Una de las promociones que tiene paradas Nou Temple, en Xàbia, en una imagen reciente. Foto: APALICANTE. Uno de los administradores concursales que estuvo al frente de la promotora valenciana Nou Temple cuando ésta entró en concurso de acreedores y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) también han denunciado los impagos de la firma ante el titular del juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia (que dirigió el concurso de la promotora y aprobó el convenio de pagos que le permitió superarlo). Según ha podido saber Alicante Plaza, tanto el citado administrador como la TGSS han comunicado al juez el impago de créditos contra la masa pendientes, como ya han hecho otros acreedores de la firma.
El grupo Nou Temple, formado por tres sociedades (Grupo Temple Obras, Proyectos y Desarrollos Urbanísticos S.L.U.; Promociones Nou Temple S.L.U.; y Temple Servicios Inmobiliarios S.L.U.) se convirtió en una de las promotoras más destacadas de la Comunitat a mediados de la pasada década, cuando protagonizó una intensa actividad tanto en la región como en Cataluña y Baleares entre 2006 y el estallido de la burbuja inmobiliaria. Con la crisis, la promotora de Vicente Flames entró en concurso en junio de 2008, pero logró superarlo con un convenio aprobado dos años más tarde, que suponía una quita del 50% y el pago del resto de la deuda, unos 80 millones de euros, en ocho años con dos de carencia.
El plazo para cumplir el convenio expira dentro de un año, y como adelantó este diario un grupo de pequeños acreedores (fundamentalmente, empresas y particulares de la comarca de la Marina Alta) han presentado ante el juez una solicitud de incumplimiento del convenio, dado que sostienen que Nou Temple no está cumpliendo el calendario de pagos, ni tampoco ha reanudado las obras de la treintena de promociones que quedaron paralizadas con su entrada en concurso. Dado que se trata de tres sociedades, los acreedores han presentado tres demandas, aunque todo hace indicar que se unificarán en una sola, como sucedió en el concurso de acreedores.
Ahora, según ha podido confirmar Alicante Plaza, uno de los antiguos administradores concursales de la firma ha presentado un escrito en el juzgado de lo Mercantil en el que denuncia el impago del crédito contra la masa por el concepto de honorarios de administración concursal. El juez ha dado traslado de ese escrito a la concursada para que formule alegaciones sobre el particular, según fuentes próximas al proceso, pero también ha hecho saber al interesado que puede promover una demanda para solicitar la liquidación anticipada de la firma, tal como prevé el artículo 142.2 de la Ley Concursal.
Otro tanto ha sucedido con la Seguridad Social. Su representante en el concurso ha comunicado al juez el impago de créditos contra la masa por cuotas pendientes que, según se estableció en el convenio aprobado por la mayoría de los acreedores, ya deberían haberse satisfecho (cabe recordar que hace siete años que se aprobó el convenio, por lo que los pagos deberían haber comenzado hace cinco, tras los dos iniciales de carencia). La respuesta del juez, según las mismas fuentes, ha sido idéntica a la del antiguo administrador concursal. Por el momento, ni el citado administrador ni la TGSS han adoptado ninguna medida al respecto.
Los que sí han decidido dar un paso más son los pequeños acreedores de la Marina Alta, que tal como adelantó este diario ya han presentado (a principios de abril) las solicitudes de incumplimiento del convenio, a las que se ha adherido el fondo de capital riesgo Aiqon Capital, que 'heredó' el crédito de Catalunya Caixa al adquirir a la entidad financiera un paquete de fallidos en 2014, y a la que según las fuentes consultadas está valorando adherirse el Banco Santander. Ambas entidades, de forma individual, habían presentado también escritos comunicando al juez el impago en los plazos acordados y solicitando que requiera a la concursada para su cumplimiento.
Los acreedores pretenden que el juez señale una vista en la que se aborde por qué la promotora valenciana está incumpliendo el plan de pagos, que podría desembocar en la liquidación anticipada si se concluye que la firma no puede hacer frente al calendario establecido.
