Ramírez se niega a pagar los gastos de notaría y no firma con el IVF

ALICANTE. Sainete en notaría. Juan Carlos Ramírez se ha negado este miércoles a firmar el traspaso del 15,07% de las acciones del Hércules y del derecho de crédito de 15,4 millones de euros que mantiene el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) contra la Fundación del Hércules.

El empresario, en su calidad de administrador único de Kuntajara SLU, y el banco del Consell estaban citados a las once de la mañana en la notaría Corbí-Piquer de València para formalizar el traspaso de los citados activos, algo que finalmente no se ha producido al oponerse Ramírez a desembolsar los gastos de la operación, concretamente los de notaría e impuestos (unos 100.000 euros en total), algo que se contemplaba en el punto 14 de los 15 con que contaban las bases de la subasta convocada el pasado 29 de agosto: "Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos e impuestos que pudieran estar pendientes, así como todos los gastos y honorarios notariales correspondientes al otorgamiento de la escritura pública de venta".

Según la versión del IVF, Ramírez ha dicho desconocer dicha obligación, optando por levantarse de la mesa y, todo y las explicaciones de los representantes del banco del Consell, marcharse de la notaría "amenazando incluso con convocar una rueda de prensa este jueves y dimitir" de su cargo de presidente del Hércules. Al parecer, el empresario vasco sí portaba el cheque bancario por importe de 482.739,24 euros (la cantidad que restaba para completar (ya hizo un depósito de 25.000 euros) el importe de su oferta (la única que se presentó), pero desembolsar también los citados 100.000 euros no estaba dentro de su cálculos.

El lote, por tanto, queda sin adjudicarse.

Indignación en el IVF

La postura de Ramírez ha generado una gran indignación en el banco del Consell: "Llevamos seis meses con este procedimiento; conocía perfectamente las bases de la subasta y que esos gastos son por cuenta del adjudicatario (...) el no exigírselos podría ser constitutivo de un delito de prevaricación", señalaba a Alicante Plaza una fuente autorizada del IVF.