Santander se adelanta a Alicante y pone en marcha su propia zona franca en el puerto

ALICANTE. Uno de los grandes proyectos de futuro de la provincia de Alicante era la creación de una zona franca en el puerto de la capital: un polígono libre de gravámenes a la importación bajo determinadas condiciones que atrajese grandes empresas e impulsase el sector industrial. La zona franca comenzó a gestarse a finales de 2015, impulsada por Ineca y la Diputación de Alicante, y logró el respaldo expreso del Gobierno central. Pero las elecciones de diciembre y la entrada en funciones del Ejecutivo, que no se ha resuelto hasta este lunes, paralizó el proyecto.

En estos meses, el puerto de Santander ha tomado la delantera y su propia zona franca es ya una realidad, tras la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda del Reglamento de Régimen Interior de estas instalaciones. De esta forma, la capital cántabra se suma a las otras cinco zonas francas que ya operaban en España, mientras el proyecto de Alicante duerme el sueño de los justos. Los puertos españoles con este tipo de polígonos libres de impuestos, así, son ahora Tenerife, Gran Canaria, Vigo, Barcelona, Cádiz y Santander. El proyecto alicantino sigue teniendo a su favor la escasa presencia de zonas francas en el litoral mediterráneo (solo la catalana), pero con el paso del tiempo las ventajas competitivas se diluyen, ante el aumento de la oferta.

El bloqueo institucional recién superado ha impedido tramitar el proyecto

Fuentes consultadas por Alicante Plaza explican que la zona franca de Santander comenzó a gestarse antes de que el Ejecutivo entrase en funciones por las elecciones de diciembre. De esta forma, no se trata de un agravio comparativo, sino de una mayor anticipación de las autoridades cántabras. Es más, en Santander ya existía un "depósito franco" desde principios del siglo XX, que ahora se ha visto ampliado con la concesión de esta zona en la que pueden instalarse empresas para terminar sus productos. El consorcio de la Zona Franca de Santander, en el que está representado el Ministerio de Hacienda, ya ha solicitado a la Autoridad Portuaria ocupar 150.000 metros cuadrados que se han quedado sin ocupar en la terminal, al margen de los 40.000 metros sobre los que operaba el antiguo depósito.

El autor del informe de Ineca sobre la zona franca de Alicante, Joaquín Melgarejo, admite en declaraciones a este periódico que, cuando comenzó a gestarse el proyecto alicantino, desconocían que Santander estuviese tramitando su propia zona franca. "Nosotros nos fijamos en las zonas francas que funcionan, como la de Cádiz, y también en las que fracasaron, como la que se intentó en Paterna, para elaborar nuestro proyecto, pero no teníamos ni idea de que Santander estaba impulsando la suya". 

La zona franca cántabra se autorizó en marzo de 2016 y se anunció el 7 de abril, pendiente aún de la constitución del consorcio que la gestiona, cuya composición y estatutos se aprobaron en mayo. Con el reglamento que acaba de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aprobado por una disposición de la directora del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Pilar Jurado, la Zona Franca de Santander puede comenzar a recibir empresas. No obstante, los trámites se venían desarrollando desde muchos meses atrás, antes de que el Gobierno entrase en funciones, por lo que el camino estaba despejado antes de los comicios.

Creación de 15.000 empleos

Las empresas que se instalen en la zona franca cántabra pueden dedicarse al almacenaje, transformación y distribución de mercancías procedentes de la importación o destinadas a la exportación. Si el producto importado no se comercializa directamente, sino que se transforma antes, se evita el pago de los impuestos a la importación y se evitan posibles restricciones o 'cupos'. Asimismo, si el producto final se destina a la Unión Europea, no hay obligación de liquidar el IVA. Unas condiciones que resultan atractivas para muchas empresas destinadas al comercio internacional y que busca promover su implantación en la zona, con la consiguiente creación de empleo en la ciudad.

El Ministerio de Hacienda autoriza la entrada de todo tipo de mercancías, sea cual sea su origen, naturaleza o cantidad (siempre que sean lícitas y respeten la legislación comunitaria, obviamente). El consorcio de la Zona Franca autoriza la instalación de empresas, gestiona económicamente el espacio y controla que éstas cumplan la normativa. El control aduanero lo sigue realizando la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Rajoy se comprometió en la campaña de diciembre a impulsar la zona franca si era reelegido

El presidente de Ineca, Perfecto Palacio, y el de la Diputación de Alicante, César Sánchez, presentaron el proyecto de la zona franca alicantina en el auditorio de la EUIPO el pasado 19 de noviembre. En dicho informe, Ineca estimó en 15.000 empleos el impacto inmediato del proyecto, que podría llegar hasta los 84.000 contratos directos e indirectos en una década. Asimismo, la recaudación se incrementaría en unos 300 millones de euros. El proyecto recabó el apoyo expreso del presidente de la EUIPO, Antonio Campinos, y del ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. La zona franca se extendería a determinadas parcelas del Puerto de Alicante y a Elche Parque Empresarial, y quizá también al polígono de Bacarot, por su proximidad al citado eje industrial.

A pesar de que los más de 300 días de bloqueo institucional han obligado a aparcar el proyecto, el recién nombrado presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió expresamente a impulsar la zona franca si resultaba reelegido en la campaña electoral de diciembre. Incluso la carta que el PP remitió a los domicilios alicantinos para pedir el voto incluía por escrito dicho compromiso expreso. En la campaña de junio, cuando se repitieron las elecciones, ya no se volvió a mencionar.