Edificio de vivienda pública en Pilar de la Horadada. Foto: APALICANTE. Pilar de la Horadada es el tercer municipio de toda la Comunitat Valenciana con mayor tasa de necesidad de vivienda pública. Así lo plasma el Informe sobre Áreas de Necesidad de Vivienda (ANHA) -presentado ayer. Esta investigación la ha elaborado el Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana, en coordinación con la Dirección General de Vivienda, la Dirección General de Emergencia Habitacional y el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE). En la Vega Baja, seis municipios cuentan con un nivel alto de necesidad de vivienda pública, otros seis con un nivel medio y nueve con nivel bajo. Este estudio tiene como objetivo identificar, de mayor a menor, en qué municipios es prioritario implementar medidas que "contribuyan a garantizar el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada".
Por delante de Pilar de la Horadada se sitúan dos municipios también de la provincia de Alicante. Tollos y Aspe. Para elaborar esta categorización se ha tenido en cuenta el número de viviendas totales en cada municipio, la oferta actual de vivienda pública y el número de solicitudes o demanda para acceder a ellas. En el caso de Pilar de la Horadada, el municipio suma 8.375 hogares. Cuenta con una oferta de 15 viviendas públicas y 418 solicitudes. Esto le sitúa con un índice de demanda de 4,62% como tercer municipio de toda la Comunitat que requiere medidas urgentes.
En cuanto al resto de municipios de la Vega Baja le sigue Torrevieja con una oferta de 13 viviendas públicas y 773 demandantes, Almoradí con seis viviendas y 141 solicitudes y San Miguel de Salinas, con dos y 56, respectivamente. Hace unas semanas el director general de la EVHa, Alberto Aznar, se reunió con el edil de Vivienda del Ayuntamiento de Almoradí en la que actualizaron las obras acometidas y previstas. Una de ellas es la rehabilitación de elementos comunes y urbanización de los espacios libres en el grupo de 50 viviendas llamado Asunción Cruañes, con una inversión de 659.450 euros. Esta inversión es para la reparación de los graves daños sufridos por las inundaciones de septiembre de 2019. Desde julio de 2015, señala la Conselleria, se ha invertido un millón de euros para mejorar el parque público de la localidad. También han reparado nueve viviendas con una inversión de 178.000 euros y 171.000 para las reclamaciones en viviendas y elementos comunes. Los últimos cinco años se ha adjudicado con carácter de alquiler social 14 viviendas públicas a familias en riesgo de exclusión.
Cierra el grupo de municipios con urgencia habitacional alta, Callosa del Segura y Benejúzar. En éste último hay registradas 20 solicitudes y cuenta con una oferta de tres viviendas públicas. En el caso de Callosa de Segura, las solicitudes ascienden a 94 y el parque público cuenta con tres en la actualidad. La intención de la Conselleria es comprar 22 viviendas al SAREB de un mismo bloque para incluirlas en el parque de viviendas públicas de la localidad.
En el bloque de municipios con urgencia media de viviendas públicas se encuentra Rojales, Orihuela, Formentera del Segura, Redován y Albatera. El primero de estos municipios cuenta con la oferta de dos viviendas públicas entre los 8.645 hogares y suma 47 demandantes. En el caso de Orihuela, los datos del informe desvelan que hay 162 solicitudes ante 18 viviendas públicas disponible. En lo próximos meses la oferta se ampliará con cinco viviendas más, según trasladó el director general de la EVHA al edil de Patrimonio y la edil de Bienestar Social en el Ayuntamietno de Orihuela el mes pasado en un encuentro en el consistorio. La Conselleria adjudicó el mes pasado 39 viviendas públicas en toda la Comunitat, tres de ellas corresponden a Orihuela. Formentera, Dolores y Redován no cuentan con oferta de ninguna vivienda social, mientras que tienen registradas seis, siete, seis y nueve solicitudes, respectivamente.
Los municipios cuyo índice de demanda ante la necesidad de vivienda es bajo son: Guardamar, Los Montesinos, Benferri, Algorfa, Cox, Catral, Rafal, Bigastro y San Fulgencio. Ninguno de estos municipios, salvo Cox con una, cuenta con al menos una vivienda social disponible. Les sitúa con baja emergencia al contar con un registro de demandantes bajo. Guardamar con 13 es el municipio, en este contexto, con el mayor número de solicitudes.
Los seis municipios restantes que completan la comarca de la Vega Baja no están incluidos en el informe, Daya Nueva, Daya Vieja, Benijófar, Jacarailla y Granja de Rocamora por no tener ni oferta de vivienda autonómica ni tienen registrados demandantes. Y San Isidro aparece como municipio catalagodo como "sin necesidad contrastada". Eso significa que o bien tiene más oferta que demanda o es igual. En ese caso cuenta con tres viviendas sociales y el registro de una solicitud.
En la actualidad, el parque público de la Generalitat asciende a 12.514 viviendas y por adjudicar quedan 844, algunas de ellas porque están en proceso de rehabilitación y adecuación. Sin embargo las solicitudes son mucho mayores. Del informe se desprende que hay un total de 12.572 en la lista de espera de demandantes de vivienda registrados en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHa) y 18.268 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda de la Generalitat. Eso supone un défitic total de 29.996 viviendas públicas en toda la Comunitat.
