP en la Vega Baja Pepa Ferrando se enfrenta a una petición de nueve años de cárcel.

Al mismo tiempo, a petición de la propia Fiscalía Anticorrupción, ha acordado remitir una parte de la causa a sendos juzgados de Benidorm y Dénia para que investiguen adjudicaciones a las empresas antes citadas de otros ayuntamientos alicantinos: Benidorm, Altea, Benissa, El Vergel y Teulada.