ALICANTE. Los días, semanas, meses han ido pasando desde que el 4 de julio la Comisión Europea hiciera pública la resolución por la que declaraba ilegales las ayudas concedidas en 2010 al Hércules CF y el Elche CF (los tristemente famosos por su impago avales a sus respectivas fundaciones) por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
Bruselas obliga a la devolución de 6,9 millones en el caso de los blanquiazules y de 4,1 en el de los franjiverdes, finalizando el próximo 5 de noviembre el plazo para ello y la realidad es que ninguno de los clubes ha consignado un solo euro. Durante un tiempo algunos de los implicados creyeron que lo anterior era algo secundario ("qué va a decir Bruselas, pues que paguemos" se ha llegado a oír en algún despacho) y que la citada resolución se iba a recurrir sí o sí (por cierto el plazo para hacerlo vence estos días sin que ni el uno ni el otro hayan interpuesto su recurso). Craso error: en 2010 y con el español Joaquín Almunia como Comisario de la Competencia (hoy su puesto lo ocupa la danesa Margrethe Vestager) se le clarificó precisamente todo este procedimiento a los estados miembros (España ha demostrado que lo tiene bastante más claro que nuestros clubes) por medio de un documento titulado "Aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales" que como su nombre indica, partiendo de la legislación y jurisprudencia comunitaria, deja meridianamente claro que las decisiones de recuperación de ayudas de estado declaradas ilegales son ejecutivas y solo cabe cumplirlas (pagar) por el sujeto "condenado", con independencia de que se recurran ante la justicia comunitaria y que esta posteriormente anule o no la decisión (el recurso no implica la suspensión cautelar de la obligación; para que eso ocurra se ha de solicitar de manera paralela pero rara vez se estima esta petición en este tipo de casos). Desde entonces (y antes) podemos encontrar en toda la Unión Europea ejemplos de empresas que han terminado en liquidación, ante el incumplimiento de la obligación de devolver la ayuda percibida en su momento y declarada ilegal por la Comisión (o su incapacidad para cumplirla).
Foto: Comisión Europea
La necesidad de consignar el dinero con independencia de que se recurra la ha ilustrado muy bien estos días el Valencia CF que encontrándose en la misma situación que Hércules y Elche anunciaba que no solo interpone su recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sino que paralelamente consiga los 23 millones de euros que en su caso se le obliga a devolver. Esa es la única forma que Bruselas entiende que se pone fin a la posición de ventaja de la que las empresas, en este caso Sociedades Anónimas Deportivas, han disfrutado en el mercado comunitario contraviniendo tratados y demás legislación comunitaria.
La Comisión le recordó a finales de julio al Gobierno Central y al Consell que habían de llegar "hasta las últimas consecuencias" para recuperar el dinero que se reclama si al vencimiento del plazo no había sido consignado por los clubes. Lo anterior se le hizo llegar días después por el banco del Consell a Hércules y Elche (también al Valencia) junto al expediente pero es que, además, este mes el IVF mediante resolución de su director general, Manuel Illueca le ha reiterado nuevamente a los clubes la perentoria necesidad de depositar el dinero a día 5 de noviembre como tarde.
Una vez se cumpla el plazo, Bruselas reclamará a España (y este al Consell) que acredite si el dinero se ha recuperado. De no ser así, instará a que pongan en marcha todos los mecanismos legales para hacerlo (se incurrirá en responsabilidad si no se hace), es decir, que para que los clubes respondan con su bienes y derechos de la deuda y con independencia de que lo anterior termine suponiendo su liquidación (ya en su momento Almunia dejó entrever esta posibilidad).
Mientras en el Hércules guardan riguroso silencio al respecto (si bien Manuel Illueca dejó claro a Alicante Plaza el pasado mes de septiembre que representantes del club le había manifestado a él y al propio Ayuntamiento de Alicante que no podían pagar), el presidente del Elche, Diego García aseguraba días atrás que de ser necesario (sostiene que se trata de un crédito concursal que quedaría sujeto a una quita y espera, algo que puede ser con una legislación española en la mano que se convierte en "papel mojado" al lado de la comunitaria) los 4,1 millones serían aportados por el consejo, vía ampliación de capital. Una maniobra accionarial o "solución" que a su vez está condicionada por el recurso que mantiene suspendida la subasta notarial del paquete mayoritario de las acciones del club y es que, tal y como destacaba este jueves a Alicante Plaza el portavoz de Regeneración Elche, Joaquín Torres de llevarse a efecto esta ampliación la operación podría volverse en contra de los intereses económicos del propio consejo o de Skyline International una vez la Justicia se pronuncie sobre el citado recurso en un sentido u otro.
Foto: Comisión Europea
